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Era una ley tan necesaria como justa: la necesidad de articular una especie de ley concursal tanto para las familias como para los autónomos que les permitiesen resarcirse por las deudas contraídas en caso de insolvencia, más conocida como la ley de la segunda oportunidad. Y por fin ha llegado, aunque tarde y cojeando de un pie. En concreto, del pie público.

La nueva Ley de Segunda Oportunidad permite liquidar los bienes del deudor para saldar las deudas y aplicar quitas sobre el resto mediante la dación en pago. Sin embargo, esta posibilidad solo se aplica a las deudas privadas; en ningún caso se eliminarán las deudas contraídas ni con la Hacienda ni con la Seguridad Social.

Si al principio uno de los mayores quebraderos de una empresa es vender, cuando ya lo ha hecho, la incertidumbre pasa a ser cuándo se cobrará el servicio o el producto vendido.

Reducir a cero el riesgo de impago es imposible a no ser que se cobre por adelantado y eso, hoy por hoy , es una entelequia.

En un contexto económico como el actual, muchas son las familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis en forma de pérdidas de empleo o, lo que es más grave, en forma de pérdida de sus viviendas. Un hecho lamentable que, además, deja con una deuda casi de por vida a las personas que lo sufren.

Están que lo tiran. No me extraña que en Bruselas nos van a poner bajo vigilancia, y es que Hacienda ha decidido condonar las deudas inferiores a tres euros.

En la Resolución conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 13 de mayo de 2014, indica que se van a dar de baja todas las liquidaciones practicadas y pendientes de recaudar por un importe inferior a 3 euros.

Tras el fracaso en la captación de autónomos y pymes para que se acogieran al IVA de caja, el Gobierno parece haberse anotado otro tanto en relación a otra de las medidas incluidas en la Ley de Emprendedores aprobada el pasado año ya que según el Colegio de Registradores sólo 25 autónomos en toda España se han acogido a la figura del autónomo de responsabilidad limitada.

Recordemos que esta medida suponía la exclusión de la vivienda habitual del autónomo como bien embargable en caso de deudas procedentes de su actividad, por lo que se vendía como una medida positiva, sin embargo los requerimientos asociados a esta figura y el escaso alcande de la limitación de la responsabilidad han hecho que el alcance de la misma sea menos que insignificante.

El engorroso tema de las deudas con Hacienda es algo que preocupa sobremanera a cualquier contribuyente. Y la preocupación puede ser aún mayor cuando se conoce el procedimiento que debe seguir una deuda para que se considere saldada. Todo el mundo sabe que un impuesto sin pagar da lugar al inicio de acciones de cobro por parte de la Agencia Tributaria. Acciones que finalizan normalmente en el embargo de cuentas bancarias.

Normalmente respiramos aliviados una vez que hemos pagado, pues nos consideramos a salvo del brazo ejecutivo de la administración. Pero, lo que a veces se desconoce, es que la deuda no desaparece de manera instantánea al hacer el ingreso. El procedimiento sigue avanzando mientras Hacienda no recibe la comunicación del ingreso por la entidad bancaria.

Una de las dudas que se están planteando a los contribuyentes que están planteándose acogerse al IVA de caja es lo que ocurre con las facturas pendientes de cobro si se produce un cese de actividad. El criterio establece que el IVA se declara en el momento en que se realiza el cobro, si llegado el momento en que se produzca un cese de actividad ¿qué pasa con el IVA de las facturas que no se hayan cobrado en ese momento?

La normativa no establece en ningún caso que sea obligatorio declarar las facturas pendientes de cobro previamente a proceder a la baja, es decir no deberíamos liquidar el IVA de esas facturas al cesar la actividad. Esas facturas quedarán pendientes de declarar hasta el momento en que se cobren.

El pasado Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley en materia de refinanciación y restructuración de deudas para garantizar la supervivencia de empresas rentables pero con un endeudamiento excesivo. Varias de estas medidas modifican la legislación concursal, en aras de diseñar un sistema ordenado y equilibrado de acuerdos con los acreedores dar más variedad de fórmulas de refinanciación.

Se abre la posibilidad de alcanzar acuerdos de refinanciación con uno o más acreedores, siempre que mejoren la posición patrimonial del deudor y sin necesidad de contar con mayorías de pasivo. Estos acuerdos sólo son rescindibles por el juez a instancia de la administración concursal, si entiende que no concurren los requisitos expuestos. Abriéndose esta posibilidad, se establece la presunción de culpabilidad del concurso si el deudor se hubiese negado a ello sin causa razonable.

Con el paso de los días se van conociendo más detalles sobre el funcionamiento de la nueva tarifa reducida de la Seguridad Social para las nuevas contrataciones. Un nuevo aspecto a considerar es que la aplicación de la reducción de la cuota es incompatible con los aplazamientos de deudas.

La norma indica que para tener derecho a esta reducción es imprescindible no tener deudas ni con la Seguridad Social ni con Hacienda, pero la obligación de estar al corriente ha de mantenerse durante el tiempo que dure dicha reducción.

El 11 de Febrero de 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba a través de su página web las estadísticas correspondientes a la constitución de nuevas sociedades en España. En Diciembre se crearon 6.986 nuevas sociedades, un número que supone un aumento de un 10,9% con respecto al mismo mes de 2012.

A priori, este aumento es una buena noticia de no ser porque la capitalización de las nuevas empresas constituidas es cada vez menor. No en vano, el capital suscrito para la constitución de estas nuevas sociedades supera los 416 millones de euros, lo que supone un descenso del 33,1%, mientras que el capital medio suscrito desciende casi un 40% (39,7%) en tasa interanual.