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Estamos en pleno período estival, y esto es sinónimo de vacaciones. Durante los meses de julio y agosto, son muchas las empresas que se quedan vacías y muchos los trabajadores que harán sus maletas para desconectar temporalmente de sus respectivos trabajos, descansar y volver con las pilas totalmente cargadas.

Sin embargo, en los últimos años, y como consecuencia de la proliferación de las nuevas tecnologías, la desconexión se está volviendo una misión casi imposible. Según la última encuesta sobre condiciones laborales en Europa, el 22% de los trabajadores asalariados asegura que ha tenido que trabajar varias veces en el último mes durante su tiempo libre para atender necesidades laborales, un porcentaje que, en el caso de España, se reduce al 19%.

Por mucho que intentemos no responder a un correo del trabajo, lo cierto es que, en la mayoría de ocasiones, la tentación es irresistible. Este problema ha llegado incluso a ser debatido por los principales grupos políticos en el parlamento, aunque sin mucho éxito.

Por esta razón, son muchas las empresas que están comenzando a proteger a sus trabajadores frente a una necesidad cada vez más acuciante. La pionera ha sido AXA, uno de los mayores grupos aseguradores en España, que tiene reconocido por convenio el derecho a desconectar del teléfono móvil fuera del horario laboral.

Se trata de la primera gran empresa que opera en España en acordar con sus sindicatos el derecho a no responder a los correos electrónicos o mensajes profesionales más allá de su jornada, salvo por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales que, en cualquier caso, deberán ser justificadas convenientemente.

Sin embargo, no podemos lanzar las campanas al vuelo, pues el caso de AXA es bastante particular. El hecho de que la matriz de la aseguradora se encuentre en Francia ha favorecido las negociaciones, pues, desde enero,** las empresas francesas están obligadas a tomar medidas para preservar la relación entre vida laboral y familiar**. En España aún estamos a años luz de que este tipo de medidas se pongan en marcha, pero cabe esperar que el ejemplo de Axa suponga un buen punto de partida para todas las empresas.

En Pymes y Autónomos | Regular los horarios de desconexión no es imponer el silencio digital a partir de una hora

Imagen | caio_triana

La ley de Dependencia existe pero llegar no llega, al menos a todos los enfermos que la necesitan. El escenario habitual en España es que los hijos se hagan cargo de los padres con cualquier tipo de enfermedad. Eso conlleva además de estrés, tiempo que se deja de cotizar o de trabajar.

Un cuidador de una persona con una demencia ha de estar disponible las 24 horas los 365 días del año. La parte emocional que une al hijo con el padre o la madre queda satisfecha por la labor cumplida pero la realidad es que las facturas se han de pagar y ese paréntesis en lo laboral no está reconocido. Mientras que una mujer embarazada percibe ayudas, una mujer que cuida de un familiar no tiene muchos derechos.

La aseguradora AXA es una de las primeras empresas en España que incluye en su convenido colectivo el derecho a la desconexión digital de los trabajadores y su derecho a apagar el móvil fuera del horario laboral. De esta forma se evita tener que responder correos, mensajes o llamadas fuera de hora laboral.

Esto es importante también en el caso de los trabajadores o aquellos empleados que apuestan por el trabajo flexible. Trabajar desde casa no significa que se tenga que tener el teléfono conectado siempre. Hay unos horarios de conexión y otros en los que necesariamente el teléfono tiene que estar apagado.

Desde hace un tiempo, grandes urbes de España han sido noticia por su abierto rechazo al turismo. Ciudades donde a nivel económico supone una buena parte de sus ganancias durante todo el año. ¿Cómo es posible que alguien reniegue de una fuente de ingresos? ¿El turismo masivo tiene más inconvenientes que ventajas?

Lugares como Benidorm en Alicante, llevan décadas conviviendo y creando una filosofía alrededor del turista que les ha convertido en un lugar hecho a la medida del visitante. Todos los ciudadanos de una u otra manera se benefician de su estancia.

Ni la tarifa planas de autónomos, ni los incentivos para deducirse el IVA, ni la Ley de Morosidad, ni el plan de pago a proveedores, ni las aplazamientos de cuotas ni tantas y tantas medidas y promesas políticas han evitado que uno de los colectivos más castigados en España, que no es otro que el de los trabajadores autónomos, hayan conseguido salir de la difícil situación que atraviesan.

No en vano, y según un estudio que realiza la Comisión Europea anualmente sobre Empleo y Seguridad Social (ESDE), el 35% de los autónomos de entre 25 y 39 años está en riesgo de pobreza, entendiendo como tal el umbral de ingresos que se sitúan por debajo del 60% de la mediana de la renta media anual dentro de la distribución de ingresos, en torno a 11.500 euros al año.

Esta es la segunda tasa más elevada de toda la Unión Europea, tan solo por detrás de Rumanía. De hecho, es un 45% más que la media de la UE y bastante por detrás que otros países como República Checa, Irlanda o Chipre, donde el riesgo de pobreza no llega ni al 10%.

La Comisión Europea apunta a los falsos autónomos como la principal causa del problema, un colectivo que tiene más incidencia entre los jóvenes. De hecho, si nos ceñimos únicamente a los autónomos mayores de 40 años, el riesgo de pobreza se sitúa en línea con el resto de la Unión Europea, en torno al 22%.

Durante la crisis, este modelo de contratación ha proliferado en algunos países, entre los cuales España se encuentra entre las primeras posiciones. No es que su emprendimiento sea peor; es que la mayoría de ellos no son exactamente autónomos económicamente dependientes (los famosos TRADE), sino una modalidad de contratación que vulnera la ley.

No hay otro país de la UE en el que se produzca tal divergencia, lo que significa que existen factores ajenos al mero emprendimiento que explican esta situación, como la mencionada existencia de falsos autónomos. En estas circunstancias, el fomento del emprendimiento no funciona ni funcionará nunca.

Imagen | voltamax

Hace unos días unos trabajadores salían a la calle a reclamar sus derechos. Nos referimos a estos nuevos empleados, conocidos también como riders, que prestan sus servicios en plataformas y portales digitales.

¿Su petición? Lograr una mejora salarial y alcanzar las 20 horas semanales. O por resumir: conseguir una dignidad como cualquier otro trabajador. Los perfiles de estos trabajadores son diversos: algunos colaboran para cumplimentar un salario, pero en su mayoría lo hacen como única fuente de ingresos.

Cuando estamos en momentos de crisis económica el bien más preciado es tener trabajo. Asegurar unos ingresos. A medida que la situación va mejorando se empiezan a valorar otros aspectos del empleo, como la conciliación, un buen ambiente de trabajo o un empleo que nos haga crecer profesionalmente. Por eso aumenta el número de empleados que desean reducción de jornada, con su correspondiente merma de salario.

Según una reciente estudio de Randstad el número de empleados que desean esta reducción ha aumentado un 11,6% respecto al último año, ent total 658.200 trabajadores. Echando un vistazo a la serie histórica, todavía quedan lejos las cifras de 2007, cuando se alcanzó el número más elevado de ocupados que deseaban trabajar menos horas, con más de 1,5 millones de empleados.

El pasado 28 de junio, el Instituto Nacional de Estadística publicaba la Encuesta de Estructura Salarial de cada año, donde conocimos la ganancia media por trabajador correspondiente a 2015. Ese año, la retribución media de los asalariados españoles había sido de 23.106 euros brutos al año, un 1,10% por encima del sueldo medio del año anterior.

Sin embargo, aunque normalmente la encuesta del INE se toma como referencia, deja fuera algunos aspectos cuya inclusión elevaría de forma bastante notable la retribución media del conjunto de empleados, y que son atribuibles directamente a cada asalariado. Este es el caso de las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa.

Ayer Ciudadanos anunció un acuerdo con el Gobierno por el cual aquellas rentas inferiores a 14.000 euros estarán exentas del pago de IRPF y aquellas que están entre 14.000 y 17.000 tendrán una rebaja significativa aún sin concretar. Se ha vendido como una bajada de impuestos para los mileuristas, ¿pero cómo les afectará esta rebaja del IRPF en 2018?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de cantidades brutas, es decir, 14000 euros anuales. Si tenemos un salario neto de 1.000 euros mensuales, repartidos en catorce pagas, nuestro bruto anual puede rondar alrededor de los 18.000 euros, por lo que podemos despedirnos de cualquier rebaja de IRPF.

Después de varios meses de debate parlamentario y aprobación de enmiendas, parece que la Ley de Autónomos por fin va viendo la luz. De hecho, todo hace indicar que julio será el mes definitivo de su aprobación, aunque la entrada en vigor será progresiva a lo largo de los meses siguientes.

Pero, además, ya sabemos el coste que la Ley de Autónomos tendrá para el contribuyente: 1.000 millones de euros, al menos según los cálculos de Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos.

Más de la mitad del impacto de esta nueva ley provendrá de la extensión de la tarifa plana de 50 euros, que pasará de seis meses a un año para los nuevos autónomos o para aquellos que lleven dos años sin actividad.

De hecho, esta partida, que hasta ahora había estado financiada por la Seguridad Social, pasará a ser cubierta directamente por los Presupuestos Generales del Estado, lo que implicará un coste para las arcas públicas de entre 600 y 700 millones de euros para los nuevos Presupuestos de 2018.

A esta medida habrá que sumarle otras deducciones y partidas que también pasarán a ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado, como la deducción de los costes de manutención o los costes de suministro para aquellos que trabajen desde casa, que tendrá un coste de unos 300 millones de euros para el erario público.

En líneas generales, la mayor parte de este coste vendrá por la parte de ingresos, y no tanto por la del gasto público, afectando de forma negativa a la recaudación del estado y teniendo consecuencias negativas sobre otras medidas que se están debatiendo, como la reducción en el IRPF.

En Pymes y Autónomos | La ley de autónomos dejará fuera una de las mayores reclamaciones: la cotización por los ingresos reales

Imagen | Alexas_Fotos