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Hace dos semanas, el Gobierno de Francia, personalizado en su presidente Emmanuel Macron, anunciaba una integración del equivalente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el Régimen General en el plazo de dos años, una decisión que coincidía con el arranque de una subcomisión para la reforma del RETA en el Congreso de los Diputados.

El objetivo de esta reforma es equiparar los derechos de los trabajadores asalariados con el de los trabajadores autónomos, una situación que, en nuestro país, sigue siendo motivo de preocupación entre las diversas asociaciones que integran a este colectivo. De hecho, buena parte de esta medida ha sido bien vista por algunas de ellas que, como UATAE, creen que no tiene sentido que existan las diferencias de derechos entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia.

No hay que olvidar que, por ejemplo, la pensión de jubilación media de los trabajadores autónomos es casi un 40% menos que el de los asalariados, que las condiciones para acceder al cese de actividad y su cuantía están lejos de parecerse mínimamente a la prestación por desempleo y que, como bien reza el dicho, los autónomos son superhombres porque nunca se ponen enfermos (o más bien, no pueden ponerse enfermos).

Sin embargo, existe la sensación de que los autónomos pagan más cotizaciones sociales que los trabajadores asalariados, algo que no es del todo cierto si nos atenemos a los números. La existencia de una base mínima de cotización que, muchas veces, está alejada con sus ingresos reales, hace que el abono de su cuota ahogue a muchos trabajadores autónomos, lo cual no sucede en el caso de los asalariados porque esta obligación la asume directamente el empresario.

Incluso los propios trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), que cuentan con unos derechos específicos comparados con el resto del colectivo y más cercanos a los trabajadores asalariados se ha puesto numerosas veces en entredicho, especialmente por la existencia de falsos autónomos que provocan una falsa sensación de existencia de más autónomos que los que realmente existen.

La propia secretaria general de UATAE, María José Landaburu, considera que la separación normativa entre autónomos y asalariados ha sido la causa de que “la lata legislativa” del RETA haya tardado en abrirse una década. De hecho, según ella, el Régimen General, para bien o para mal, ha ido ajustándose en repetidas ocasiones. Sin embargo, parece que el RETA es algo ajeno a la realidad laboral de este país y nunca se toca, pero somos 3,2 millones de trabajadores y el auténtico motor económico para España.

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Saber cuándo va a entrar en vigor la ley de autónomos debería ser una de las jugadas más concurridas en las casas de apuestas de España. De hecho, la aprobación de esta ley se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de este colectivo y, aunque hay algunas medidas que no se pondrán en marcha hasta enero, cabe pensar que, debido a los diversos retrasos de la aprobación parlamentaria, el proceso podría dilatarse aún más.

Y es que esta ley, incluso antes de su aprobación, nace bastante alejada de las pretensiones de los trabajadores autónomos. Se han dejado fuera muchas demandas de este colectivo, como la cotización por los ingresos reales en el RETA o la regularización del trabajador autónomo económicamente dependiente, más conocido como TRADE.

Esta es, precisamente, la última petición de UATAE al Senado, que ha solicitado una enmienda en la ley de autónomos dirigida a regularizar la figura de los autónomos TRADE, muchos de los cuales no están reconocidos a día de hoy, con el objetivo de garantizar sus derechos. En un comunicado, esta asociación de autónomos ha pedido la incorporación de esta enmienda, la cual ya ha sido llevada ante la Cámara Alta por dos senadores del Grupo Mixto, ambos de Compromís.

El objetivo es que se reconozca a la totalidad de trabajadores que realmente ejercen como TRADE. Hay que recordar que las condiciones de estos trabajadores son diferentes al resto de trabajadores autónomos, siendo equiparables a las de un trabajador asalariado, como 18 días de vacaciones, mejor prestación por desempleo y la posibilidad de participar en la negociación colectiva de la empresa.

Sin embargo, tan solo están reconocidos como tales 10.000 autónomos cuando, y según la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, representa no más de un 10% de los que realmente existen.

En Pymes y Autónomos | ¿Pago más impuestos de Trade o con nómina?

ZGAT (Zona de Gran Afluencia Turística) las siglas que ponen en jaque a las Administraciones Locales. Por un lado, las grades superficies están encantadas con poder abrir cuantos más días mejor si así lo dicta la ley, y por otro está el pequeño comercio en seria desventaja.

La calificación de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) afecta a a ciudades con más de 600.000 pernoctaciones anuales y que permite la apertura de los establecimientos comerciales 16 domingos al año.

Ayer el consejo de Ministros aprobó el plan de apoyo a la competitividad del comercio minorista 2017. Se trata de dar apoyo a un sector muy importante para nuestra economía y que ha venido sufriendo por efectos de la crisis, pero también la competencia desde Internet de nuevos gigantes que afectan a sus ventas.

El plan de apoyo a la competitividad del comercio minorista ayudará a la necesaria renovación del sector, a la adaptación al mercado digital y a facilitar el relevo generacional. Se busca combinar la estrategia de ventas tradicional e impulsar a la vez la venta online.

La ley de autónomos se está haciendo de rogar. Sin todavía fecha definitiva de entrada en vigor, y después de que algunas asociaciones de autónomos como UPTA propusiese en el Senado algunas enmiendas cuya aprobación definitiva dependerá del Congreso, toca esperar a la fecha de publicación definitiva en el BOE, un día después de la cual entrarán en vigor la mayoría de medidas.

Sin embargo, para algunas de ellas, todavía habrá que esperar hasta 2018. En el texto remitido por el Congreso al Senado con la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo se especifica, en su disposición final duodécima, las tres medidas que no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2018, algunas de las cuales son bastante importantes.

Se trata de las siguientes medidas y cambios legislativos:

• El nuevo régimen de recargos por ingreso de las cuotas a la Seguridad Social fuera de plazo.
• La extensión de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos durante seis meses más.
• Los nuevos beneficios para personas con discapacidad, víctimas de la violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia.
• La modificación del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
• Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.
• Modificación del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social.
• Modificación del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social,

La más relevante de ellas es, sin duda, la extensión de la tarifa plana durante seis meses más, lo que en la práctica alarga el plazo de reducciones y bonificaciones en la cuota a la Seguridad Social durante dos años para los nuevos autónomos. En cualquier caso, y habida cuenta de todos los retrasos que se han producido en la aprobación de esta importante Ley, cabría pensar si llegaremos a tiempo para que esté aprobado el 1 de enero. Tiempo al tiempo.

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Más de 500 millones de euros. Esta es la factura que los falsos autónomos dejan a la Seguridad Social como ingresos no abonados. O, al menos, así lo afirma la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), a partir de los últimos datos de la EPA.

Para llegar a esta conclusión, la asociación de autónomos utiliza como base los 210.000 falsos autónomos que se deducen de la última EPA, y realizan el cálculo de lo que la Seguridad Social deja de ingresar porque estos profesionales cotizan en el RETA en lugar del Régimen General como cualquier otro asalariado.

Para ello, se calcula lo que cotiza un autónomo por la base mínima (unos 275 euros en 2017) y se multiplica por el número de supuestos falsos autónomos. Este dato se compara con lo que tendría que haber abonado un trabajador con el sueldo más frecuente publicado por el INE (16.498,47 euros) y que cotiza por contingencias comunes, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación (36,25%).

Este cálculo, que es lo que deja supuestamente deja de ingresar la Seguridad Social, se cifra exactamente en 562.362.150 euros anuales. Evidentemente, el cálculo puede ser mayor pues muchos falsos autónomos se acogen a la tarifa plana durante los seis primeros meses, tal y como ha sucedido en algunas empresas como Deliveroo.

Evidentemente, y aunque la propia asociación recomienda redoblar los esfuerzos en la administración para poner coto a este fraude (algo que, sin embargo, ya se está haciendo), el problema es mucho más profundo. Los elevados costes laborales que tienen que asumir las empresas dan lugar a situaciones como la proliferación de falsos autónomos, profesionales (generalmente autónomos TRADE) que cotizan como autónomos y que, sin embargo, son a todas luces empleados de una empresa.

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En 2013 se ponía en marcha una de las medidas más esperadas por los autónomos: la ya famosa tarifa plana de los autónomos. Aunque en un principio muchos lo veían como un parche, pues era una forma de reducir las elevadas cargas sociales que tenía que soportar este colectivo en sus primeros años de vida, lo cierto es que parece que ha servido para consolidar y mejorar el empleo autónomo.

Esto es, al menos, lo que afirma la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en un informe, en el que se pone de manifiesto la importancia de la tarifa plana como impulsor del trabajo autónomo y verdadero catalizador del crecimiento empresarial.

En concreto, en el año 2013, año en el que se aprobó la tarifa plana, las altas en el RETA crecieron un 21,2% con respecto al año anterior, y representaron más del triple que las bajas. Desde entonces, las cifras se han ido manteniendo, con más altas que bajas hasta finales de 2016.

Pero aún hay más. Y es que ya no es solo que las altas hayan aumentado, lo cual es lógico gracias a los menores costes que tienen que asumir los nuevos autónomos. Es que, además, ha aumentado la estabilidad de los nuevos emprendedores, una realidad avalada por los datos.

Según el mismo informe, el 57% de los beneficiarios de la tarifa desde 2013 mantienen su actividad. Además, y mientras en 2012 los autónomos que conseguían conservar su empleo transcurridos tres años desde el inicio de la actividad representaban el 63%, desde 2013 este porcentaje ha ido creciendo hasta situarse en el 67% actual.

Estos datos ponen de manifiesto solucionar un problema que sigue siendo una de las mayores demandas de los autónomos: las elevadas cotizaciones sociales reducen el incentivo para darse de alta como autónomo. Ese debería haber sido el punto central del discurso de la ley de autónomos que, de nuevo, vuelve a dejar fuera esta demanda tan perseguida por el colectivo de autónomos.

En Pymes y Autónomos | Los autónomos podrán contratar trabajadores manteniendo la tarifa plana de 50 €

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Hace muy pocos meses, no eran pocos los gurús que apostaban que el euro cotizaría a la par con el dólar como consecuencia de la política expansiva que está llevando a cabo el Banco Central Europeo. Esta circunstancia fue vista con buenos ojos por las empresas exportadoras y, en general, por los expertos económicos, que veían esta posibilidad como una forma de mejorar la balanza comercial española.

Sin embargo, la situación se ha dado la vuelta por completo como consecuencia de las pobres expectativas sobre los próximos movimientos de los principales bancos centrales, tanto el propio BCE como la Reserva Federal en Jackson Hole, y de los últimos movimientos de Corea del Norte. De hecho, en el día de ayer, el euro superó la barrera de los 1,20 dólares por primera vez desde 2015.

Esta circunstancia es una mala noticia para las empresas españolas. Después de varios años de recuperación de la balanza comercial aupado por la depreciación del euro, la recuperación económica y el abaratamiento del precio de las materias primas en general y del precio del petróleo en particular, 2017 se presenta con perspectivas negativas.

De hecho, y a pesar de que el primer trimestre del año marcó un récord histórico de exportaciones, el déficit comercial aumentó un 45%, especialmente por el aumento de los precios de petróleo. Y justo ha sido a partir de ese momento cuando el euro se ha encarecido de manera más notable.

No obstante, no hay que olvidar que, desde que se inició la crisis allá por 2007, las pymes exportadoras han sido la locomotora de la economía española. Sin embargo, habrá que ver cuál es la incidencia real, pues recordemos que tan solo el 30% de las exportaciones tiene efecto moneda (el 70% de las exportaciones tienen como destino países de la Eurozona).

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En Pymes y Autónomos | La paridad euro dólar mina la competitividad de las empresas europeas

El gobierno y las principales instituciones comunitarias siguen vanagloriándose de que ya podemos dar por concluida la crisis económica y financiera que nos lleva azotando ya casi una década. Con un crecimiento cercano al 3% y unas previsiones cada vez más en alza, España se jacta de ser la locomotora económica europea.

Pero, ¿qué piensan los agentes económicos de esto? El paro sigue siendo la gran asignatura pendiente, pero las empresas también siguen atravesando por problemas económicos graves e incluso mayores que el año pasado, al menos si atendemos a los datos sobre concursos y disoluciones que se han llevado a cabo este año.

En concreto, y según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado pro INFORMA D&B, en el mes de julio se contabilizaron un total de 448 concursos y 1.555 disoluciones en España. Estas cifras suponen un incremento bastante significativo con respecto al mismo mes del año pasado, de un 28 y un 3 por ciento, respectivamente.

Lo más preocupante es que no parece que este escenario sea puntual o aislado. En lo que va de año, se han celebrado 2.857 concursos por los 2.664 que llevábamos a estas alturas en 2016, un 7,24% más que el año pasado. Además, julio es el tercer mes consecutivo en que crecen por encima de los dos dígitos (más de un 10%). Estas sociedades sumaban un total de 25.840 empleados con una facturación cercana a los 4.800 millones de euros.

Si atendemos a las disoluciones, el escenario es aún peor. No hay ningún mes del año en el que se haya experimentado un descenso respecto al año pasado, siendo mayo, con casi un 50% de nuevas disoluciones empresariales, el mes más preocupante. En total, las disoluciones crecen casi un 20% (19,24%) en términos interanuales. Las sociedades afectadas por las disoluciones daban trabajo a 43.606 personas, con una cifra de negocio cercana a los 10.000 millones de euros.

Aunque, para ser justos, hay que decir que estamos en cifras bastante lejanas al pico de la crisis económica. En 2013, el año donde más empresas se destruyeron, los concursos contabilizaban 9.310 y las disoluciones 31.225 en los siete primeros meses del año. Sin embargo, el crecimiento en el número de empresas destruidas debería preocuparnos y hacernos reflexionar sobre si el crecimiento experimentado por la economía española está llegando también a las empresas.

En Pymes y Autónomos | Mi cliente está en concurso de acreedores ¿debo seguir vendiéndole?

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España no es país para autónomos, ni siquiera cuando abandonan su actividad. O, al menos, eso es lo que dicen los números. Y es que, a pesar de que la Seguridad Social ingresó más de 134 millones de euros por cotizaciones de cese de actividad, tan solo desembolsó 16 millones de euros en prestaciones al conocido como paro de los autónomos, menos de un 15% de lo recaudado.

O, dicho de otro modo, la Seguridad Social ha encontrado con un jugoso superávit de 118 millones de euros a costa de las cotizaciones voluntarias de algunos autónomos, de acuerdo con una publicación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.

Podría pensarse que la coyuntura económica ha contribuido a que los trabajadores autónomos hayan conseguido mantener su actividad, lo cual también explica que muchos otros también se hayan dado de alta y comiencen a cotizar por este concepto. Sin embargo, la realidad es bien diferente, porque más de la mitad de solicitudes de paro por parte de los autónomos son rechazadas. En concreto, de las 4.278 solicitudes de prestación que se recibieron el año pasado, se resolvieron 3.717, siendo favorables 1.616 y denegadas 2.101, un 56,52 por ciento de las mismas.

Entonces, ¿a qué obedece esta situación exactamente? El motivo por el cual la mayoría de autónomos sigue sin poder cobrar su prestación por cese de actividad a pesar de haber cotizado por este concepto es que es necesario cumplir una serie de requisitos muy exigentes.

Entre ellos, además de haber cotizado por un periodo continuado de al menos 12 meses, la Seguridad Social exige justificar que existen motivos reales para el cese de actividad. Se consideran como tales, entre otros, pérdidas demostrables superiores al 10%, procesos judiciales, razones de fuerza mayor o ser víctima de violencia de género.

A pesar de que este escenario no es nada halagüeño, hay motivos para la esperanza, especialmente desde 2015, año en el que se facilitó el acceso a esta prestación. Para que podamos hacernos una idea, en los años anteriores más del 80% de las solicitudes de prestación por cese de actividad eran denegadas. El paro de los trabajadores asalariados sigue siendo, por el momento, mucho más accesible.

En Pymes y Autónomos | ¿Compensa cotizar por cese de actividad? Estos son los números

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