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Cinco consejos para controlar mejor nuestro cash flow y no morir en el intento

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Cinco consejos para controlar mejor nuestro cash flow y no morir en el intento

Todas las empresas, con independencia de su tamaño y de su sector de actividad, deben tener controlada una serie de variables clave para la correcta gestión de su negocio. Entre ellas, cabe destacar aquellas que tienen que ver con la liquidez de la empresa, un aspecto fundamental para evitar situaciones tan complicadas como puede ser una suspensión de pagos que puede conducir de manera inexorable a una quiebra.

Entre ellas, quizá el indicador más importante en relación con la liquidez es el cash flow. Se trata de una variable que refleja cuál es el flujo actual de cobros y pagos, y que trata de explicar la situación de tesorería actual de cualquier empresa. Dicho de una forma llana, sirve para determinar de cuánto dinero contante y sonante disponemos para pagar a nuestros proveedores, a nuestros empleados, a las administraciones públicas y para acometer inversiones, entre otras muchas cosas.

Y como la actividad cotidiana del negocio no para ni espera por nadie, es fundamental llevar un control lo suficientemente exhaustivo para no tener sustos y operar con mayor tranquilidad. Por ello, mantener un control diario o semanal de nuestra tesorería es esencial. Pero, ¿cómo llevarlo a la práctica? Os dejamos con algunos consejos.

No te olvides de llevar tu cash flow allá donde vayas

Las actuales herramientas permiten llevarnos casi toda la contabilidad de nuestra empresa a cualquier lugar, y monitorizarlo desde nuestro teléfono móvil. Por eso, conviene elaborar hojas de cálculo más o menos complejas y reflejar ahí el estado de nuestro flujo de caja. De esta manera, podremos conocer en todo momento cuál es el estado actual de nuestra tesorería y establecer alertas cuando las cosas no marchen tan bien.

¿Crees que todos los clientes van a pagarte?

Lo más razonable es que todos los clientes paguen sus facturas a tiempo. Sin embargo, existen algunas circunstancias que pueden provocar retrasos en los pagos o incluso impagos. Por esta razón, es conveniente establecer un plan de contingencia por si surgen algunos clientes morosos a través de algún tipo de provisión que reduzca este riesgo.

Controla los costes de tu negocio

Si bien los ingresos de cualquier negocio son variables impredecibles que se escapan al control del negocio, los costes de operación siempre son susceptibles de ser reducidos. Calcula tus costes por áreas y los porcentajes que estos suponen sobre el volumen de tu negocio, estableciendo unos topes para limitar cuántos fondos se van en cada partida para no sobrepasarlos.

Determina tu punto de equilibrio

Desde el punto de vista del cash flow, el punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos menos los gastos dan como resultado cero. Es importante calcularlo para saber si llegas o no a los requerimientos de cobros que necesitas para mantener un margen con respecto a los pagos con el objetivo de reducir tu estrés de forma significativa.

Controla el periodo de pago a proveedores y de cobro a clientes

El proceso de facturación no termina hasta que no se recibe el cobro de nuestros clientes o se efectúa el pago a proveedores. Para tenerlo bajo control, es recomendable llevar un registro claro de las facturas emitidas y que te han emitido, así como los tiempos de cobro y pago de cada una de ellas, y que esta información esté estructurada de manera clara y visual, estableciendo alertas en caso de que sea necesario.

En Pymes y Autónomos | ¿Qué son las cuentas anuales? El estado de flujos de efectivo

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Autónomos que no llegan al SMI, ¿por qué pagan la misma cotización que un notario?

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Autónomos que no llegan al SMI, ¿por qué pagan la misma cotización que un notario?

Una de las cuestiones sobre las que existe más debate en la reforma del RETA es la libertad de cotización. Los autónomos tienen la libertad para elegir su cuota de cotización, donde la gran mayoría opta por la base mínima de 919,80 euros, independientemente de si sus ingresos no llegan a los 9.907,80 euros del salario mínimo como los que ganan más de 60.000 euros anuales.

Son dos situaciones extremas pero lo cierto es que no parece lógico que ambos tengan las mismas obligaciones. En el saco del RETA caben todo tipo de trabajadores por cuenta propia, aquellos que llegan justos a final de mes y aquellos que tienen grandes ingresos. Y aquí hablamos de rendimientos netos, no de facturación.

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¿Eres administrador único de una sociedad? Cuidado, tienes más responsabilidad de la que quizá piensas

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¿Eres administrador único de una sociedad? Cuidado, tienes más responsabilidad de la que quizá piensas

La Ley establece que todas las sociedades mercantiles, ya sean sociedades unipersonales, anónimas o de responsabilidad limitada, deben contar con un órgano de gestión, personalizado en la figura del administrador único, administradores mancomunados o solidarios o un consejo de administración.

En el caso de una pequeña empresa, es habitual que esta figura la asuma una sola persona como administrador único. En algunos casos, se trata de una figura puramente simbólica, que en teoría no desea asumir ningún tipo de responsabilidad sobre la gestión de una sociedad; tal es el caso de familiares o amigos de los socios que aceptan el cargo a cambio de un pequeño salario, con la promesa de que ellos no tendrán que hacer nada en el día a día de la sociedad más allá de firmar ciertos trámites administrativos y aprobar las decisiones tomadas por los socios.

Sin embargo, ser administrador de una sociedad conlleva una serie de responsabilidades que, en algunos casos, pueden tener consecuencias penales. Así que, si estás en esta situación, debes saber cómo te afecta firmar cualquier documento en diversos ámbitos legales.

Ámbito laboral

En el caso de que haya algún tipo incumplimiento de la normativa, por ejemplo, un impago de las cotizaciones sociales, la Tesorería General de la Seguridad Social va directamente contra el administrador o administradores de la sociedad. Esta conducta se considera una infracción muy grave que puede ser considerada como delito penal, y no meramente administrativo.

Ámbito tributario

Al igual que ocurre con los incumplimientos de la normativa en materia de Seguridad Social, la Agencia Tributaria también podría exigir el pago de las deudas al administrador, por ser responsables subsidiarios de la sociedad, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 58/2003.

Ámbito mercantil

De acuerdo con el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital:

Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los estatutos, o bien por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.

Ámbito penal

Un administrador puede ser sancionado por delitos como falsear cuentas, estafas, delito fiscal o laboral, alzamiento de bienes, etc.

Así que, si estás en esta situación, y has aceptado el cargo sin saber exactamente qué consecuencias puede tener este cargo, lo mejor es que consultes con un experto para evitar tener que perder parte de tu patrimonio en caso de que concurra alguno de estos supuestos.

En Pymes y Autónomos | El administrador de una sociedad siempre ha de cotizar

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¿En qué consiste el sistema de reparto de la Seguridad Social y qué problemas tiene?

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¿En qué consiste el sistema de reparto de la Seguridad Social y qué problemas tiene?

Llega el momento de la jubilación y toca recibir esa pensión por la que hemos estado cotizando durante toda nuestra vida laboral. Estas cotizaciones garantizan que, a los 65 años, y después de casi 40 trabajando, podamos retirarnos con, al menos, el mismo nivel de vida que teníamos cuando estábamos en activo.

En España, de hecho, la relación entre la primera pensión y el último sueldo recibido, conocido como tasa de reemplazo, es superior al 80%, una de las más altas de toda la OCDE. Sin embargo, hay numerosos expertos que alertan que esta relación puede ser incluso peor en los próximos años.

Pero, ¿cómo funciona exactamente el sistema de la Seguridad Social en España? A pesar de que muchas personas piensan que sus cotizaciones van satisfaciéndose a un fondo individual que se mantiene inalterado hasta que nos jubilamos, lo cierto es que su funcionamiento dista mucho de ser así.

A través del conocido como sistema de reparto, los cotizantes actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales, con la esperanza de que, cuando los primeros pasen a formar parte de la población pasiva, sean recompensados del mismo modo. Este modelo hace que, en realidad, no tenga por qué haber una relación entre las cotizaciones del trabajador y lo efectivamente recibido en el momento de la jubilación.

Así es como realmente está diseñado el sistema de la Seguridad Social en España, un sistema de solidaridad intergeneracional que se va actualizando conforme se van jubilando los trabajadores actuales. Ahora bien, este sistema no está exento de problemas; es necesario que haya una proporción razonable entre proporción activa y pasiva, conocida como tasa de dependencia, para que las cotizaciones actuales sean suficientes como para satisfacer las pensiones actuales.

Una baja tasa de dependencia, el principal riesgo

Según la mayoría de expertos, para que un sistema de reparto sea sostenible, la tasa de dependencia debe ser superior a dos. De otra forma, se podrían poner en riesgo las pensiones actuales por no haber fondos suficientes como para satisfacerlas. De hecho, en España, y como consecuencia de la grave crisis económica que hemos vivido, la tasa de dependencia ha disminuido desde sus máximos en 2007 (de 2,71) hasta poco más de dos en 2017.

Esta situación puede agravarse aún más si cabe si tenemos en cuenta que, en los próximos años, las proyecciones poblacionales apuntan a un mayor envejecimiento de la población española. De hecho, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de nacimientos habrá descendido más de un 23% en 2.023 y un 35% para 2.050, mientras que el número de personas con 65 años aumentará un 12% para 2.023 y casi un 6% para 2.050. Si tenemos en cuenta ambos factores, nos daremos cuenta de que la inversión en la pirámide de población puede provocar que los pensionistas futuros no tengan garantizada su prestación en igualdad de condiciones a como lo hacen en la actualidad.

¿Y qué papel tiene la hucha de las pensiones?

En el año 2000, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de reparto de la Seguridad Social, el Gobierno creó el Fondo de Reserva, más conocido como hucha de las pensiones. Este fondo se creó como un estabilizador anticíclico, que debería aumentar con los superávits de la Seguridad Social para que, en momentos de déficit, se pudiesen financiar las pensiones gracias a las aportaciones previas.

De hecho, desde su constitución, se han dotado al Fondo de Reserva 53.598 millones de euros. Sin embargo, y debido sobre todo a la difícil situación económica que ha atravesado España en los últimos años, el Gobierno ha tenido que echar mano de la hucha de las pensiones para satisfacer algunas prestaciones en varias ocasiones. En concreto, en 2015 se realizaron disposiciones por valor de 13.250 millones de euros y en 2016 estas disposiciones aumentaron hasta los 20.136 millones de euros. En total, el Gobierno ha gastado un total de 67.337 millones de euros.

Si en 2017 se sigue el ritmo de disposición de los últimos años, lo más probable es que la hucha se agote en 2018. Y aquí es donde, en caso de que no se vuelva a reponer con mayor empleo, tendremos un problema. Habrá que encontrar una alternativa para financiar las pensiones, y ya son muchos los expertos que abogan por financiar las pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El futuro factor de sostenibilidad, que entrará en funcionamiento en 2019, debería servir para corregir dicho déficit, aunque tendrá como contrapartida una reducción en las prestaciones de los futuros pensionistas.

En Pymes y Autónomos | Así quedará la tarifa plana de la Seguridad Social tras la aprobación de la nueva Ley de Autónomos

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El uso de la factura electrónica aumentó más de un 25% en el primer semestre de 2016

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El uso de la factura electrónica aumentó más de un 25% en el primer semestre de 2016

El uso de las nuevas tecnologías está cambiando la forma en la que nos relacionamos, en que operamos con las entidades financieras o la forma en la que accedemos a la información. Pero también ha modificado la actividad de muchas empresas, incluso a nivel legal. Esto es, precisamente, lo que ocurre con la factura electrónica, un documento que tiene la misma validez legal que la factura tradicional.

De hecho, durante el primer semestre de 2016, y según la última edición del Estudio de Implantación de la Factura Electrónica en España elaborado por Seres, el volumen total de facturas electrónicas emitidas en el primer semestre de 2016 fue de 118,51 millones de documentos, lo que constituye un crecimiento del 25,87% con respecto al mismo semestre del año anterior.

No cabe duda que este crecimiento es, en parte, debido a que el uso de la factura electrónica permite ahorrar costes. De hecho, la utilización de este mecasnismo les permitió a las empresas y a los autónomos ahorrar alrededor de 919 millones de euros y hasta 500.000 horas de trabajo equivalente de una persona.

La facturación electrónica en las AAPP

A pesar de que la mayoría de empresas han cambiado ya su gestión y facturación a la parte electrónica, hay un elemento que ha servido para que el cambio de tendencia se consolide de forma definitiva. Este no es otro que el uso y generalización en el uso de la factura electrónica por parte de las Administraciones Públicas.

Y es que, desde que el 1 de enero de 2015 se estableció la obligatoriedad de que todas las facturas emitidas a las Administraciones Públicas fuesen electrónicas, los esfuerzos realizados tanto por el sector público y privado se hayan centrado en dar un paso adelante en la generalización del uso de la factura electrónica.

Las comunidades que más han aumentado la facturación electrónica en el ejercicio pasado fueron Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía. A la cola se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Cantabria y Extremadura.

En Pymes y Autónomos | Factura electrónica, ¿en qué consiste la factura electrónica?

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El sector industrial, el que más ha reducido sus periodos de pago a proveedores

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El sector industrial, el que más ha reducido sus periodos de pago a proveedores

No cabe duda que los dilatados plazos de pagos a proveedores siguen siendo uno de los mayores problemas de los autónomos y pymes españolas. Ni la Ley de Morosidad ni el Plan de Pago a Proveedores han contribuido a mejorar esta situación, lo cual ha provocado numerosos casos de empresas al borde de la suspensión de pagos.

Sin embargo, ni todos los sectores ni todas las empresas han respondido del mismo modo. Hay un pequeño grupo de empresas que han reducido sus períodos de pago, y han conseguido pagar a sus proveedores en apenas 10 días. En concreto, y según datos aportados por Nathalie Gianese, directora de estudios de Infoma D&B, el retraso sobre los plazos pactados del sector industrial es de tan solo 10,18 días, por debajo de los 11,86 de la media nacional siendo, por octava vez consecutiva desde 2010, el sector que menos se retrasa en España.

Destaca especialmente el subsector de la industria química es el que abona las facturas en un periodo más reducido, con tan solo 7,95 días por encima de los plazos pactados. Además, nuestro país se sitúa por encima de la mayoría de países europeos, al ser el segundo que menos se retrasa en los pagos, solo superado por Países Bajos (6,8 días) y por encima de Bélgica, con 11,74 días de media.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las empresas industriales suponen tan solo el 6% del tejido empresarial español, con 201.737 compañías, la mayoría de ellas sociedades limitadas y el 37% empresarios individuales. Su segmentación es elevada y las diferencias de pago entre comunidades autónomas son significativas.

En Pymes y Autónomos | Las Administraciones Públicas aumentan el período de pago a proveedores a 113 días

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Menos del 10% de las pymes españolas aceptan el pago con tarjetas de crédito extranjeras

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Menos del 10% de las pymes españolas aceptan el pago con tarjetas de crédito extranjeras

España es el tercer país más turístico del mundo, con más de 75 millones de visitantes recibidos cada año, y solo por detrás de Francia y Estados Unidos. Sin embargo, y a diferencia de los dos destinos más populares, todavía son muchos los turistas que se van con la sensación de que nuestro país todavía no cuenta con los medios, tecnología e infraestructuras adecuadas para dar un buen servicio a las personas que vienen a pasar unos días a nuestra geografía.

No en vano, en un país donde el 99% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores, de las que el 96% son microempresas, el hecho de que no todas las pymes acepten tarjetas extranjeras para recibir pagos evidencia un grave problema cuando un turista tiene que pagar. De hecho, según un estudio de la proveedora de pagos UniversalPay utilizando una muestra de 4.000 empresas de todos los sectores, hasta el 90% de las pymes españolas no aceptan el pago con tarjetas internacionales.

No en vano, el 9,7% de las pymes que sí aceptan pagos con tarjetas son empresas cuyas actividades y servicios están enfocados al exterior, con un volumen muy grande de clientes extranjeros. De ellas, el 86,4% son hoteles, tiendas de moda, tiendas de lujo afincadas en las grandes capitales y locales de ocio en el litoral español.

Estas empresas cuentan con DCC (Dynamic Currency Conversion), un sistema que permite al cliente extranjero realizar los pagos utilizando su divisa de origen y que, por un lado, permite al usuario viajar de una forma más cómoda y permite conseguir más rentabilidad para las pymes.

Evidentemente, en un país tan turístico como el nuestro, el hecho de que el grueso de nuestras pymes no acepten pagos supone un grave problema para su crecimiento, especialmente si tenemos en cuenta que año tras año, el flujo de turistas extranjeros sigue creciendo y que, sin embargo, la tecnología en la pyme sigue, por desgracia, sin evolucionar.

En Pymes y Autónomos | ¿Son caras las comisiones por cobro con tarjeta en España? El caso Square

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Facturar sin ser autónomo: el criterio de habitualidad

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Facturar sin ser autónomo: el criterio de habitualidad

Ya hemos comentado algunas de las medidas incluidas dentro de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, tan aplaudidas como criticadas por los diversos colectivos y asociaciones de autónomos. Sin embargo, todavía han quedado muchos flecos por resolver, algunos de los cuales siguen siendo demandas bastante antiguas por parte de los trabajadores por cuenta propia y que siguen provocando confusión.

Este es el caso, por ejemplo, de la obligatoriedad de darse de alta en la Seguridad Social para poder emitir facturas. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2530/1970, se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.

La jurisprudencia como base

La interpretación de esta ley ha dado lugar a confusión sobre cuales son los requisitos que obligan a una persona que ejerce una actividad por cuenta propia a darse de alta como autónomos. En particular, muchas personas dudan sobre el concepto de habitualidad. Existe una amplia jurisprudencia que, interpretando los artículos anteriores del citado Decreto, excluye a ciertas personas que desarrollan una actividad por cuenta propia, de esta obligación de alta y cotización en el RETA.

El punto de partida hay que situarlo en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997, que se pronuncia acerca del significado del requisito de habitualidad, y viene a considerar que el criterio del montante en la retribución es apto para apreciar el requisito de la habitualidad. En concreto, y según esta sentencia, no se puede apreciar el requisito de habitualidad cuando, a falta de otros indicios, los ingresos obtenidos por dicha actividad no superen el umbral del salario mínimo interprofesional.

De acuerdo con esta doctrina jurisprudencial, y con independencia del sector de actividad al que se dedique el particular por cuenta propia, sería posible aplicar la excepción de la obligación de alta y cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Sin embargo, todavía siguen existiendo dudas sobre estos límites a partir de los cuales un autónomo está obligado a trabajar por cuenta propia, especialmente porque, para el criterio de la Seguridad Social, no existe tal criterio de habitualidad, obligando a todos los autónomos a darse de alta como tales, aunque más adelante los juzgados lo hayan interpretado de otra manera.

El Gobierno revisará este criterio

Esta es la razón principal por la que el Gobierno pretende revisar este criterio. No en vano, la disposición adicional cuarta del texto remitido al Senado con la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo hace mención expresa al concepto de habitualidad a efectos de la incorporación de un autónomo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

De este modo, se procederá a la determinación de todos los elementos que condicionan el concepto de habitualidad a efectos de incorporación de un trabajador autónomo al citado Régimen. En particular, el texto hace mención a los trabajadores que cobren menos del Salario Mínimo Interprofesional anual, un criterio que, como hemos dicho, ya había sido establecido por determinadas sentencias del Tribunal Supremo y que constituía la excepción a la obligación de alta y cotización en el RETA.

De este modo, se prevé que se adapte la jurisprudencia del Supremo a la legislación española con el fin de que el criterio de la Seguridad Social sea el mismo que el que después interpretan los jueces. No obstante, habrá que ver si, finalmente se lleva a cabo esta revisión.

En Pymes y Autónomos | ¿Cuándo no es obligatorio cotizar en el RETA? (II): La habitualidad

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Cuatro de cada cinco Administraciones Públicas sigue incumpliendo la Ley de Morosidad

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Cuatro de cada cinco Administraciones Públicas sigue incumpliendo la Ley de Morosidad

No es la primera vez que hablamos en este mismo medio de la morosidad de las Administraciones Públicas. A pesar de las medidas tomadas que tenían como fin acabar con esta lacra, como la Ley de Morosidad o el plan de pago a proveedores, que en muchos casos han provocado cierres empresariales o problemas de liquidez, lo cierto es que no están sirviendo para atajar ni paliar el período de pago a proveedores.

De hecho, según el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 80% de las Administraciones Públicas incumple el plazo establecido en la Ley. En concreto, el plazo medio de pago a los autónomos es de 71 días, 41 por encima de lo que establece la Ley de Morosidad que, recordemos, está establecido en 30 días.

Si desagregamos estas cifras, la mayor parte del problema lo tienen las Administraciones Central y local, cuyos plazos medios de pago en España son de 68 y 88 días, respectivamente. Aun así, las Administraciones Autonómicas también están bastante encima de lo establecido de la ley, con un plazo medio de pago a proveedores de 54 días.

Sin embargo, lo más preocupante de todo es que este plazo solo ha mejorado un día con respecto al mismo periodo del año pasado, de 72 a 71 días. Aunque, eso sí, es justo diferenciar entre los diferentes niveles de administración al realizar este análisis. Así, mientras las comunidades autónomas han reducido este plazo en 10 días, la Administración Central ha experimentado un notable aumento, de 25 días.

Pero, ¿hay alguna administración cumplidora? Lo cierto es que sí, y es de justicia mencionarlas, aunque sea una minoría. Por debajo de los 30 días se sitúan País Vasco, con 24,32 días, seguida de Andalucía que se sitúa en 25,68 días y Navarra con 28,33 días. El resto de Comunidades exceden en todos los casos los 30 días en el periodo medio de pago a proveedores, siendo Valencia con 83,78 días, seguida de Murcia con 78,04 y Cantabria con 65,35 días las regiones que más tardaron en ejecutar sus pagos.

En Pymes y Autónomos | La ley de morosidad es un fracaso: hasta 144 días de retraso en el pago a proveedores

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¿Por qué los inversores no quieren oir hablar de empresas con altos niveles de deuda?

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¿Por qué los inversores no quieren oir hablar de empresas con altos niveles de deuda?

Una de las primeras cuestiones que se le plantea a cualquier inversor que quiere colocar sus capitales en una empresa, especialmente en las etapas iniciales, es la de conocer de dónde ha obtenido los recursos necesarios para financiar su actividad. En la mayoría de ocasiones, las empresas se decantan por la financiación ajena, sobre todo la bancaria, pero cada vez son más los empresarios que eligen financiarse a través de fondos propios.

Pero, ¿qué es mejor a los ojos de un inversor? La respuesta es, como casi siempre, depende. Que una empresa esté endeudada no es un síntoma malo en sí mismo. Por un lado, porque las empresas que utilizan deuda para financiar su activo suelen ser más rentables, pues utilizan de una manera más eficiente sus recursos financieros. Sin embargo, un volumen importante de deuda provoca problemas de solvencia y hace más vulnerable a la empresa en épocas de vacas flacas.

Desde el punto de vista de la inversión, y especialmente en inversiones con un horizonte temporal de largo plazo, siempre tendremos que lidiar con crisis económicas que dejen en una situación de vulnerabilidad a empresas endeudadas, especialmente si, debido a situaciones de sequías de crédito como la que vivimos en la última crisis económica, estas son incapaces de refinanciar sus deudas u obtener más liquidez por otras vías.

Una empresa más endeudada, por tanto, tiene más dificultad para pagar a sus acreedores, pudiendo ver su continuidad afectada si tiene que desinvertir parte de su activo para liquidar sus deudas en un momento en el que su valor de mercado esté por debajo del precio al cual se adquirieron. Esto no ocurre en el caso de empresas con baja deuda, más solventes por definición y, por tanto, menos vulnerables a los ciclos económicos y a las crisis de liquidez.

En muchos casos, los inversores buscan una estabilidad a largo plazo. Y aunque esto no signifique exactamente ausencia de riesgo, los beneficios futuros y la continuidad de una empresa con bajo nivel de deuda son más predecibles que los negocios que tienen altos volúmenes de endeudamiento, donde es más difícil valorar el negocio conforme va adquiriendo cada vez más deuda.

Por esta razón, y especialmente en el largo plazo, la deuda es un elemento incompatible con la inversión en un negocio.

En Pymes y Autónomos | ¿En qué consiste el ratio de cobertura del servicio de la deuda?

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