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Menos del 10% de las pymes españolas aceptan el pago con tarjetas de crédito extranjeras

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Menos del 10% de las pymes españolas aceptan el pago con tarjetas de crédito extranjeras

España es el tercer país más turístico del mundo, con más de 75 millones de visitantes recibidos cada año, y solo por detrás de Francia y Estados Unidos. Sin embargo, y a diferencia de los dos destinos más populares, todavía son muchos los turistas que se van con la sensación de que nuestro país todavía no cuenta con los medios, tecnología e infraestructuras adecuadas para dar un buen servicio a las personas que vienen a pasar unos días a nuestra geografía.

No en vano, en un país donde el 99% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores, de las que el 96% son microempresas, el hecho de que no todas las pymes acepten tarjetas extranjeras para recibir pagos evidencia un grave problema cuando un turista tiene que pagar. De hecho, según un estudio de la proveedora de pagos UniversalPay utilizando una muestra de 4.000 empresas de todos los sectores, hasta el 90% de las pymes españolas no aceptan el pago con tarjetas internacionales.

No en vano, el 9,7% de las pymes que sí aceptan pagos con tarjetas son empresas cuyas actividades y servicios están enfocados al exterior, con un volumen muy grande de clientes extranjeros. De ellas, el 86,4% son hoteles, tiendas de moda, tiendas de lujo afincadas en las grandes capitales y locales de ocio en el litoral español.

Estas empresas cuentan con DCC (Dynamic Currency Conversion), un sistema que permite al cliente extranjero realizar los pagos utilizando su divisa de origen y que, por un lado, permite al usuario viajar de una forma más cómoda y permite conseguir más rentabilidad para las pymes.

Evidentemente, en un país tan turístico como el nuestro, el hecho de que el grueso de nuestras pymes no acepten pagos supone un grave problema para su crecimiento, especialmente si tenemos en cuenta que año tras año, el flujo de turistas extranjeros sigue creciendo y que, sin embargo, la tecnología en la pyme sigue, por desgracia, sin evolucionar.

En Pymes y Autónomos | ¿Son caras las comisiones por cobro con tarjeta en España? El caso Square

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Facturar sin ser autónomo: el criterio de habitualidad

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Facturar sin ser autónomo: el criterio de habitualidad

Ya hemos comentado algunas de las medidas incluidas dentro de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, tan aplaudidas como criticadas por los diversos colectivos y asociaciones de autónomos. Sin embargo, todavía han quedado muchos flecos por resolver, algunos de los cuales siguen siendo demandas bastante antiguas por parte de los trabajadores por cuenta propia y que siguen provocando confusión.

Este es el caso, por ejemplo, de la obligatoriedad de darse de alta en la Seguridad Social para poder emitir facturas. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2530/1970, se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.

La jurisprudencia como base

La interpretación de esta ley ha dado lugar a confusión sobre cuales son los requisitos que obligan a una persona que ejerce una actividad por cuenta propia a darse de alta como autónomos. En particular, muchas personas dudan sobre el concepto de habitualidad. Existe una amplia jurisprudencia que, interpretando los artículos anteriores del citado Decreto, excluye a ciertas personas que desarrollan una actividad por cuenta propia, de esta obligación de alta y cotización en el RETA.

El punto de partida hay que situarlo en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997, que se pronuncia acerca del significado del requisito de habitualidad, y viene a considerar que el criterio del montante en la retribución es apto para apreciar el requisito de la habitualidad. En concreto, y según esta sentencia, no se puede apreciar el requisito de habitualidad cuando, a falta de otros indicios, los ingresos obtenidos por dicha actividad no superen el umbral del salario mínimo interprofesional.

De acuerdo con esta doctrina jurisprudencial, y con independencia del sector de actividad al que se dedique el particular por cuenta propia, sería posible aplicar la excepción de la obligación de alta y cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Sin embargo, todavía siguen existiendo dudas sobre estos límites a partir de los cuales un autónomo está obligado a trabajar por cuenta propia, especialmente porque, para el criterio de la Seguridad Social, no existe tal criterio de habitualidad, obligando a todos los autónomos a darse de alta como tales, aunque más adelante los juzgados lo hayan interpretado de otra manera.

El Gobierno revisará este criterio

Esta es la razón principal por la que el Gobierno pretende revisar este criterio. No en vano, la disposición adicional cuarta del texto remitido al Senado con la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo hace mención expresa al concepto de habitualidad a efectos de la incorporación de un autónomo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

De este modo, se procederá a la determinación de todos los elementos que condicionan el concepto de habitualidad a efectos de incorporación de un trabajador autónomo al citado Régimen. En particular, el texto hace mención a los trabajadores que cobren menos del Salario Mínimo Interprofesional anual, un criterio que, como hemos dicho, ya había sido establecido por determinadas sentencias del Tribunal Supremo y que constituía la excepción a la obligación de alta y cotización en el RETA.

De este modo, se prevé que se adapte la jurisprudencia del Supremo a la legislación española con el fin de que el criterio de la Seguridad Social sea el mismo que el que después interpretan los jueces. No obstante, habrá que ver si, finalmente se lleva a cabo esta revisión.

En Pymes y Autónomos | ¿Cuándo no es obligatorio cotizar en el RETA? (II): La habitualidad

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Cuatro de cada cinco Administraciones Públicas sigue incumpliendo la Ley de Morosidad

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Cuatro de cada cinco Administraciones Públicas sigue incumpliendo la Ley de Morosidad

No es la primera vez que hablamos en este mismo medio de la morosidad de las Administraciones Públicas. A pesar de las medidas tomadas que tenían como fin acabar con esta lacra, como la Ley de Morosidad o el plan de pago a proveedores, que en muchos casos han provocado cierres empresariales o problemas de liquidez, lo cierto es que no están sirviendo para atajar ni paliar el período de pago a proveedores.

De hecho, según el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 80% de las Administraciones Públicas incumple el plazo establecido en la Ley. En concreto, el plazo medio de pago a los autónomos es de 71 días, 41 por encima de lo que establece la Ley de Morosidad que, recordemos, está establecido en 30 días.

Si desagregamos estas cifras, la mayor parte del problema lo tienen las Administraciones Central y local, cuyos plazos medios de pago en España son de 68 y 88 días, respectivamente. Aun así, las Administraciones Autonómicas también están bastante encima de lo establecido de la ley, con un plazo medio de pago a proveedores de 54 días.

Sin embargo, lo más preocupante de todo es que este plazo solo ha mejorado un día con respecto al mismo periodo del año pasado, de 72 a 71 días. Aunque, eso sí, es justo diferenciar entre los diferentes niveles de administración al realizar este análisis. Así, mientras las comunidades autónomas han reducido este plazo en 10 días, la Administración Central ha experimentado un notable aumento, de 25 días.

Pero, ¿hay alguna administración cumplidora? Lo cierto es que sí, y es de justicia mencionarlas, aunque sea una minoría. Por debajo de los 30 días se sitúan País Vasco, con 24,32 días, seguida de Andalucía que se sitúa en 25,68 días y Navarra con 28,33 días. El resto de Comunidades exceden en todos los casos los 30 días en el periodo medio de pago a proveedores, siendo Valencia con 83,78 días, seguida de Murcia con 78,04 y Cantabria con 65,35 días las regiones que más tardaron en ejecutar sus pagos.

En Pymes y Autónomos | La ley de morosidad es un fracaso: hasta 144 días de retraso en el pago a proveedores

Imagen | Basti93

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¿Por qué los inversores no quieren oir hablar de empresas con altos niveles de deuda?

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¿Por qué los inversores no quieren oir hablar de empresas con altos niveles de deuda?

Una de las primeras cuestiones que se le plantea a cualquier inversor que quiere colocar sus capitales en una empresa, especialmente en las etapas iniciales, es la de conocer de dónde ha obtenido los recursos necesarios para financiar su actividad. En la mayoría de ocasiones, las empresas se decantan por la financiación ajena, sobre todo la bancaria, pero cada vez son más los empresarios que eligen financiarse a través de fondos propios.

Pero, ¿qué es mejor a los ojos de un inversor? La respuesta es, como casi siempre, depende. Que una empresa esté endeudada no es un síntoma malo en sí mismo. Por un lado, porque las empresas que utilizan deuda para financiar su activo suelen ser más rentables, pues utilizan de una manera más eficiente sus recursos financieros. Sin embargo, un volumen importante de deuda provoca problemas de solvencia y hace más vulnerable a la empresa en épocas de vacas flacas.

Desde el punto de vista de la inversión, y especialmente en inversiones con un horizonte temporal de largo plazo, siempre tendremos que lidiar con crisis económicas que dejen en una situación de vulnerabilidad a empresas endeudadas, especialmente si, debido a situaciones de sequías de crédito como la que vivimos en la última crisis económica, estas son incapaces de refinanciar sus deudas u obtener más liquidez por otras vías.

Una empresa más endeudada, por tanto, tiene más dificultad para pagar a sus acreedores, pudiendo ver su continuidad afectada si tiene que desinvertir parte de su activo para liquidar sus deudas en un momento en el que su valor de mercado esté por debajo del precio al cual se adquirieron. Esto no ocurre en el caso de empresas con baja deuda, más solventes por definición y, por tanto, menos vulnerables a los ciclos económicos y a las crisis de liquidez.

En muchos casos, los inversores buscan una estabilidad a largo plazo. Y aunque esto no signifique exactamente ausencia de riesgo, los beneficios futuros y la continuidad de una empresa con bajo nivel de deuda son más predecibles que los negocios que tienen altos volúmenes de endeudamiento, donde es más difícil valorar el negocio conforme va adquiriendo cada vez más deuda.

Por esta razón, y especialmente en el largo plazo, la deuda es un elemento incompatible con la inversión en un negocio.

En Pymes y Autónomos | ¿En qué consiste el ratio de cobertura del servicio de la deuda?

Imagen | stevepb

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¿Por qué una ampliación de capital podría ser perjudicial para una empresa?

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¿Por qué una ampliación de capital podría ser perjudicial para una empresa?

Las ampliaciones de capital son mecanismos a través de los cuales una empresa aumenta su capital social emitiendo nuevas acciones y, por tanto, dejando entrar a nuevos accionistas. A priori, se trata de una operación bastante interesante para la empresa pues, por un lado, aumenta su solvencia y, por otro, capta recursos en el mercado que le servirán para acometer nuevas inversiones.

Sin embargo, las ampliaciones de capital no son siempre recomendables e, incluso, pueden ser contraproducentes. Estas operaciones no están exentas de riesgos, pues afectan al porcentaje de capital que se distribuye entre cada uno de los accionistas, tanto los nuevos como los antiguos.

Esta circunstancia, conocida como efecto dilución, se traduce en una participación relativamente menor de los accionistas antiguos dentro del capital de la sociedad. Dicho de otro modo, dado que hay más acciones en circulación, el valor contable de cada título disminuye, lo que perjudica a los accionistas que tenían posiciones dentro del capital social. Además, con la entrada de nuevos socios, los antiguos pierden parte del control de la sociedad sobre el capital.

No obstante, hay determinados mecanismos para evitar estos problemas como los derechos de suscripción preferentes, que no son más que derechos que se otorgan a los accionistas antiguos y que le permiten suscribir acciones nuevas de forma prioritaria y en proporción al valor que tengan el número de acciones que poseen de dicha sociedad. De este modo, se consigue preservar el patrimonio de los socios antiguos.

Eso sí, en una ampliación de capital el valor de la acción desciende de manera alarmante. Y para muestra, un botón: el Banco Santander. Desde 2008 y hasta 2015, intervalo de tiempo en el cual el banco estableció una política de dividendo flexible o scrip dividend, una ampliación de capital encubierta dentro de la política de retribución al accionista, el valor de la acción descendió un 40%.

Por esta razón, las ampliaciones de capital en las empresas tienen que realizarse teniendo en cuenta la pérdida de valor de la acción, que sin duda perjudicará a los accionistas.

En Pymes y Autónomos | Opciones para que un socio aporte dinero a la empresa

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El capital riesgo invierte ya más de 3.500 millones de euros en España

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El capital riesgo invierte ya más de 3.500 millones de euros en España

Con la crisis y la consecuente sequía de crédito, fueron muchas las empresas que se vieron obligadas a encontrar fuentes alternativas de liquidez para financiar sus inversiones. De este modo, se impulsaron nuevas iniciativas que suplían el crédito bancario, del cual eran extremadamente dependientes las empresas, especialmente las pymes, en España.

Una de estas fuentes es el capital riesgo, un tipo de financiación concedida a empresas de alto potencial de crecimiento a cambio de una participación en los beneficios de la sociedad, ampliamente utilizada en países de nuestro entorno y ya consolidada en los países anglosajones, donde ya supone un porcentaje del total de financiación más elevado que el de la financiación bancaria.

En España, el capital riesgo no ha dejado más que crecer en los últimos años, animado por un entorno institucional mucho más apto para este tipo de inversión. de hecho, y según el informe anual Venture Capital & Private Equity en España elaborado por la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri), el volumen de inversión de las entidades de capital riesgo superó ampliamente los 3.500 millones de euros (en concreto, 3.619), un 33,6% más que el año anterior.

Este capital se repartió entre 603 inversiones (+4%), con una inversión media de seis millones de euros. El segundo semestre de 2016 fue especialmente intenso, ya que fue en este periodo de tiempo donde se concentró la mayor parte de la actividad, un 73%.

Por sectores, quienes más inversión concentraron fueron hostelería y ocio, con más de un 25% del total, productos de consumo (10,6%), comunicaciones (9,6%), informática (8,1%) y energía y recursos naturales, con un 8%. No obstante, fue informática el sector que mayor número de inversiones pudo financiar, con 250.

Una buena noticia que, además, se complementa con el incremento de inversión de los fondos e inversores nacionales. Aunque todavía son fondos internacionales quienes lideran esta inversión, con más de 2.600 millones de euros. Un poco más de 1.000 millones de euros de inversión provienen de entidades nacionales.

Buenos datos que confirman un cambio de tendencia en el mundo de la inversión y financiación empresarial. Las empresas se exponen cada vez menos a la financiación bancaria, tan sensible a los ciclos económicos, y cada vez más a otras fuentes más estables y solventes para obtener liquidez.

En Pymes y Autónomos | Seis diferencias entre los business angels y el capital riesgo

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Autónomo, si vas a irte de vacaciones, no dejes de cotizar a la Seguridad Social

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Autónomo, si vas a irte de vacaciones, no dejes de cotizar a la Seguridad Social

Hace pocos días dimos el pistoletazo de salida al verano. Por delante, tres meses en los que el descenso de actividad empresarial será la tónica predominante. Muchos autónomos aprovechan para tomarse unas merecidas vacaciones y volver con las pilas cargadas tras el período estival, aunque muchos otros llevan tantos años sin saber lo que son unas vacaciones que casi les entra hasta la risa de que si quiera podamos insinuar que las vacaciones también existen para los autónomos.

Evidentemente, este descanso tiene como consecuencia una reducción parcial o total de sus ingresos mensuales, así que toca hacer cuentas para reducir gastos. ¿Qué se puede hacer? La primera tentación es darse de baja de forma temporal en el RETA. Pero ¿realmente es una buena idea? La respuesta es no, aunque depende de los casos.

Y es que darse de baja tiene como consecuencia la pérdida de algunas bonificaciones para las que es necesario haber cotizado durante un periodo de tiempo continuado. Este es el caso de la prestación por cese de actividad, para la cual se exige haber cotizado durante, al menos, doce meses de manera continuada durante los 12 meses anteriores a la solicitud. Darse de baja del RETA implica perder este derecho, aunque es cierto que su cotización es voluntaria y, por tanto, esta pérdida de derechos no se aplica en todos los casos.

Además, en algunas ocasiones, los derechos adquiridos pueden no materializarse por no haber cotizado lo suficiente. Este es el caso de enfermedad común, para la cual se exige haber aportado a las arcas de la Seguridad Social al menos durante 180 días en los cinco años anteriores a la solicitud para poder cobrar el subsidio.

Todo ello por no hablar de la jubilación. Con la nueva forma de cálculo, a partir de 2027 será necesario haber cotizado durante 38 años y medio para poder acceder a la pensión de jubilación. Esto significa que un autónomo que quiera jubilarse a la edad legal (67 años), tendría que haber cotizado desde los 28 años de manera interrumpida. Dejar un mes cada año sin cotizar por irnos de vacaciones implica perder más de tres años, lo cual aumenta de manera significativa la edad a la cual terminaremos disfrutando de nuestro retiro dorado.

Además, el hecho de dejar de cotizar da lugar a las conocidas como lagunas de cotización, que no es más que periodos no cotizados que se encuentran en el intervalo de meses a partir de los cuales se determina la base reguladora. En el caso del RETA, no existirá fórmula de integración de lagunas de cotización, a diferencia de lo que ocurre con el Régimen General, computando como cero la base de los meses en los que no haya habido obligación de cotizar. Dicho de otro modo, la base reguladora desciende y, por tanto, también la pensión de jubilación.

Evidentemente, el hecho de no dejar de cotizar supone tener que seguir asumiendo un coste que nos vendría muy bien de cara a las vacaciones. Si bien es posible darse de baja en el RETA mensualmente (y hasta puede que nos compense, si es un mes puntual y no cotizamos por cese de actividad), conviene revisar si los derechos que perdemos compensan ese descanso que vamos a disfrutar.

En Pymes y Autónomos | La base mínima de cotización subirá un 3% a partir de julio

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Nueva calculadora para conocer los plazos del SII de la Agencia Tributaria

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Nueva calculadora para conocer los plazos del SII de la Agencia Tributaria

En Julio entra en vigor el SII y para que las empresas no tengan problemas a la hora de calcular los plazos que tienen para remitir las facturas, la Agencia Tributaria ha puesto a su disposición una calculadora de plazos para el SII que indicará la fecha límite.

También informará del periodo y ejercicio de anotación en el Libro registro de facturas emitidas y en el Libro registro de facturas recibidas para cada una de las distintas claves de facturas. Esta calculadora tiene en cuenta que en su puesta de largo para las facturas emitidas, el plazo será de ocho días naturales desde la expedición de la factura sin computar sábados, domingos y los declarados festivos nacionales.

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¿Qué es exactamente el IPREM y por qué no hay que confundirlo con el SMI?

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¿Qué es exactamente el IPREM y por qué no hay que confundirlo con el SMI?

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de determinadas ayudas públicas, tales como el subsidio de desempleo, algunas prestaciones sociales y subvenciones, en función de los ingresos de .

En líneas generales, la concesión de alguna de estas ayudas estará subordinada a que los ingresos del solicitante no supere un número de veces el IPREM. A modo de ejemplo, la solicitud de una VPO tendrá como límite que el solicitante no supere en 5,5 veces el IPREM. En este caso, simplemente habrá que multiplicar el IPREM por 5,5 para calcular el nivel máximo de ingresos que daría derecho a participar en estas ayudas.

En 2017, el IPREM mensual tiene un valor de 532,51 euros, y su valor se ha mantenido igual desde 2010. Desde su creación en 2004, la evolución de este indicador ha sido la siguiente:

Año

IPREM Mensual

IPREM Anual (12 pagas)

IPREM Anual (14 pagas)

2017

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

2016

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

2015

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

2014

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

2013

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

2012

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

2011

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

2010

532,51 €

6.390,13 €

7.455,14 €

2009

527,24 €

6.326,86 €

7.381,33 €

2008

516,90 €

6.202,80 €

7.236,60 €

2007

499,20 €

5.990,40 €

6.986,80 €

2006

479,10 €

5.749,20 €

6.707,40 €

2005

469,80 €

5.637,60 €

6.577,20 €

2004

460,50 €

5.526,00 €

6.447,00 €

Al igual que ocurre con el SMI, el IPREM se publica anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que deberemos fijarnos en los últimos datos publicados para determinar su valor.

¿Por qué se utiliza un indicador diferente al SMI?

Hasta 2004, el valor utilizado como referencia para la concesión de determinadas ayudas era el SMI. Desde ese momento, se decidió utilizar el IPREM con este fin, dejando el SMI únicamente como referencia para el mercado laboral.

La razón de este cambio obedece a la necesidad de crear un indicador que sirviese para dar respuesta a una realidad concreta y diferente a la de la evolución del mercado de trabajo. En general, este indicador debería servir para evitar que un aumento del SMI tuviese consecuencias sobre el sistema de ayudas y subsidios. Por ejemplo, si este año el indicador utilizado hubiese sido el SMI, el IPREM habría aumentado un 8%, por lo que la población susceptible de solicitar estas ayudas hubiese aumentado también de manera notable.

En la actualidad, y desde que se puso en marcha en IPREM, las cuantías de ambos indicadores han seguido su propio camino, hasta el punto que ya no tienen nada que ver pues, en la actualidad, hacen referencia a realidades completamente distintas.

En Pymes y Autónomos | El aumento del SMI podría tener el efecto contrario al deseado: empobrecer aún más a los trabajadores

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La ley de autónomos dejará fuera una de las mayores reclamaciones: la cotización por los ingresos reales

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La ley de autónomos dejará fuera una de las mayores reclamaciones: la cotización por los ingresos reales

A pesar de que la ley de autónomos siga siendo una promesa electoral sin visos de hacerse realidad, lo cierto es que muchos detalles de la misma ya se conocen. Y, aunque muchas de las medidas de esta ley cubren agujeros y reclamaciones históricas de los autónomos, se dejan fuera otras que sería urgente modificar.

De hecho, había grandes esperanzas depositadas en que esta ley reformase el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para que se cotizase en función de los ingresos reales y no de la decisión del trabajador, que puede elegir entre las bases mínima y máxima, como sucede en la actualidad.

Sin embargo, esta necesaria reforma ha quedado definitivamente fuera de la ley, y habrá que seguir esperando a futuros textos para que vea definitivamente la luz. No hay que olvidar que el 86% de los autónomos cotizan por la base mínima (la cual, por cierto, ha sido incrementada varias veces en los últimos años), y esto supone un verdadero problema para este colectivo.

En primer lugar, porque habrá muchos trabajadores cuyos ingresos no lleguen a la base mínima de cotización (e, incluso, coticen sin tener ingresos), y el hecho de tener que pagar esta cuota mensual mínima puede suponer, en algunos casos, la disolución de su negocio. Hay que tener en cuenta que, según datos proporcionados por la Agencia Tributaria, los ingresos medios de los autónomos que tributan por el sistema de estimación directa no llegan a los 10.000 euros al año (en concreto, 9.764,25 euros al año o 813 euros brutos al mes).

Además, dado que la gran mayoría de autónomos deciden cotizar por la base mínima a lo largo de la mayor parte de su vida laboral, su pensión de jubilación es ostensiblemente más baja que la de un trabajador asalariado. En concreto, mientras la pensión media de los primeros es de unos 784 euros al mes, los trabajadores por cuenta ajena perciben una pensión de 1.312,13 euros al mes. De hecho, son muy pocos los casos en los que la pensión pública se complementa con otros productos de previsión privado.

Y todo ello teniendo en cuenta que tanto las bases mínimas como las bases máximas no han parado de subir en los últimos años, lo que ha acabado aumentando la cuota mensual de los trabajadores autónomos. De todos modos, aunque se trate de una reforma urgente, ni está ni, de momento, se le espera.

En Pymes y Autónomos | Estos son los requisitos para que un autónomo mayor de 65 años no pague la Seguridad Social

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