Javier Ruiz
El concurso de acreedores ha dejado de ser un fenómeno asociado a las grandes empresas. Según el portal Iberinform, este 2025 más del 60 % de los concursos abiertos en España corresponden a autónomos y micropymes, como también han recogido otros medios de noticias.
Una estadística que confirma la vulnerabilidad del tejido empresarial más pequeño ante la falta de liquidez, el encarecimiento de la financiación y la presión de los costes.
Cambios en el perfil de los deudores
Estos datos van de la mano de la Estadística del Procedimiento Concursal elaborada por el Colegio de Registradores y la Asociación Independiente de Registradores (AIREG): solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 15.384 deudores concursados, un 87,6 % más que un año antes, de los cuales el 89,2 % eran personas físicas: la mayoría de afectados son autónomos y pequeños negocios.
Las causas son múltiples. Por un lado, el endeudamiento acumulado durante la pandemia y la crisis energética ha dejado cicatrices en muchos negocios. A esto se suma el incremento de los costes financieros, con tipos de interés más altos, y la dificultad para acceder a crédito en fases de tensión.
Además, sectores como el comercio y la construcción lideran los concursos, según Iberinform, lo que refleja que las actividades intensivas en circulante o dependientes del consumo son las más golpeadas.
Cambios en la última reforma concursal
La última gran reforma, recogida en la Ley 16/2022, creó el procedimiento especial para microempresas (PEM). Este mecanismo se aplica a negocios con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 700.000 euros o un pasivo de menos de 350.000 euros. Su objetivo era abaratar costes, simplificar trámites y digitalizar fases del concurso.
Un análisis reciente del Banco de España señala que, aunque todavía es pronto para medir su impacto real, no se ha observado que el PEM reduzca de forma significativa la probabilidad de insolvencia respecto a empresas más grandes. Eso sí: ha facilitado que más microempresas se acojan a este proceso frente a las barreras del sistema anterior.
Para un autónomo, declararse en concurso no solo afecta al negocio: en muchos casos, su patrimonio personal está en riesgo. Si no se activa a tiempo la Ley de Segunda Oportunidad, la insolvencia puede acabar arrastrando vivienda y bienes personales.
En el caso de las micropymes, el concurso implica costes añadidos (honorarios de abogados, administradores concursales, pérdida de proveedores) y un estigma reputacional que dificulta retomar la actividad.
Algunos expertos recuerdan que, aunque el procedimiento se ha simplificado, la realidad es que muchos negocios llegan demasiado tarde: cuando la deuda es inasumible y la reestructuración ya no es viable.
Sectores y territorios más golpeados
El repunte de concursos no afecta por igual a todos los negocios. Según datos de Iberinform, el 62 % de los concursos corresponde a microempresas, el 31 % a pequeñas, el 5,8 % a medianas y solo el 0,3 % a grandes compañías. El problema se concentra, por tanto, en la base del tejido empresarial.
En cuanto a sectores, el comercio lidera con un 24 % de los concursos, seguido de la construcción e inmobiliario (19 %), la industria manufacturera (15 %) y los servicios a empresas y hostelería (11 %). Entre los subsectores con mayores aumentos destacan la industria extractiva (+200 %), el textil (+85 %) y el alojamiento hotelero (+48 %).
El mapa territorial también muestra diferencias: Cataluña concentra el 26 % de los concursos, seguida de Madrid (22 %), Comunidad Valenciana (14 %) y Andalucía (10 %). En crecimiento relativo destacan Ceuta (+100 %), Baleares (+44 %) y Extremadura (+32 %), mientras que Melilla (−50 %), Cantabria (−39 %) o Castilla y León (−29 %) registran descensos.
Otro dato relevante es la antigüedad de las empresas: predominan las de 6 a 10 años (29 %) y las de 0 a 5 años (21 %). Los mayores incrementos respecto a 2024 se concentran precisamente en los negocios más jóvenes, lo que muestra que las iniciativas empresariales recientes tienen más dificultades para consolidarse y resistir periodos de tensión financiera.
Además, muchos autónomos y microempresas llegan al concurso sin activos suficientes, lo que reduce las opciones de recuperación y aumenta la probabilidad de liquidación. Un factor que explica por qué, pese a la reforma concursal, la recuperación de estos negocios sigue siendo limitada.
Alternativas antes del concurso
Los especialistas recomiendan a autónomos y pymes no esperar al último momento, recordando que existen mecanismos como:
- Los acuerdos de reestructuración temprana con acreedores, que permiten renegociar condiciones antes de caer en concurso.
- El propio procedimiento especial para microempresas, más ágil y digital, aunque aún poco conocido fuera de los despachos profesionales.
- La ley de segunda oportunidad, que abre la puerta a la exoneración parcial de deudas en ciertos casos.
- Asesoramiento financiero preventivo, con planes de viabilidad y alertas tempranas que ayuden a detectar tensiones de tesorería.
En cualquier caso, que seis de cada diez concursos afecten ya a autónomos y micropymes es una señal de alarma: la insolvencia es un problema estructural del tejido más pequeño.
Para el conjunto de la economía, supone un riesgo: si las microempresas y autónomos caen, arrastran a proveedores, empleados y economías locales. Del mismo modo, para los propios negocios se evidencia la necesidad de más acompañamiento institucional: guías prácticas, formación financiera y acceso a servicios de asesoría temprana.
En conclusión, el concurso de acreedores se ha convertido en una realidad cada vez más común entre autónomos y micropymes, que concentran la mayoría de los casos en 2025. La reforma concursal ha introducido herramientas nuevas, pero la falta de información y la demora en reaccionar siguen siendo los grandes problemas.
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