RSS IPC

El pasado 13 de enero, el Instituto Nacional de Estadística publicaba su estadística mensual sobre Índice de Precios al Consumo (IPC). Se trata de un indicador que mide el aumento del nivel general de precios y que representa, en cierto modo, el nivel de inflación de un país en un momento determinado.

Aunque la primera parte del año pasado, este indicador se situó en terreno negativo, la tasa ha ido creciendo desde agosto hasta dispararse en diciembre de 2016, con un aumento del 1,6%, nueve décimas por encima de lo registrado en el mes anterior, que se explica fundamentalmente por el aumento de los carburantes. La inflación vuelve a instalarse en nuestra economía y esto no supone, a priori, buenas noticias para las pymes españolas.

En el sector empresarial, el debate sigue muy vivo: ¿debemos vincular los salarios al aumento del coste de la vida o a la productividad de cada empleado? Se trata de una disyuntiva tan antigua como difícil de solucionar, que cuenta con opiniones contrapuestas: por un lado, los sindicatos, que abogan por ligar el salario del trabajador a la inflación para que nadie pierda poder adquisitivo y, por otra, la patronal, cuya propuesta es vincular los salarios a la productividad de cada empleado.

La realidad es que ambas opciones plantean problemas que no cuentan con una sencilla respuesta y el consenso entre los principales agentes sociales resulta, dadas estas circunstancias, complicado. ¿Qué debe hacer un empresario? ¿Ligar los salarios de sus empleados al IPC o a la productividad?

El gobierno, en su afán de aligerar la carga financiera del sector público, está ultimando la que se denomina Ley de Desindexación del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en principio está prevista que se aplique únicamente a los contratos y salarios de naturaleza pública, pero que por su incidencia en la economía nacional, en la práctica podría extenderse al sector privado, afectando a los contratos y rentas empresariales, concretamente en la valoración de sus flujos financieros.

Analicemos por ejemplo el caso de una empresa patrimonial que mantiene un contrato de arrendamiento sobre una nave industrial a una empresa de servicios, estableciéndose por contrato que las cantidades satisfechas por concepto de alquiler se actualizarán con este índice de precios. Pues bien, estos flujos financieros podrían deteriorarse a futuro, e incluso puede poner en peligro a la arrendadora porque es posible que el capital percibido pueda quedar por debajo de la cuota hipotecaria que debe afrontar en la financiación de su compra.

Hace un tiempo que se viene hablando de que si los salarios deben ir ligados a la evolución del IPC o no, de que si deben ir ligados a la productividad o bien a mil y una variables, y yo sin duda creo (y ya es conocida mi opinión) que es un debate interesante pero estéril, pues a mi entender y como he repetido hasta la saciedad entiendo que el único salario válido debe de ser aquel pactado libremente.

Y es que si lo analizamos fríamente, ¿qué es lo que debe de marcar los salarios?, ¿quién debe de marcar lo que debe cobrar un trabajador por un determinado trabajo? Es más, un trabajo ¿cuándo está bien o mal pagado?, o incluso, ¿debe de existir salario mínimo? A mi entender todas las cuestiones anteriores tienen una rápida e ideal solución: los salarios solo los debería fijar el libre mercado, la ley de la oferta y la demanda, un trabajo no esta ni bien ni mal pagado, simplemente se paga lo que es rentable para todos, y no debería existir salario mínimo.