Javier Ruiz
El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa un nuevo modelo para actualizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que afectaría a los trabajadores por cuenta ajena. La propuesta, enviada a sindicatos y patronal, busca indexarlo a la inflación y revisarlo dos veces al año, una medida que reabre el debate sobre los costes laborales y su efecto en las pymes y los autónomos con empleados.
El texto, que se encuentra en fase de borrador, plantea blindar el poder adquisitivo de los salarios más bajos frente al encarecimiento de la vida. Sin embargo, la forma escogida por Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo —una revisión automática y semestral— ha generado inquietud entre los negocios.
Qué propone exactamente Trabajo
Según adelantó Expansión, el borrador plantea que el SMI quede vinculado por ley al Índice de Precios al Consumo (IPC), de forma que se actualice automáticamente en enero y julio. Con ello, el salario mínimo no podría caer por debajo del 60 % del salario medio nacional, en línea con la Carta Social Europea.
Esta fórmula implicaría que el SMI se ajuste al ritmo de la inflación sin necesidad de negociación política o sindical, un mecanismo que ya existe en países como Bélgica o Luxemburgo, donde los salarios se revalorizan periódicamente según los precios al consumo.
En España, no obstante, el SMI también determina la base mínima de cotización de los autónomos y trabajadores por cuenta ajena, de modo que cualquier variación afecta directamente a las cuotas mensuales. Si se aprueba, los autónomos verían dos subidas anuales automáticas de su base mínima, sin que sus ingresos necesariamente hayan aumentado al mismo ritmo.
Además, la base mínima de cotización de los autónomos está indirectamente vinculada al Salario Mínimo Interprofesional, ya que este actúa como referencia legal para fijar los tramos del sistema por ingresos reales.
Dicho de otro modo, cada vez que sube el SMI, el Ministerio de Inclusión revisa las bases para mantener la proporción entre tramos, lo que se traduce en un aumento automático de las cuotas.
Según la Seguridad Social, esto garantiza coherencia entre rentas y cotizaciones, pero para muchos autónomos el principal problema es la falta de previsibilidad: dos revisiones anuales del SMI podrían implicar dos ajustes en las cuotas dentro del mismo ejercicio, complicando todavía más la planificación fiscal.
Asimismo, el Ministerio estudia limitar el uso de pluses o complementos para absorber la subida, según avanzó El País, de modo que los incrementos impacten directamente en el salario base. Para las microempresas, esto puede suponer un sobrecoste inmediato sin posibilidad de compensación interna.
Desde ATA recuerdan que "el SMI debe revisarse con criterios técnicos y previsibles, no mediante automatismos que ignoren la realidad de cada sector". En la misma línea, la CEOE advirtió que las subidas automáticas "desincentivan la negociación y generan incertidumbre", especialmente en sectores con baja productividad o alta temporalidad.
Por su parte, UGT y CCOO han respaldado la medida al considerar que garantizaría un salario mínimo ajustado al coste real de la vida, y recuerdan que España sigue lejos de los estándares salariales del norte de Europa.
Impacto estimado
A falta de cifras definitivas del INE sobre el salario medio de 2025, el Gobierno calcula que el 60 % equivaldría a una horquilla de entre 1.410 y 1.470 euros brutos al mes. Si el SMI actual es de 1.134 €, el incremento rondaría entre un 2 % y un 6 %, dependiendo de la evolución de los precios.
Para un autónomo que cotiza por la base mínima —en torno a 960 € mensuales, según datos de la Seguridad Social—, la subida podría traducirse en un coste adicional de entre 5 y 15 euros al mes, que podría duplicarse si se aplican dos revisiones anuales. En el caso de los autónomos empleadores, se calcula que el impacto por la ampliación en las nóminas y las cotizaciones sería más amplio.
Según estimaciones del Consejo General de Economistas, una microempresa con dos empleados a jornada completa podría asumir entre 600 y 800 euros más al año en costes laborales con una subida del 5 %, sin contar los efectos fiscales o de IRPF.
Desde el Gobierno se defiende que esta política da continuidad a su estrategia de salarios dignos, iniciada en 2018 con la primera gran subida del SMI (de 735 € a 900 €). Desde entonces, el salario mínimo ha crecido más de un 50 %, mientras que la inflación acumulada lo ha hecho un 25 %, según datos del INE.
Para el Ejecutivo, la fórmula de indexación permitiría despolitizar las subidas y asegurar un estándar mínimo homogéneo en todo el territorio. Sin embargo, ya se han advertido de los riesgos de ralentizar el empleo en sectores de baja productividad (hostelería, comercio minorista), donde los márgenes son más reducidos, y del efecto arrastre sobre precios y cotizaciones, que puede neutralizar parte del beneficio real de los trabajadores si la inflación se mantiene alta.
Próximos pasos
El debate llega justo antes de que el Comité de Expertos del SMI entregue su informe técnico anual y el Gobierno cierre la cifra definitiva para 2026. Además, según El Nacional, Hacienda estudia si el nuevo SMI debe tributar o no al IRPF, lo que podría alterar los cálculos netos de los salarios más bajos.
En cualquier caso, la implantación de un mecanismo semestral supondría un cambio estructural en el mercado laboral español. Más allá del debate político, el reto será equilibrar la protección del poder adquisitivo con la sostenibilidad de los pequeños negocios, que siguen representando más del 90 % del empleo privado en España.
En conclusión, si se aprueba esta nueva medida el SMI se actualizaría dos veces al año según el IPC y se mantendría siempre en torno al 60 % del salario medio nacional: el objetivo es garantizar un salario mínimo real y evitar pérdidas de poder adquisitivo, pero la medida implicaría un aumento anual de entre el 2 % y el 5 % en costes laborales y cuotas, con un efecto especialmente sensible en autónomos y microempresas.
El debate, más que económico, será de equilibrio: cómo sostener salarios dignos sin comprometer la viabilidad de quienes los pagan.
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