Sergio Delgado
EditorBuenas noticias para las pymes que anhelaban poder acceder a la contratación pública de obra. A partir de este mismo año, autónomos y pymes pueden acreditar su experiencia técnica con trabajos realizados en los últimos diez años, ampliando el margen respecto al límite anterior de cinco.
La modificación, recogida en la Orden HAC/34/2026, tiene como objetivo aumentar la concurrencia en determinados sectores donde el número de licitadores era reducido.
El ajuste llega, además, en un momento en el que la contratación pública mantiene un gran peso en la economía.
Según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el volumen de licitación pública en España superó los 40.000 millones de euros en 2025. Aunque eso sí, la participación de pymes seguía siendo limitada en ciertos segmentos técnicos.
Un cambio normativo que amplía el acceso a contratos públicos
La ampliación del periodo de acreditación de experiencia supone una modificación directa en los criterios de clasificación empresarial regulados por la Ley de Contratos del Sector Público.
Hasta ahora, muchas empresas quedaban excluidas al no poder justificar trabajos recientes, pese a contar con trayectoria suficiente.
Con la nueva regulación, esa experiencia previa vuelve a ser válida, lo que incrementa el número de compañías que pueden concurrir a licitaciones. Este cambio afecta especialmente a sectores técnicos donde los ciclos de contratación son irregulares y pueden pasar varios años entre adjudicaciones.
Además, la medida se alinea con las recomendaciones de la Comisión Europea para fomentar la participación de pymes en la contratación pública, recogidas en informes como el Small Business Act.
Sectores donde se aplicará la flexibilización
Eso sí, dicha modificación no se extiende a todas las actividades. Se limita a subgrupos específicos donde se había detectado una baja competencia.
Entre ellos destacan las infraestructuras terrestres, las obras ferroviarias, hidráulicas, marítimas y proyectos vinculados a la energía.
Esta selección responde a análisis previos de la Administración, que han identificado áreas con escaso número de empresas clasificadas.
Según datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en algunos procedimientos apenas concurrían dos o tres licitadores, lo que reducía la competitividad.
Al ampliar el número de empresas que cumplen los requisitos, se espera mejorar la concurrencia y favorecer una mayor diversidad de ofertas.
La recuperación de experiencia “antigua” cambia el escenario
Uno de los efectos más inmediatos es la recuperación de valor de proyectos ejecutados hace años. En sectores donde la actividad depende de inversiones públicas o ciclos económicos, esta posibilidad resulta clave para muchas pymes.
Esto permite a empresas que no han tenido adjudicaciones recientes volver a posicionarse en el mercado público.
Además, la clasificación obtenida influye directamente en el tipo de contratos a los que se puede acceder. Y claro está: una mejora en la categoría abre la puerta a licitaciones de mayor volumen económico, lo que puede traducirse en oportunidades de crecimiento.
El procedimiento exige acreditar la experiencia mediante certificados de buena ejecución, emitidos por clientes o administraciones públicas. Estos documentos deben cumplir los requisitos técnicos establecidos para ser válidos.
El plazo máximo de resolución se sitúa en seis meses, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El incremento del número de empresas clasificadas va a tener, como no, un impacto directo en la competencia. A mayor concurrencia, mayor presión sobre las ofertas económicas y técnicas.
De hecho, según el informe Reformas para impulsar la competencia en España realizado por Funcas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la falta de competencia en algunos contratos afecta a la eficiencia del gasto público. Por ello, se espera que la reforma busque corregir estee desequilibrio.
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