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Montoro asegura que las administraciones pagarán en 30 días desde octubre

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Montoro asegura que las administraciones pagarán en 30 días desde octubre

Tras una reunión mantenida ayer con Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomo ATA, el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, aseguró que las administraciones pagarán en 30 días desde el mes de octubre.

Recordemos que la Ley contra la Morosidad establece que desde el 1 de enero de este año ese plazo de pago es obligatorio y una directiva de la UE, en vigor desde el mes de marzo, también obliga a los organismos oficiales a pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días.

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¿Será efectivo el nuevo 'Plan de pago a proveedores'?

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¿Será efectivo el nuevo 'Plan de pago a proveedores'?

En un entorno en el que la morosidad en las empresas está a la orden del día, sufriendo muchas de ellas el retraso e incluso el impago de facturas pendientes de cobro por parte de la administración. Para intentar combatir este fenómeno, el gobierno dedicó el pasado año unos recursos importantes, a través del primer Plan de pago a proveedores, pero aún así, no ha sido posible resolver algunas cuestiones tan importantes como el plazo máximo en el que han de abonar las cantidades adeudadas.

Como la evidencia es clara, el ministro titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha tenido más remedio que reformular dicho plan en su ampliación prevista para el presente ejercicio fiscal de 2013, siendo mucho más preciso en cuanto al plazo máximo de pago, que según ha indicado se pretende fijar en 30 días.

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ATA denunciará a las administraciones que incumplan la Ley de Morosidad

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ATA denunciará a las administraciones que incumplan la Ley de Morosidad

El próximo 20 de marzo de 2013 entra en vigor la directiva europea de morosidad y finaliza el periodo transitorio marcado por la Ley de Morosidad por lo que desde esa fecha todas las Administraciones Públicas estarán obligadas a pagar a sus proveedores en el plazo máximo de 30 días. Teniendo en cuenta que hasta ahora el incumplimiento de esta Ley es generalizado por parte de las Administaciones, ATA anuncia que denunciará a las Administraciones que, desde esa fecha, incumplan los plazos de pago.

Según se fija en dicho régimen transitorio, el plazo máximo de pago que puede aplicar la Administración es de 45 días. ATA indica que más de la mitad de los autónomos tarda más de seis meses en cobrar y el 24% de los mismos sufre un retraso de casi un año.

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¿Pretende la banca quedarse con el dinero del pago a proveedores públicos?

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¿Pretende la banca quedarse con el dinero del pago a proveedores públicos?

Vamos de despropósito en despropósito. Ya compartía en su momento mi escasa confianza en el plan de pago a proveedores de las administraciones locales. Me parecía un artificio de, llamémosle project finance, financiación estructurada o un engendro de esos, dirigido a aplazar lo inevitable. Ayer, tras leer en El Mundo una noticia ampliamente recogida en la blogosfera, más de uno se preguntará si la Banca pretende quedarse con el dinero del pago a proveedores. El párrafo de arranque de la noticia es contundente.

Los bancos quieren usar los 35.000 millones de euros que el Gobierno aprobó para pagar las deudas de las administraciones públicas para liquidar los pagos pendientes que los proveedores tienen con las entidades financieras.
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En 2012 se reducen los plazos de pago según la ley

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En 2012 se reducen los plazos de pago según la ley

La Ley de lucha contra la morosidad establece que en 2012 se reduzcan los plazos de pago a proveedores a 75 días de máximo en los pagos entre empresas y a 40 para el pagp de las Administraciones Públicas. Esta reducción se debe al cumplimiento del régimen transitorio de la ley a los plazos definitivos, que quedarán fijados en 60 y 30 días respectivamente.

Esta noticia sería relevante si realmente se cumpliera la ley. Por desgracia. como ya hemos comentado en varias ocasiones, la morosidad es el principal problema con el que se encuentran las empresas a la hora de mantener su actividad y alcanza tintes dramáticos por su influencia en el cierre de muchas de ellas y la consecuente destrucción de empleo.

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¿Puede aprender la pyme de la gestión de la Administración Pública?

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Una de las tónicas habituales para escribir un post suele ser coger alguna entrada de otro blog y comentarla, alabándola o poniéndola a parir. En mi caso, si tuviese que alabar un post reciente tengo claro que uno de los candidatos sería Reinventar la Gestión Pública (1) la referencia empresarial, de Estratega. En dicho post, Martínez contempla la crisis como una posibilidad para remodelar la Gestión Pública aprovechando enseñanzas de la empresa privada. Pero ahí se acaba la alabanza, ya que mi propósito es aprovechar el post de Martínez para plantear una pregunta a la inversa: ¿puede aprender la pyme de la gestión de la Administración Pública?, ¿qué se puede copiar del management público?

Me consta que el post tiene un mucho de provocador. Para empezar la Administración Pública es el coco de buena parte de las empresas de este país, especialmente de las pymes. Además tiene asociada una imagen de ineficiencia supina. Y por último, cualquiera que me conozca, y conociendo mi ideología pensará que estoy de broma. Pero no es así, prescindamos de prejuicios y pensemos en que podemos aprender los unos de los otros, que hay más de un aspecto que más nos valdría emular, al menos en las pymes.

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Sector farmacéutico, un sector en reconversión

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Sector farmacéutico, un sector en reconversión

Recuerdo cuando de pequeño hablaba con mi abuelo de los negocios más seguros para montar, que siempre salía a colación el sector de las farmacias. Hoy, si mi abuelo levantará la cabeza, no sé si diría lo mismo, y no sé si lo diría por culpa especialmente de quien no les paga: las administraciones públicas.

Pensaba y sigo pensando que la salud, del mismo modo que la muerte o los bares, son uno de los negocios más seguros que hay, pues en el primero está claro que mientras no seamos todos robots siempre habrá necesidad de medicamentos para nuestras enfermedades. En el segundo, claro está también que hasta que seamos inmortales, la muerte (y por tanto el negocio con ella) es segura. Y los terceros, siempre tendrán clientela (aunque no siempre rentable, pero ese es otro caso) entre los bebedores de la localidad. Pero mientras los segundos y los terceros dependen de que les pague un privado, el primero depende en gran medida del sector público y ahí radica el problema.

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Aportaciones de la morosidad

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Aportaciones de la morosidad

Cuando se trabaja para una multinacional extranjera, sobre todo norteamericana, uno de los aspectos más críticos que provoca más discusiones con la corporación surge del hecho de la morosidad. En las empresas españolas por norma general, la morosidad es el pan nuestro de cada día, este hecho se agrava si trabaja con la Administración.

No es nada nuevo que los niveles de morosidad de las administraciones es intolerable, quien trabaje con una administración y no tenga una factura impagada de más 270 días ya puede considerarse muy afortunada. Volviendo al punto de partida, para una matriz extranjera no se podría volver a suministrar a ese cliente teniendo partidas vencidas pendientes.

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¿Funcionarios con las condiciones de los empleados privados?

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¿Funcionarios con las condiciones de los empleados privados?

¿Os imagináis que los trabajadores del sector público español se rigieran por las mismas condiciones que nuestras empresas? Isak Andic también. El presidente de Mango ha propuesto, como presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), que los nuevos funcionarios que se incorporen a la Administración pública española “tengan retribución variable y una estabilidad en el empleo similar a la de la empresa privada” y que cobren por objetivos.

Así lo ha planteado en su primera rueda de prensa como presidente del IEF (que representa firmas como Mercadona y Acciona, entre otras). Según él, la medida debería aplicarse a los nuevos empleados públicos pero sin carácter retroactivo. Muchos hemos pensado en esta posibilidad. ¿Sería una buena manera de recuperar la confianza nacional e internacional?

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Normativa europea para el control de la morosidad

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Normativa europea para el control de la morosidad

Si bien en España ya se reguló por ley anteriormente, hoy, la Eurocámara, ha aprobado una directiva por la cual se obliga, al sector público y privado, a abonar sus facturas en un máximo de 30 días. Entre empresas privadas, se podrá prorrongar el plazo a 60 días “si así lo acuerdan expresamente el deudor y el acreedor”, teniendo en cuenta que esa situación “no pueda resultar extremadamente injusta para éste último”.

Los contratos, entre las administraciones públicas y el sector privado, podrán extender el plazo para realizar el pago sólo “si se acuerda expresamente, y está justificado, objetivamente, a la luz de la naturaleza particular o características del contrato”. De todas formas “bajo ninguna circunstancia” podrán retrasar los pagos más de 60 días.

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