La Administración tiene fama de pagar, a menudo, tarde y mal. No es casual que siga siendo uno de los principales dolores de cabeza para muchos autónomos y pequeñas empresas que trabajan como proveedores.
Ahora, el Ministerio de Justicia ha abierto un nuevo camino. Se trata de un procedimiento más ágil y accesible para que los autónomos puedan reclamar facturas impagadas a la Administración sin necesidad de iniciar un proceso judicial largo o complejo. Una herramienta que, si se aplica de forma efectiva, podría marcar un antes y un después para miles de pequeños negocios.
Pagos que no llegan
Si bien puede parecer contrario a la intuición, muchas empresas que han trabajado como proveedores de productos o servicios de organismos públicos pueden confirmarlo: el sector público paga más tarde. Con retrasos notables (hasta 67 días de media, en 2023), que han llegado a comprometer la viabilidad de negocios enteros.
Existen plazos legales de pago, por supuesto, pero, en la práctica, muchas entidades públicas se retrasan o directamente incumplen.
El problema: reclamar una factura puede ser tan costoso —en tiempo y recursos— que, en muchos casos, el proveedor prefiere dejarla por imposible.
Además, si bien la Administración pública no suele dejar pagos en el aire, sí es cierto que, a menudo, les persigue una leyenda negra propia del pasado, que está notablemente subsanada.
¿Qué cambia la nueva medida?
El Tribunal Supremo (TS) ha acortado en una reciente sentencia el plazo que tienen los autónomos para reclamar contra la Administración si no les paga sus facturas.
Se trata de la sentencia 449/2025, donde el TS resolvió la duda. El cambio afecta a los procedimientos de reclamación económica cuando la deuda la tiene un organismo público.
Para ello:
- Se habilita una vía judicial simplificada para que cualquier autónomo o pyme pueda reclamar facturas impagadas
- No es necesario contar con representación legal para importes reducidos, lo que reduce los costes asociados
- Los plazos se acortan, y se promueve una tramitación más digital y estandarizada
El objetivo del Ministerio es doble: aliviar la carga del sistema judicial en procedimientos menores y, al mismo tiempo, evitar que pequeños proveedores queden indefensos ante la morosidad de las administraciones.
De esta medida, pueden beneficiarse autónomos y microempresas que hayan realizado trabajos, servicios o suministros para entes públicos, teniendo en cuenta que la factura esté vencida sin pago ni justificación y pudiendo activar el procedimiento desde el propio portal de Justicia o a través de modelos estandarizados que faciliten la reclamación.
La relevancia de la medida
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), muchas administraciones siguen pagando fuera de plazo, y las pequeñas empresas tienen poca capacidad de presión frente al Estado.
Hasta ahora, reclamar podía implicar contratar un abogado, presentar documentos complejos o esperar meses. Con esta nueva vía, el umbral de acceso baja y se reconoce que no todos los proveedores están en igualdad de condiciones frente a la Administración.
Además, se refuerza un mensaje político: el Estado debe dar ejemplo como pagador, especialmente cuando exige puntualidad a sus contratistas.
¿Es una mejora? Sin duda, pero con matices: para poder reclamar judicialmente, deben transcurrir al menos dos plazos administrativos consecutivos. El primero es el plazo legal de pago de 30 días que tiene la Administración desde la aprobación de la factura, tal como recoge el artículo 198 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
Una vez incumplido ese plazo, el contratista debe requerir por escrito el pago. A partir de ese momento, según el artículo 199 de la misma ley, la Administración tiene otros 30 días para responder o pagar voluntariamente.
Solo si no hay respuesta o no se efectúa el abono en ese segundo plazo, podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa. En la práctica, por tanto, el proveedor sigue sin poder reclamar hasta que no hayan pasado esos 60 días.
Puede marcar la diferencia
En pocas palabras, es evidente que la nueva vía no soluciona todos los problemas y queda por ver si su aplicación es homogénea, si las administraciones cumplen los plazos establecidos y si se evita el bloqueo burocrático.
No obstante, representa un avance importante en dignificar el papel del autónomo y de las pequeñas empresas como proveedoras públicas. Si se consolida y se extiende, esta medida puede reducir la tensión financiera de muchas pymes que, hasta ahora, han tenido que asumir retrasos sin herramientas efectivas para defenderse.