Sergio Delgado
EditorEl mercado laboral español va bien. Y aunque el país sigue siendo uno de los de mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea, junio ha dejado un buen sabor de boca para casi todos.
En el sexto mes del año y al calor de la temporada estival, el paro ha caído en 28.739 personas y ha bajado de los 2,3 millones por primera vez en 18 años. Además, la afiliación a la Seguridad Social continúa marcando máximos históricos con más de 22,4 millones de afiliados.
Sin embargo, detrás de este festival de cifras existe una realidad que apenas cambia desde hace dos décadas: las enormes dificultades que siguen encontrando las personas con discapacidad para acceder al empleo.
El dato resulta, de hecho, especialmente llamativo si se analiza la contratación registrada durante junio. De los cerca de 1,6 millones de contratos formalizados en España, únicamente 3.206 correspondieron a trabajadores con discapacidad. En términos porcentuales, representan apenas un irrisorio 0,19% del total.
Una tasa de empleo que continúa muy por debajo de la media
La diferencia respecto al conjunto de la población sigue siendo muy elevada. Mientras la tasa de ocupación general ronda el 70%, entre las personas con discapacidad apenas alcanza el 28,9%.
Esto supone una brecha cercana a los 40 puntos porcentuales que permanece prácticamente inalterada desde hace unos 20 años, a pesar de los distintos programas públicos puestos en marcha para favorecer la integración laboral del colectivo. Parece que estos no funcionan.
Y es que disponer de un empleo, como es lógico, no solo implica percibir un salario. También significa alcanzar una mayor autonomía personal, independencia económica y una participación más activa en la sociedad.
Las reformas recientes no atacan el problema principal
En las últimas semanas se han anunciado diversas iniciativas relacionadas con la discapacidad y la dependencia. Entre ellas figura la actualización del marco jurídico de los Centros Especiales de Empleo, cuya normativa apenas había cambiado en cuatro décadas.
También se ha anunciado una inversión de 6.200 millones de euros destinada al sistema de dependencia y continúa la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, centrada principalmente en ampliar derechos y mejorar el reconocimiento de las personas cuidadoras.
Sin embargo, estas medidas apenas inciden sobre el principal desafío que existe: aumentar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad en el mercado ordinario.
La cuota de reserva sigue siendo uno de los puntos de debate
Otro de los aspectos que continúa generando discusión es la cuota de reserva para trabajadores con discapacidad en las empresas.
El porcentaje obligatorio permanece fijado en el 2% desde hace más de medio siglo, una cifra que diversas organizaciones consideran insuficiente para impulsar una inclusión laboral más efectiva.
Desde la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), por ejemplo, defienden revisar este sistema y destacan la evolución de los Centros Especiales de Empleo, donde el número de trabajadores ha crecido de forma muy significativa durante los últimos años, demostrando que existen fórmulas capaces de generar oportunidades reales. Al menos, eso aseguran.
El empleo, clave para la inclusión social
Una cosa está clara: la mejora de la empleabilidad debe convertirse en una prioridad. La estabilidad laboral facilita el acceso a una vivienda, favorece la independencia económica y mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Y es que, mientras el mercado laboral continúa celebrando cifras récord de empleo, los datos también reflejan que una parte importante de la población sigue encontrando importantes barreras para acceder a un puesto de trabajo. Y esa barrera no es solo, por ejemplo, una silla de ruedas.
Imágenes | Nayeli Dalton
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