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El Gobierno permitirá despedir a las empresas al borde de la quiebra

El Gobierno permitirá despedir a las empresas al borde de la quiebra
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Si bien el ERTE, hasta ahora estaba siendo la tabla de salvación para muchos trabajadores y la CEOE ha ratificado el preacuerdo alcanzado con el Gobierno y los sindicatos por el que se prorrogan hasta final de junio y se mantiene la protección por desempleo y la exoneración de cotización, hay un nuevo matiz.

La novedad es que quedarán excluidas del compromiso de no despedir a los trabajadores, aquellas empresas que estén en riesgo de acogerse a un concurso de acreedores, es decir, al borde de la quiebra. Algo natural si tenemos en cuenta el escenario actual.

Prohibir o no prohibir el despido, ésa es la cuestión

Prohibir el despido era uno de los puntos que no convencían a muchos empresarios puesto que consideraban imposible mantener el puesto de trabajo a su plantilla si el final 'lógico' en un contexto donde es difícil trabajar y por ende conseguir beneficios, era la quiebra.

La desconfianza entre algunos miembros de la patronal y el Ejecutivo equivale a la misma incertidumbre que sienten los trabajadores que no sólo ven peligrar sus puestos de trabajo, sino que sólo escuchan los datos de paro tan preocupantes.

El punto de conflicto es la exigencia de que no se extingan contratos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción provocadas por la pandemia hasta el año 2021.

El Ministerio de Trabajo impuso que las empresas que no mantuvieran intacta su plantilla hasta final de año deberían devolver todas las ayudas recibidas, lo que se traducía en el reembolso de las cotizaciones de las que se vieron exentas, incluyendo además los recargos e intereses de demora.

Según los representantes de la CEOE, esta decisión del Ejecutivo no implicará una avalancha de litigios puesto que para solicitar el concurso de acreedores se necesitan unos requisitos claros y concretos.

Los empresarios no quieren nueva normalidad

Los empresarios están satisfechos con el acuerdo. Según Garamendi, el objetivo es construir unos «vasos comunicantes» entre los ERTE y la desescalada del país para lograr que España pueda volver «de nuevo a la normalidad». «No queremos ir a la nueva normalidad, sino volver de nuevo a la normalidad», ha insistido.

De no ser así, las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía española. «Los empresarios estamos deseando reincorporar a todo el mundo al trabajo pero va a ser difícil. El propio Gobierno lo reconoce. Esperamos no llegar al 20% de tasa de paro que se vaticina».

Las empresas que reinicien la actividad con reducciones de jornada podrá descontarse el 85% de las cuotas de mayo y el 70% de las de junio en caso de que cuenten con menos de 50 trabajadores, porcentaje que será del 60% en mayo y el 45% en junio si tienen más empleados.

Aquellas que reanuden su actividad pero mantengan a parte de su plantilla en suspenso podrán descontarse el 60% de las cuotas de mayo y el 45% de las de junio (menos de 50 trabajadores) y el 45 % de las cuotas de mayo y el 30% de las de junio (más empleados).

Estas medidas estarán sujetas al compromiso de la empresa, a excepción de las que estén en riesgo de entrar en concurso, de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, es decir, la reincorporación al trabajo efectivo de sus trabajadores, aún cuando sea de forma parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Se avecinan tiempos de diálogo entre los empresarios y el Ejecutivo

El presidente de la patronal, ha asegurado que le hubiera gustado una una propuesta a más largo plazo que diese «seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras, para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad».

Sin embargo, «dentro de los márgenes temporales y presupuestarios del Gobierno», los miembros del Comité entienden que este acuerdo, «aunque no es el deseado, mejora la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica».

Lo que esto significa es que vienen tiempos de diálogo entre empresarios y el Gobierno, sobre todo de los sectores más afectados como la restauración, hostelería, comercio, sector del automóvil, etcétera.

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