Sergio Delgado
EditorLa fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia no es igual en toda Europa. Mientras la mayoría de países de la Unión han avanzado hacia modelos más flexibles para los pequeños negocios, España mantiene un sistema que, según las organizaciones profesionales, penaliza especialmente a los autónomos con menor volumen de ingresos.
La diferencia es especialmente visible si se compara con los datos de ahorro obtenidos en países como Francia e Italia gracias a la aplicación del denominado IVA franquiciado.
En 2025, los autónomos de ambos países lograron reducir su carga fiscal y administrativa en más de 500 millones de euros gracias a este régimen especial.
En contraste, los profesionales españoles asumieron un sobreesfuerzo económico muy similar, pero en sentido contrario.
Según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, el colectivo soportó un impacto de 508 millones de euros en un solo ejercicio por no contar con un sistema equivalente, lo que ha reavivado las críticas hacia la política fiscal española.
Un régimen ausente en España pero común en Europa
El IVA franquiciado es un mecanismo contemplado por la normativa comunitaria que permite a los autónomos con facturación reducida quedar exentos de las obligaciones habituales del impuesto.
Su funcionamiento está pensado para aliviar la carga administrativa de los pequeños negocios y facilitar su viabilidad, especialmente en las primeras etapas de actividad o en sectores con márgenes ajustados.
En la práctica, los profesionales acogidos a este régimen no están obligados a presentar declaraciones trimestrales ni a llevar una contabilidad específica vinculada al IVA.
Tampoco repercuten el impuesto a sus clientes ni pueden deducirse el IVA soportado, pero a cambio se benefician de una notable reducción de trámites y de gastos asociados a la gestión fiscal.
En la mayoría de países de la Unión Europea el umbral se sitúa en los 85.000 euros de facturación anual.
España, sin embargo, continúa siendo la única excepción. A pesar de que la directiva comunitaria permite su implantación, el sistema no se ha incorporado al ordenamiento nacional, lo que coloca a los autónomos españoles en una posición de clara desventaja competitiva frente a sus homólogos europeos.
El impacto económico del modelo español
El informe elaborado por el Gabinete de Estudios de ATA cuantifica con precisión las consecuencias de esta diferencia normativa.
Según sus estimaciones, cerca de 770.000 autónomos españoles podrían acogerse al régimen si existiera, al encontrarse por debajo del umbral de facturación establecido por la Unión Europea.
El perjuicio económico se deriva de dos factores principales. Por un lado, el gasto directo asociado a la gestión del impuesto, que incluye servicios de asesoría, programas contables y tiempo dedicado a la cumplimentación de modelos fiscales. Este desembolso se sitúa en torno a los 300 euros anuales por profesional.
Por otro, el tiempo invertido en trámites administrativos, que se estima en unas dos horas mensuales, con un valor económico aproximado de 360 euros al año.
La suma de ambos conceptos eleva el impacto medio por autónomo a unos 660 euros anuales. Extrapolado al conjunto de los potenciales beneficiarios, el resultado es un perjuicio económico superior a los 508 millones de euros cada ejercicio, una cifra que se repite año tras año mientras no se modifique el sistema vigente.
Una brecha competitiva dentro del mercado único
Desde ATA advierten de que esta situación no solo tiene efectos económicos, sino también estructurales.
La ausencia del IVA franquiciado limita la competitividad de los autónomos españoles frente a los de otros países de la Unión, que pueden operar con menores cargas administrativas y mayor flexibilidad financiera.
En Francia e Italia, donde el régimen se aplica de forma generalizada, los profesionales con menor volumen de negocio pueden concentrar sus recursos en la actividad productiva, sin destinar tiempo ni dinero a obligaciones fiscales complejas.
Esta diferencia se traduce en mayor capacidad de inversión, precios más ajustados y una menor presión burocrática, factores clave en un contexto económico cada vez más exigente.
La reclamación ante Bruselas
La organización presidida por Lorenzo Amor ha trasladado esta situación a la Comisión Europea, al considerar que España incumple el espíritu de la directiva comunitaria y mantiene una carga adicional injustificada sobre cientos de miles de trabajadores por cuenta propia.
Desde ATA sostienen que el modelo actual genera una desigualdad de condiciones dentro del mercado único y penaliza especialmente a los autónomos con menores ingresos.
Ver 0 comentarios