Sergio Delgado
EditorLa relación entre España y las instituciones comunitarias vuelve a tensarse a cuenta de la fiscalidad. En esta ocasión, el foco se encuentra en el tratamiento del IVA aplicado a los autónomos que realizan ventas intracomunitarias, un ámbito en el que el país se ha quedado rezagado respecto al resto de Estados miembros.
La Comisión Europea ha elevado el tono y advierte de que, si no hay avances inmediatos, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El conflicto se origina en la falta de adaptación del marco normativo español a una directiva comunitaria aprobada en 2020, que establecía un nuevo régimen del IVA para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia.
Esta norma debía aplicarse de forma obligatoria en toda la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2025, pero España es, a día de hoy, el único país que no ha completado su transposición al ordenamiento interno.
Un incumplimiento que sitúa a España en solitario
La directiva europea introduce cambios relevantes en la tributación del IVA para autónomos que operan en el mercado comunitario. Entre otros aspectos, obliga a eximir de repercutir este impuesto en las ventas realizadas a clientes de otros países de la UE, eliminando así una carga fiscal y administrativa que dificultaba la actividad transfronteriza de pequeños negocios.
La Comisión Europea ha constatado que España no ha aplicado este régimen, pese a que el plazo legal expiró a finales de 2024.
Desde Bruselas se subraya que no existe constancia de que el país haya cumplido con esta obligación, lo que supone un incumplimiento del derecho comunitario. Ante esta situación, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que, si persiste la inacción, el expediente podría acabar en el TJUE.
El proyecto de ley bloqueado en el Congreso
El Gobierno español incluyó la transposición de esta directiva dentro de un proyecto de ley más amplio que introduce modificaciones en distintas normas tributarias. Sin embargo, el texto sigue en tramitación parlamentaria y no ha entrado en vigor, lo que ha generado un vacío legal respecto a la aplicación del nuevo régimen del IVA.
Desde el Ejecutivo se argumenta que el retraso responde a la complejidad del paquete normativo y al calendario legislativo, pero esta explicación no ha convencido a la Comisión Europea.
Para Bruselas, el incumplimiento no es solo formal, sino que tiene efectos directos sobre la competencia y la igualdad de condiciones entre profesionales de distintos países.
La exención opcional hasta 85.000 euros
Además de la exención obligatoria en ventas intracomunitarias, la directiva ofrece a los Estados miembros la posibilidad de aplicar un régimen de exención del IVA a autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros.
Esta medida, conocida como IVA franquiciado, busca simplificar las obligaciones fiscales de los negocios de menor tamaño.
España ha decidido no acogerse a esta opción, una decisión que ha generado un fuerte rechazo entre las organizaciones representativas del colectivo.
La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos ha denunciado esta postura ante la Comisión Europea, al considerar que sitúa a los profesionales españoles en clara desventaja frente a sus homólogos europeos.
La denuncia de ATA y sus argumentos
ATA sostiene que la negativa a aplicar el régimen de exención vulnera principios básicos del derecho comunitario, como la efectividad, la no discriminación, la proporcionalidad y la libertad de establecimiento.
La organización recuerda que el plazo para adaptar esta parte de la directiva finalizaba el 31 de diciembre de 2024, con entrada en vigor al inicio de 2025.
Según la asociación, la falta de transposición impide que los autónomos españoles puedan emitir facturas sin IVA cuando su volumen de negocio no supera los 85.000 euros anuales, una posibilidad de la que sí disfrutan profesionales de otros países de la UE.
Esto no solo incrementa el esfuerzo administrativo, sino que afecta a la competitividad y a la capacidad de expansión internacional.
La posición del Gobierno y el debate fiscal
El Gobierno ha dejado claro que no tiene intención de incorporar esta exención opcional al sistema fiscal español.
En una enmienda incluida en el proyecto de ley actualmente en el Congreso, el Ejecutivo defiende que la directiva comunitaria concede libertad a los Estados para aplicar o no esta medida, y que España ha optado por mantener el actual régimen del IVA.
Y es que, mientras otros países han aprovechado la directiva para reducir cargas y fomentar la actividad empresarial, el modelo español mantiene un nivel de exigencia que muchos consideran desproporcionado para los pequeños negocios.
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