Sergio Delgado
EditorLas pymes afrontan en 2026 uno de los escenarios de mayor presión normativa de los últimos años. A la incertidumbre económica y al aumento de los costes operativos se suma ahora una intensificación clara de los controles laborales y de Seguridad Social.
El objetivo declarado es reducir la siniestralidad y combatir el fraude, pero el impacto práctico se traduce en inspecciones más frecuentes, sanciones más elevadas y un mayor riesgo para quienes no tengan sus obligaciones perfectamente alineadas.
El foco de las actuaciones no está puesto en errores administrativos menores, sino en aquellas prácticas que afectan directamente a la seguridad de los trabajadores, al cumplimiento de la normativa laboral y a la correcta cotización.
La prevención de riesgos laborales, en el punto de mira
Uno de los principales ejes de actuación en 2026 será el control de la prevención de riesgos laborales, con especial atención a los accidentes derivados de trabajos en altura. Se trata de situaciones que, pese a producirse en tareas aparentemente rutinarias, generan consecuencias graves cuando no existen medidas de protección adecuadas.
La vigilancia se centra especialmente en accesos a cubiertas, tejados o estructuras deterioradas, donde siguen produciéndose caídas con desenlaces fatales.
La Inspección considera prioritario que las empresas adopten sistemas de protección colectiva antes de recurrir a equipos individuales, y que exista formación preventiva suficiente para cualquier trabajador que deba realizar este tipo de tareas.
En sectores como la construcción o la industria metalúrgica, este control se intensifica aún más, aunque la supervisión alcanza también a actividades menos evidentes como el mantenimiento de naves o instalaciones logísticas.
La falta de formación específica, la ausencia de medidas colectivas o la inexistencia de recursos preventivos en situaciones de riesgo grave se traduce en sanciones elevadas y, en los casos más graves, en responsabilidades económicas de gran impacto para la empresa.
Empleo irregular y control de altas en la Seguridad Social
Otro de los grandes focos de actuación gira en torno al empleo irregular. La Inspección está reforzando la detección de trabajadores que no figuran dados de alta, así como el uso indebido de contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas.
Estas actuaciones se concentran especialmente en sectores como la hostelería o la agricultura, donde el trabajo estacional y los turnos irregulares aumentan el riesgo de incumplimiento.
Las inspecciones se realizan con mayor frecuencia en horarios nocturnos y fines de semana, precisamente cuando se detectan más irregularidades.
Además del alta en la Seguridad Social, se vigila que los trabajadores cuenten con la documentación necesaria y que no existan situaciones de empleo sin autorización.
Las sanciones en estos casos pueden ser muy elevadas y acumularse si se detectan varios incumplimientos simultáneos.
Contratos, cotización y aplicación de convenios
La correcta aplicación de los convenios colectivos es otro de los puntos bajo supervisión. La Inspección revisa que las bases de cotización se ajusten a lo establecido y que los salarios declarados coincidan con lo que marca el convenio correspondiente.
También se intensifican los controles sobre los registros de jornada, especialmente en contratos a tiempo parcial, donde es frecuente detectar irregularidades.
El uso de cruces de datos permite identificar discrepancias entre lo declarado y lo realmente trabajado, lo que facilita la apertura de expedientes sancionadores incluso sin denuncia previa.
Este tipo de actuaciones se extiende de forma transversal a todos los sectores, ya que no responde a una actividad concreta sino a patrones de incumplimiento que se repiten en distintos ámbitos económicos.
El fraude en prestaciones, una de las infracciones más graves
Una de las situaciones con mayores consecuencias para las pymes es la colaboración, directa o indirecta, en el acceso indebido a prestaciones por desempleo.
Cuando se detecta que un trabajador percibe el paro mientras mantiene actividad laboral, la empresa puede ser considerada responsable solidaria.
En estos casos, además de la sanción administrativa, se exige la devolución íntegra de las cantidades percibidas indebidamente. Si el trabajador no puede asumir ese pago, la empresa queda obligada a hacerlo, lo que puede suponer un golpe económico muy difícil de asumir para un pequeño negocio.
Este tipo de actuaciones se investigan de forma conjunta con otros organismos y suelen descubrirse a través de comprobaciones cruzadas o declaraciones del propio trabajador.
Sanciones que pueden comprometer la viabilidad del negocio
Más allá de las multas administrativas, uno de los elementos más desconocidos por las pymes es el recargo de prestaciones derivado de accidentes laborales.
Cuando se demuestra que no se han aplicado las medidas de seguridad exigidas, la empresa debe asumir un recargo de entre el 30% y el 50% de todas las prestaciones económicas que reciba el trabajador afectado.
Este recargo se abona de una sola vez y puede alcanzar cifras muy elevadas, especialmente en accidentes graves o con secuelas permanentes. En estos casos, el impacto económico puede comprometer seriamente la continuidad del negocio, ya que no es asegurable ni fraccionable.
Muchas pymes desconocen aún el alcance real de estas responsabilidades, lo que las sitúa en una posición de alto riesgo ante cualquier incidente.
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