Sergio Delgado
EditorLa regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada recientemente por el Gobierno podría afectar a cerca de medio millón de personas ya residentes en el país.
Desde el Ejecutivo alegan que es la respuesta a la falta de mano de obra y al envejecimiento de la población activa. Sin embargo, también es una muestra más de los desequilibrios estructurales que van más allá del impacto en el empleo. Y uno de ellos es la creciente distancia entre el número de empleados públicos y el de trabajadores por cuenta propia.
Aunque la regularización puede traducirse en decenas de miles de nuevas altas en el régimen de autónomos, el avance del empleo público ha sido tan intenso en los últimos años que ese impulso resulta insuficiente para cerrar una brecha que ya alcanza niveles históricos.
El alcance real de la regularización en el trabajo autónomo
Según estimaciones de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, alrededor del 14% de las personas regularizadas optaría por emprender una actividad por cuenta propia.
En términos absolutos, eso supondría unas 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, una cifra relevante en un colectivo que crece con lentitud desde hace más de una década.
Desde la organización se subraya que la medida no debe interpretarse como una carga para la economía, sino como una oportunidad para afrontar dos retos simultáneos.
Por un lado, la jubilación progresiva de miles de autónomos y asalariados que se acercan al final de su vida laboral.
Por otro, la persistencia de una economía sumergida que distorsiona la competencia y reduce los ingresos públicos. El impacto de esta regularización, no obstante, solo será visible una vez completado el proceso y reflejado en las estadísticas de afiliación.
La aportación económica del emprendimiento inmigrante
Los datos disponibles refuerzan la tesis de que el trabajo autónomo impulsado por personas de origen extranjero tiene un peso creciente en la economía española.
La aportación al Producto Interior Bruto se sitúa en torno a los 10.500 millones de euros, mientras que las cotizaciones sociales superan los 8.500 millones. En contraste, las prestaciones solicitadas por este colectivo no alcanzan los 6.000 millones, lo que arroja un saldo positivo para el sistema.
Además, el dinamismo del emprendimiento inmigrante se ha convertido en un factor clave para sostener el número de autónomos. En 2025, más del 80% de las nuevas altas en el RETA correspondieron a personas de origen foráneo, una señal clara de que el relevo generacional y la cobertura de vacantes en determinados sectores dependen cada vez más de este colectivo.
La regularización llega, por tanto, en un momento en el que muchos pequeños negocios buscan continuidad y mano de obra cualificada.
Formación y adaptación como condiciones necesarias
Pese al potencial identificado, las organizaciones del sector insisten en que la regularización por sí sola no garantiza un impacto positivo duradero.
Será imprescindible acompañarla de políticas de formación y recualificación profesional que permitan a los nuevos autónomos adaptarse a las necesidades reales del tejido productivo.
Sin ese apoyo, el riesgo es que una parte de las nuevas altas no logre consolidarse en el tiempo.
Un récord histórico de empleo público
Mientras el trabajo autónomo avanza de forma contenida, el empleo público continúa creciendo a un ritmo muy superior.
España cerró 2025 con 3,64 millones de empleados en las administraciones, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. En paralelo, el número de autónomos se situó en 3,29 millones, lo que deja una diferencia cercana a las 350.000 personas, la mayor registrada hasta ahora.
Esta brecha comenzó a ampliarse de forma sostenida a partir de 2017, tras varios años de estancamiento. Desde entonces, el número de trabajadores públicos no ha dejado de crecer, mientras que los autónomos se mantienen en niveles similares a los de 2009, con un aumento acumulado del 7% en ocho años.
En ese mismo periodo, el empleo público se ha incrementado un 18%, casi el triple.
El peso del gasto en personal y las tensiones presupuestarias
El aumento del número de funcionarios se refleja también en el gasto público en remuneraciones, que ronda ya los 180.000 millones de euros anuales.
A este crecimiento contribuyen tanto las nuevas incorporaciones como las subidas salariales pactadas, que prevén una revalorización acumulada del 11,4% hasta 2028. Al final de ese periodo, el salario medio superará los 3.500 euros brutos mensuales en doce pagas.
Estas cifras se suman a la actualización de las pensiones conforme a la inflación, lo que eleva el peso conjunto de ambas partidas a unos 400.000 millones de euros.
Y ojo. En 2025 se perdieron más de 8.000 autónomos con empleados y en los últimos cinco años han desaparecido alrededor de 60.000 comercios. La regularización de extranjeros puede aportar oxígeno al sistema, pero no altera por sí sola un desequilibrio que se ha ido consolidando durante años.
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