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Mejorar la calidad del empleo y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Este es el objetivo del nuevo plan estratégico 2018 - 2020 para la Inspección de Trabajo. No se trata solo de potenciar la Inspección, sino de hacerla más eficaz, dotarla de más medios e impulsar la colaboración con las Comunidades Autónomas. Para algunas empresas será un problema, para otras un alivio puesto que ven como las prácticas de su competencia se ven limitadas.

La Ministra Bañez ha lanzado este mensaje en la entrega de diplomas del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Inspección ha hecho aflorar más de medio millón de empleos irregulares, en concreto 519.056. Se han detectado más de 7.000 empresas ficticias, sin actividad real pensadas para facilitar el acceso a prestaciones.

La temporalidad es uno de los males del mercado de trabajo en España. En muchos casos se abusa de la contratación temporal y para tratar de poner coto a estas prácticas la ministra del ramo ha anunciado que Inspección de Trabajo endurecerá las sanciones por contratos temporales injustificados. Hasta ahora se imponía una única sanción a la empresa por este concepto, pero esto va a cambiar.

El Gobierno va a proponer que se impongan tantas sanciones como contratos temporales sin causa justificada se hayan realizado. De esta forma si una empresa tiene a diez empleados con este tipo de contrato de forma indebida la sanción que antes se imponía se multiplica por diez. El objetivo es tener un efecto disuasorio para que no se produzcan este tipo de prácticas.

Muchas son las irregularidades que pueden cometer las empresas en materia laboral, bien sea por desconocimiento o por dejadez, ninguna razón nos exime del cumplimiento y responsabilidad de la Ley.

Trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social y sin cotización, perceptores de prestaciones de desempleo que prestan servicios laborales de manera clandestina para que no le quiten la prestación, retribuciones que se encubren de percepciones extrasalariales para evitar cotizar una parte del salario, son solo algunos de los ejemplos de las situaciones que se encuentra la Inspección Laboral y de Seguridad Social en su trabajo diario.

El artículo 40 de la nueva Ley de Apoyo al Emprendedor (Ley 14/2013 de 27 de septiembre) elimina la obligación de todo empresario, tanto si se trata de persona física como jurídica, de tener en cada centro de trabajo un libro de visitas físico a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El libro de visitas es el soporte que los funcionarios de la Inspección utilizan para extender sus diligencias cuando se personan en un centro de trabajo o bien cuando requieren la comparecencia del sujeto inspeccionado en las dependencias públicas. En ese libro se anotan también las actuaciones comprobatorias en materia de prevención de riesgos laborales. El libro de visitas es obligatorio para todas las empresas, independientemente del régimen de la Seguridad Social aplicable o de si tienen o no trabajadores.

Realizar una denuncia ante la Inspección de Trabajo es un procedimiento que muchos temen, porque se contempla como algo peligroso y arriesgado. ¿Y si me descubren?. El temor a que el denunciado descubra el nombre de su acusador es mayor en los casos de trabajadores que reclaman a su empresa.

La creación del buzón de lucha contra el fraude laboral pretende dar solución a este tema y animar al ciudadano a poner en conocimiento de la administración todas aquellas situaciones que puedan salirse del marco de lo legal sin tener que identificarse. Sin embargo, la efectividad de este buzón es cuanto menos dudosa, puesto que una denuncia así presentada puede basarse tan solo en sospechas sin fundamento u obedecer a la mala fe del que la presenta.

Hace algo más de un mes, hablábamos del florecimiento de los contratos a tiempo parcial como salida ‘natural’, aunque peligrosa, de esta crisis en el mercado laboral. Y planteábamos una regla básica: a más medias jornadas, más inspección. Pero, ¿por qué resulta imprescindible? Para evitar casos como los que planteaba ayer El País, con jornadas de hasta doce horas por un sueldo de 500 euros.

Que el mercado laboral necesita medidas innovadoras para salir de un encefalograma plano evidente nadie lo pone en duda. Pero que la principal de éstas sea cubrir con trabajos a tiempo parcial (lo más parecido a los ínclitos ‘minijobs’ tan cacareados en Alemania) las necesidades normales de empleo de una empresa me parece desacertado y muy peligroso.

Recibir la visita de un inspector de trabajo en nuestra empresa es un acontecimiento poco deseable, aún cuando nos hayamos preocupado de tener en orden todo lo que la legislación requiere en el ámbito laboral. El desconocimiento de las atribuciones del inspector y de la forma en que normalmente suelen proceder hace que esta eventualidad se convierta en algo poco menos que preocupante.

Hay que tener en cuenta que el inspector podría ser un cliente más, ya que no tiene obligación de identificarse si piensa que con ello va a obstaculizar la finalidad de su visita. Este proceder es frecuente cuando el local objeto de la inspección es, por ejemplo, un establecimiento de hostelería. Tampoco debemos caer en el error de pensar que no nos van a inspeccionar porque nuestra actividad se desarrolla en horario nocturno. Para esta labor no hay horario. El inspector puede entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en cualquier centro de trabajo (salvo que se trate de un domicilio particular) y permanecer en el mismo el tiempo que la inspección requiera.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha anunciado la presentación del nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2013-2015 en el primer trimestre de 2013. El plan tiene como objetivo evitar la discriminación por razones de sexo en las empresas, especialmente en lo que se refiere al cobro de salarios.

El Ministerio de Sanidad firmará un protocolo de actuación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para coordinar inspecciones de trabajo en materia de igualdad. Está por ver si esto supondrá un incremento de las sanciones que se vienen aplicando desde la entrada en vigor de la Ley.

Las empresas que hayan reducido su siniestralidad laboral y cuyas cuotas por contingencias profesionales alcancen los 5.000 euros, pueden solicitar el bonus de siniestralidad por el que se devuelven entre el 5% y el 10% de esas cuotas.

Además las empresas deben cumplir una serie de requisitos como haber realizado inversiones en prevención de riesgos laborales, no tener más de dos sanciones graves durante el periodo de cálculo, etc. El plazo para la solicitud de este bonus es desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo y deberá tramitarse a través de la Mutua a la que esté adscrita la empresa.