Javier Ruiz
El Gobierno ha aprobado un nuevo marco de control laboral que marcará la agenda de los próximos años. Se trata del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027: Nuevos tiempos, nuevas formas de actuación.
El documento nace en un contexto de transformaciones significativas: la reforma laboral de 2021, la acelerada digitalización del mercado, los compromisos de la Agenda 2030 y la necesidad de reforzar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
El Ejecutivo pretende reforzar así la vigilancia sobre fenómenos que en los últimos años han generado debate social y jurídico, como las horas extra no remuneradas, el auge de los falsos autónomos en plataformas digitales o las nuevas modalidades de teletrabajo transnacional.
Un plan con objetivos amplios y nuevas herramientas
El plan establece dos grandes ejes y un total de 17 objetivos. El primero, considerado prioritario, incluye 10 metas relacionadas con las relaciones laborales, la igualdad, la salud en el trabajo, la seguridad social y la lucha contra la economía sumergida.
El segundo se centra en la modernización de la propia Inspección, con especial énfasis en la transparencia, el uso de tecnología avanzada y la cooperación entre comunidades autónomas.
Para ello se prevé incrementar la plantilla de inspectores, subinspectores y personal técnico, además de poner en marcha un “laboratorio informático” que permitirá cruzar datos entre Seguridad Social, Hacienda y otras bases de información.
Según adelantó El País, este refuerzo tecnológico será clave para detectar irregularidades sin necesidad de tantas visitas presenciales.
Vigilancia reforzada para pymes y autónomos
Entre las prioridades señaladas destacan aquellas que afectan directamente a pymes y trabajadores por cuenta propia. La primera medida es el control estricto de las horas extra. Se pondrá especial atención a los registros horarios y a la coherencia entre la jornada declarada y la efectivamente realizada.
Otro punto sensible es el uso de contratos a tiempo parcial. La Inspección detecta con frecuencia abusos en este tipo de acuerdos, con empleados que superan las horas pactadas sin la remuneración correspondiente. El plan contempla actuaciones específicas para reducir esta práctica.
Los falsos autónomos vuelven a ser una prioridad, en particular en plataformas digitales y en sectores como transporte y logística. El Gobierno recuerda que ya existen sentencias que obligan a regularizar a miles de trabajadores en estas condiciones.
En paralelo, el teletrabajo internacional entra por primera vez en la agenda inspectora: empresas con sede en España que contratan empleados en el extranjero a salarios inferiores podrían enfrentarse a sanciones si se detectan prácticas de dumping social.
Finalmente, se endurece la vigilancia en torno a la cotización de autónomos, un tema especialmente sensible tras la reforma del sistema de cuotas en 2023. Los inspectores prestarán atención a la correcta declaración de ingresos y a las nuevas obligaciones de seguridad social.
Algunos ejemplos para entenderlo
El nuevo plan puede generar inquietud en negocios pequeños sin departamentos legales propios. Una tienda minorista con personal contratado a tiempo parcial deberá ser especialmente rigurosa en sus registros de jornada.
Un taller de reparto a domicilio podría verse obligado a revisar la situación contractual de sus conductores. Incluso un despacho que contrata colaboradores extranjeros en remoto tendrá que evaluar si cumple con la normativa española.
El coste de adaptación es una preocupación legítima. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se advierte que muchas pequeñas empresas tendrán que recurrir a asesorías externas para cumplir con las exigencias, lo que se traduce en una mayor carga administrativa.
Qué deben hacer las empresas desde ahora
Aunque no todas las medidas serán de aplicación inmediata, hay pasos que conviene adoptar cuanto antes.
Mantener un registro horario transparente y accesible es uno de ellos. También resulta recomendable revisar los contratos, verificar que la base de cotización de los autónomos coincide con los ingresos reales y anticiparse a una eventual inspección mediante una auditoría interna.
Expertos en recursos humanos consultados por RRHH Digital señalan que la prevención siempre es menos gravosa que una sanción posterior. En este sentido, contar con una asesoría laboral se convierte más en una inversión que en un gasto.
Plazos y desarrollo futuro
El documento del BOE recoge que algunas de las medidas requieren desarrollos reglamentarios adicionales. Esto significa que no todo entrará en vigor de inmediato, aunque sí se espera una primera fase de implementación a lo largo de 2026.
El calendario exacto dependerá de los recursos disponibles y de la coordinación con comunidades autónomas.
En paralelo, se reforzará la formación de inspectores y la implementación de herramientas digitales de análisis de datos, un proceso que podría prolongarse durante todo el trienio 2025-2027.
El nuevo marco no solo busca sancionar infracciones, sino también generar un cambio cultural en la forma en que se entienden las relaciones laborales. El Gobierno insiste en que la transparencia, la igualdad y la protección de colectivos vulnerables son principios que guiarán la aplicación del plan.
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