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Si vas a presentar alegaciones a Hacienda, prepárate para esperar hasta cuatro años para su resolución

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Si vas a presentar alegaciones a Hacienda, prepárate para esperar hasta cuatro años para su resolución

El periodo para presentar la Declaración de la Renta toca a su fin, y todavía son muchas los contribuyentes que no han regularizado su situación fiscal ante la Agencia Tributaria. Es el momento en el que se practican las devoluciones o se cargan en las cuentas de los contribuyentes los resultados negativos de la declaración, pero también es el momento en el que los contribuyentes presentan alegaciones ante Hacienda.

El contribuyente puede interponer cualquier reclamación ante la Agencia Tributaria Estatal o ante cualquier administración tributaria autonómica, de manera gratuita y sin necesidad de contratar abogado o procurador. Sin embargo, según denuncia el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la respuesta puede tardar hasta cuatro años, debido al colapso que presentan los Tribunales Económico Administrativos (TEAs).

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Reclamar tus derechos no significa ser un empleado tóxico

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Reclamar tus derechos no significa ser un empleado tóxico

Muchas veces se confunde el descontento de un empleado con un trabajador tóxico. Si tenemos a alguien en nuestra empresa que no está a gusto en su puesto de trabajo, lo primero que tenemos que evaluar es los motivos que tiene para ello. En muchas ocasiones confundimos los términos, ya que reclamar tus derechos no significa ser un empleado tóxico.

Lo primero que debería ver la empresa es si el empleado tiene o no razón en sus reclamaciones. Y en caso de que tenga razón si podemos dar satisfacción a las mismas. A veces simplemente es una cuestión de voluntad, de negociación en la que se llega a una acuerdo con una charla abierta por ambas partes.

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Los proveedores están perdiendo el miedo a reclamar las deudas de la Administración

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Los proveedores están perdiendo el  miedo a reclamar las deudas de la Administración

Los varios y consecutivos Planes de Pago a Proveedores que el Gobierno ha ido diseñando para intentar eliminar las deudas de las Administraciones no están cumpliendo con su principal objetivo, poner el "marcador a cero" y posibilitar que se cumpla desde los Organismos Públicos el plazo de pago dictado por la Ley contra la Morosidad. Sin embargo uno de los factores principales con los que cuenta, o contaba, el Gobierno para su aplicación va perdiendo fuerza porque los proveedores están perdiendo el miedo a reclamar sus deudas.

Ya comentamos en anteriores ocasiones que algunos de los requisitos para acogerse a este plan de pagos es la renuncia a los intereses de demora, establecidos por la propia Ley, e incluso someterse a una quita de la deuda para conseguir el cobro con mayor rapidez. Sin embargo últimamente son más las empresas que no "pasan por el aro" y prefieren defender sus derechos, aun sabiendo que el cobro se pueda demorar más del lo establecido.

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El Parlamento Europeo aprueba la gestión más eficaz de las reclamaciones de los consumidores

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El Parlamento Europeo aprueba la gestión más eficaz de las reclamaciones de los consumidores

El Parlamento Europeo ha aprobado dos nuevas directivas encaminadas a una gestión más eficaz de las reclamaciones de los consumidores. La primera se refiere a las reclamaciones genéricas y la segunda a las compras on-line, en ambos casos se pretende evitar que los consumidores deban hacer frente a largos y costosos trámites judiciales, especialmente en las compras transfronterizas o a través de Internet.

Los consumidores podrán recurrir a un mediador para todo tipo de bienes o servicios, ya sean adquiridos en una tienda física o digital, en su país o en cualquier otro de la Unión Europea. Este servicio de mediación será gratuito o, en el peor de los casos, se establecerá una tarifa nominal que no sea especialmente gravosa. En la mayoría de los casos se resolverán en los noventa días siguientes a la presentación de la reclamación.

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¿A quién afecta la nueva Ley de tasas judiciales?

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¿A quién afecta la nueva Ley de tasas judiciales?

El pasado martes, 20 de noviembre, se aprobó la Ley 10/2012, que introduce el pago de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Una gran cantidad de trámites que hasta ahora eran gratuitos, dejan de serlo, y esto con independencia de la cuantía de la reclamación o del hecho de que el demandante sea empresa o particular.

Un procedimiento muy utilizado hoy en día, como es la interposición de un Monitorio para reclamar de una deuda, pasará a costar 100 euros como mínimo. Tampoco se salva la jurisdicción de lo social, puesto que un trabajador disconforme con una sentencia de despido tendrá también que pagar 500 euros para recurrirla (no por interponer la demanda en primera instancia).

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Concede al cliente el beneficio de la duda

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Concede al cliente el beneficio de la duda

Me tengo que quitar el sombrero ante una estrategia de marketing genial. Pepehone ha decidido conceder a sus clientes el beneficio de la duda. Creo que su jugada, con el tiempo, se equiparará a aquel viejo slogan de El Corte Ingles de "si no está contento, le devolvemos su dinero".

Las grandes empresas en España, y buena parte de las que no lo son tanto, han copiado un viejo principio del Derecho Administrativo, solve et repete en latín, paga y reclama. O lo que es lo mismo, nos sueltas el dinero por adelantado y luego ya reclamarás lo que tengas que reclamar. Presuntamente el cliente es culpable, de lo que sea, existe un principio de veracidad de lo que diga la empresa, y al consumidor le tocará ir tirando con la carga de la prueba.

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Los tribunales rechazan la imposición sistemática de recargos por presentar liquidaciones fuera de plazo

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Los tribunales rechazan la imposición sistemática de recargos por presentar liquidaciones fuera de plazo

Varios tribunales han dictando sentencias que anulan la imposición de recargos por presentar liquidaciones de impuestos fuera de plazo. Estas sanciones se imponen de manera sistemática sin analizar los motivos del incumplimiento de los plazos y eso no es admisible para los Juzgados que han resuelto las reclamaciones de los contribuyentes.

Dos sentencias, de fecha 30 de marzo de 2011 y 13 de junio de 2011, cuestiona la legalidad de esta postura "excesivamente formalista" de la Administración y señalan que se hace necesario un análisis de cada caso particular y de las circunstancias que lo rodean.

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Reclamación de deudas a proveedores comunitarios

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Reclamación de deudas a proveedores comunitarios

En los días que corren, un gran número de empresarios se han visto obligados a hacer reclamaciones de pago a sus clientes. Con la internacionalización de los mercados, puede ser que muchos de esos clientes no sean españoles

El procedimiento monitorio europeo, aprobado en 2006 por el Parlamento de Europa, pretende dar solución al problema de la reclamación de deudas a los proveedores comunitarios. El procedimiento se utiliza en todos los estados miembros a excepción de Dinamarca y no requiere de abogado ni procurador para su presentación.

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Demandar y ser demandados sin miedo

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Demandar y ser demandados sin miedo

En muchas relaciones comerciales entre empresas, en muchos casos los consumidores y en general la sociedad en general de nuestro entorno, parece como que tenga un miedo atroz a dirimir sus quejas, reclamaciones o peticiones por la vía legal, cuando en realidad es donde todo se debería dirimir.

Cuando existe un impago, cuando una empresa nos ha vendido algo que no funciona y no quiere cambiárnoslo o ponerle solución, y en general cuando en cualquier ámbito cuando creemos o consideramos que nuestros derechos han sido conculcados o que hemos sufrido daños de cualquier tipo, no debemos temer en reclamar y demandar.

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Procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas

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Procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas

El procedimiento que regula las reclamaciones económico-administrativas constan de varias fases: el inicio del procedimiento, la instrucción del mismo, la terminación y la ejecución del fallo.

El inicio del procedimiento se produce mediante la presentación de un escrito en el plazo de 15 días desde la notificación del acto que se va a reclamar. La Secretaría del Tribunal competente reclamará en 10 días el expediente correspondiente al Organo de la Administración que haya dictado el acto recurrido.

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