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Cada tres meses, más de 3 millones de pymes y autónomos se ven obligados a presentar sus declaraciones de IVA. Se trata de un trámite que, en muchas ocasiones, supone un verdadero quebradero de cabeza, pues hay que completarlo de forma correcta y respetar los plazos con Hacienda.

Sin embargo, en algunas ocasiones, tenemos que liquidar el IVA de facturas emitidas a acreedores en los que existe una duda razonable de que no se vayan a pagar e, incluso, que acaban siendo impagadas, lo que puede poner en peligro la liquidez de nuestra empresa, especialmente en circunstancias en las que tenemos que emitir facturas utilizando el criterio del devengo.

Para solucionar este problema, hay que realizar una serie de trámites, entre los cuales se encuentra la emisión de un documento conocido como factura rectificativa, con una numeración diferente a las facturas ordinarias, que sirve, entre otras cosas, para recuperar el IVA de las facturas impagadas y, de esta manera, evitar que el autónomo o la pyme tenga que liquidar el impuesto por la prestación de un servicio que no ha cobrado.

Cualquier negocio tiene un fin de lucro y, por eso, es tan importante vender como cobrar el precio de lo que se ha vendido.

En un contrato mercantil o civil, una de las obligaciones más importantes es el pago del precio de la mercancía o servicio recibido, por eso, es imprescindible definir dónde, cuándo y cómo se hará efectivo el pago.

Desde el pasado 15 de enero, la fecha de la obligación de facturar electrónicamente para muchas empresas con las administraciones públicas, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) ha recibido más de cinco millones de facturas. El FACe permite unificar en un único punto la presentación de facturas electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado y aquellas Administraciones Públicas que han optado por adherirse a dicho punto.

Actualmente se encuentran adheridas 16 Comunidades Autónomas además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A ellas se suman más de 7.750 Administraciones Públicas. El objetivo es lograr un mejor control de las facturas de las admnistraciones y reducir la deuda comercial de las mismas.

La morosidad sigue siendo uno de los mayores problemas entre las pymes españolas. El período medio de pago ha subido hasta los 80 días en el segundo trimestre del año y el 90% de las pymes tienen todavía facturas pendientes de cobro. Todo ello por no hablar del retraso que sufren en los pagos las pymes que tienen negocios con algunos sectores, como el de la construcción, con un retraso en el pago de facturas que asciende hasta casi el año.

Pero, además, según un informe de Cepyme, y aunque la deuda comercial en mora se ha reducido 1,3 puntos porcentuales con respecto a los tres primeros meses del año, este porcentaje asciende todavía a los 67,7% de la toda la deuda comercial, con un importe que asciende hasta los 201.300 millones de euros.

El Real Decreto 828/2013 publicado en el BOE el 26-10-13, establece que desde el 1 de enero de 2014 pasan a incluirse como obligados a presentar el modelo 347 de operaciones con terceras personas las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal, por lo que las comunidades de vecinos directamente, o los administradores de fincas han tenido que registrar las facturas recibidas por sus proveedores, así como las emitidas a los propietarios de manera que se puedan identificar aquellos cuyo volumen de operaciones supere los 3005,65 euros al año.

El modo más común de cobrar los trabajos finalizados es mediante un pago aplazado a 30, 60, 90, o incluso, muchos más días.

En algunos casos, el diferimiento se lleva a cabo mediante pagarés o letras de cambio que indican de forma expresa el día determinado en el que se hará efectivo el pago.

El IVA de caja, esa medida estrella del Gobierno para evitar tener que adelantar el IVA de facturas no pagadas, sigue siendo un auténtico desastre. A pesar de que hasta 2,3 millones de personas y empresas podrían haberse beneficiado de esta modalidad, tan solo 22.000 profesionales se han inscrito para utilizarlo.

Ni siquiera se han inscrito muchos de los autónomos que ofrecen sus servicios para la Administración Pública. Sin embargo, Cristóbal Montoro, al ser preguntado por esta cuestión en la sesión de control al Gobierno, ha hecho hincapié en la necesidad de dar una segunda oportunidad al IVA de caja.

Desde el 5 de Julio, fecha en la que se aprobó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de Julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, todos los autónomos con ingresos inferiores a 15.000 euros pueden fijar una retención en el IRPF del 15% en sus facturas frente al 21% vigente en aquel momento.

De esta manera se adelantaba la reducción en el IRPF para los profesionales cuyos ingresos eran inferiores a esos 15.000 euros o representen más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio. Durante el Lunes, el Ministerio Hacienda ha publicado a través del BOE los pasos a seguir para que los autónomos que cumplan estas condiciones puedan beneficiarse de esta retención.

La Agencia Tributaria parece conocer solo a las empresas por las inspecciones que realiza en ellas, pero parece desconocer la operativa interna de ellas. Si bien enviar la información de las facturas emitidas a la Agencia Tributaria en dicho plazo parece algo relativamente posible, enviar a Hacienda las facturas recibidas en un plazo máximo de cuatro días parece más una quimera que algo que se pueda cumplir.

El formato de los libros registros que nos pueden aportar diferentes programas puede ser diferente, aunque en todos se recogerán los campos de obligada cumplimentación. En este sentido destacar que en el caso del libro registro de facturas recibidas no es obligatorio el número de registro, mientras que este si es obligatorio en el libro registro de facturas recibidas, al exigirse el número de recepción de las facturas. Destacar también que si lo deseamos podemos eliminar la cifra del total de factura que en determinados programas se incluye en los libros registros al no ser esta obligatoria.