Compartir
Publicidad

Antes que la lucha contra el fraude está la seguridad jurídica

Antes que la lucha contra el fraude está la seguridad jurídica
0 Comentarios
Publicidad
Publicidad

Ayer mi compañero Diego Lorenzana se hacía eco de una noticia que hacía creer que Hacienda podría inspeccionar los ordenadores de las pymes. Más allá de la noticia no se ha confirmado, ni creo que lo sea nunca, merece la pena poner sobre la mesa un par de cuestiones que harían ilegal esa medida, ya que antes que la lucha contra el fraude está la seguridad jurídica.

En primer lugar, esa medida chocaría frontalmente contra el procedimiento tributario, que determina la manera en la que deben hacerse las inspecciones fiscales, y contra los propios derechos de los contribuyentes y de cualquier ciudadano de nuestro país y que están refrendados por varias sentencias.

En primer lugar, las inspecciones se han de iniciar mediante una comunicación del alcance y las condiciones en las que se va a realizar el procedimiento. En dicha comunicación se requerirá al inspeccionado para que presente la documentación que figure en la propia notificación. Los órganos de inspección no tiene autoridad para entrar en el domicilio o sede del contribuyente ni tampoco para acceder a los ordenadores "a ver que pescan", salvo que tengan una orden judicial.

Ya ha habido sentencias que refuerzan el derecho a la inviolabilidad del domicilio del contribuyente ante una inspección fiscal, así que sólo un juez o el propio contribuyente pueden autorizar el acceso a esas instalaciones de los inspectores.

Por otro lado la medida en muchos casos además de ilegal sería absurda. Una gran parte de las empresas están pasando a utilizar sistemas de gestión remota (en la nube) que no requieren instalación alguna en un ordenador y que tampoco almacena datos. Por tanto inspeccionar los ordenadores sería totalmente inútil y para acceder a esos datos deberían contar con el permiso del contribuyente (que facilitara sus claves de acceso) o bien requerir al proveedor para que los facilite (siempre a través de una resolución judicial)

Es entendible y merece todo nuestro apoyo la política de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ya que los que pagamos estamos soportando las cargas de los que no lo hacen. Sin embargo ese noble objetivo no debe hacerse a toda costa y en un Estado de Derecho como el nuestro la seguridad jurídica es fundamental. Por tanto está bien que se investigue, pero por los cauces reglamentarios.

En Pymes y Autónomos | El Tribunal Supremo frena ciertas actuaciones anti-fraude de Hacienda Imagen | [Moth]

Temas
Publicidad
Comentarios cerrados
Publicidad
Publicidad
Inicio