Javier Ruiz
El coste medio de la indemnización por despido volvió a aumentar en 2024. Según los últimos datos disponibles, el encarecimiento ronda el 8 % interanual, el primer repunte claro desde la reforma laboral.
Un dato que, más allá de la cifra, reabre un debate recurrente en el mercado laboral español: la incertidumbre que genera el coste de salida para las pequeñas empresas.
Por qué está subiendo el coste del despido
Si bien la normativa no ha cambiado de forma directa, el contexto económico y laboral sí lo ha hecho, y eso está teniendo un impacto tangible en la gestión de plantillas.
La reforma laboral no modificó las cuantías legales del despido improcedente (33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades), pero sí ha alterado los elementos que determinan la indemnización final:
- Salarios más altos, impulsados por el aumento del SMI y la actualización de convenios colectivos.
- Mayor antigüedad media, fruto de contratos más estables y menor rotación.
- Menos contratos de muy corta duración, lo que eleva el coste acumulado cuando se produce una salida.
En la práctica, despedir hoy a un trabajador con varios años en plantilla resulta más caro que hace dos o tres ejercicios, incluso sin cambios legales explícitos.
El encarecimiento del despido no afecta a todas las empresas por igual. Para una gran compañía, estos costes suelen estar previstos en presupuestos de recursos humanos. Para muchas pymes, en cambio, un solo despido puede convertirse en un problema financiero relevante, al acercarse al equivalente a varios meses de beneficio neto, reducir la liquidez o incrementar el rechazo a nuevas contrataciones.
Este factor explica por qué muchas pequeñas empresas retrasan ajustes de plantilla incluso en fases de desaceleración, asumiendo sobrecarga de trabajo o pérdida de eficiencia antes que afrontar una indemnización elevada.
La litigiosidad frente a la decisión
A este escenario se suma un elemento clave: la incertidumbre jurídica. Pese a que la reforma laboral buscaba reducir la temporalidad y clarificar el marco contractual, la percepción de riesgo en los despidos no ha desaparecido.
Para muchas pymes, el problema no es solo el coste inicial, sino la posible recalificación judicial del despido como improcedente, que eleva la indemnización y añade costes legales. Este factor sigue influyendo en la toma de decisiones, incluso cuando la empresa considera que existen causas objetivas suficientes.
El resultado de este entorno no es necesariamente un aumento de despidos, sino un cambio en el comportamiento empresarial: más prudencia a la hora de ampliar plantilla, mayor uso de servicios de outsourcing o externalización de proyectos profesionales y menor disposición a asumir riesgos en proyectos de crecimiento.
Así, es paradójico que un marco pensado para reforzar la estabilidad puede acabar frenando nuevas contrataciones en las empresas más pequeñas, que operan con márgenes mucho más ajustados.
El repunte del coste del despido ha vuelto a colocar sobre la mesa el equilibrio entre protección del trabajador y seguridad jurídica para la empresa. Un debate recurrente en España que, por ahora, no se ha traducido en cambios normativos concretos.
Mientras tanto, las pymes siguen operando en un entorno donde el despido es más caro y difícil de anticipar, lo que condiciona la gestión del empleo más allá del ciclo económico.
En conclusión, más allá del dato puntual, la lección es clara: cuanto más estable es la relación laboral, mayor es el compromiso a largo plazo. En este contexto, planificar bien las contrataciones, revisar funciones y anticipar escenarios resulta esencial para evitar decisiones precipitadas que acaben teniendo un alto coste económico.
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