Cada colectivo suele realizar demandas para eliminar aquellos factores que son más perjudiciales para su negocio. Los empresarios tienen en los costes del despido una de su chinas en el zapato. No es la única, pero cuando les aprieta, duele más. Por eso proponen al nuevo Gobierno establecer 18 días de indemnización por despido tanto para contratos temporales como fijos.
De esta forma se igualarían, por la parte baja, las indemnizaciones de contratos temporales, de 12 días al año, indefinidos despedidos por causa objetivas, 20 días por año o despidos improcedentes, 33 o 45 de los contratos indefinidos. ¿Facilitaría la contratación de nuevos trabajadores? En realidad no, lo que supone es abaratar el despido.
¿Sería una solución para rebajar los índices de temporalidad? Lo dudo mucho. No es que se contrate de forma temporal porque el despido de un indefinido es más costoso, es que muchas empresas tienen en la temporada turística su punto fuerte y necesitan contratar gente solo para esta ocasión. La temporalidad en España es estructural y estas medidas no ayudarían. De otra forma se habrían reducido los índices al bajar el coste del despido, de 45 días a 20 por causas objetivas y no ha sido así.
Teniendo en cuenta que los salarios apenas han subido desde 2008, mientras que los beneficios empresariales, una vez superada la crisis se han multiplicado, la propuesta parece poco equitativa. Un mayor margen de beneficio para las empresas que luego no se traduce en mayor empleo. En este sentido apuntan su propuesta de rebajar el Impuesto de Sociedades al 20%, que sería menor en función de los incentivos fiscales.
Pero lo que más me llama la atención es la propuesta de reducir la carga de la cotización de la Seguridad Social del empleador y traspasarla al empleado buscando un sistema más equilibrado. Eso ya lo han hecho muchas empresas, contratando autónomos, falsos o no, para hacer el trabajo y traspasando los costes laborales a ellos, aunque sin pagar en muchos casos más por hora trabajada.
Lo cierto es que algunas de estas propuestas tienen algo más de punto de inicio de la negociación que de realidad. Luego tienen que confrontarla con sindicatos y agentes sociales. Y el Gobierno normalmente actúa de árbitro, pero dependiendo de su composición se situará más al lado de unos que de otros.
Imagen | Ryan McGuire