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PwC ha realizado un Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2011, a partir de la opinión de 4.000 ejecutivos en 72 países, entre los que se incluye España. Con estos datos elabora un informe indicando el tipo de delitos económicos que padecen las empresas españolas, el perfil del defraudador y las medidas que adoptan las compañías para evitarlos.

Los datos de 2011 son, cuanto menos sorprendentes, casi la mitad de las empresas españolas (el 47%) reconoce haber sido víctima de algún tipo de fraude. Un porcentaje muy superior al de las compañías europeas, del 30,2%, y al declarado por las propias empresas españolas en 2009 (34,5%). Los motivos: la escasez de recursos, junto con las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa España, se ha convertido en un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de los delitos económicos en nuestro país.

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Ayer conocimos la noticia de que Kodak ha solicitado a las autoridades americanas la quiebra voluntaria, similar a lo que aquí es un concurso de acreedores. El gigante de la fotografía ha visto como su negocio se ha ido agotanto y los avances tecnológicos han supuesto la muerte de su modelo tradicional.

Eso es algo imparable y, en mayor o menor medida, afecta a todos los sectores. Cambia la tecnología, los hábitos de los compradores, la globalización supone en muchos casos la deslocalización, ... Estos factores y otros muchos obligan a las empresas a adaptarse y renovar constantemente su concepción del negocio, a reinventarse para no quedarse en el camino y todo ello cada vez a una mayor velocidad.

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Al hilo de la última subida del IRPF, de un post anterior y de la noticia que aparece hoy en Cinco Días, se plantea la injusticia del sistema tributario español. Desde luego puede parecer injusto que una multinacional tribute a través del Impuesto de Sociedades al mismo tipo que un contribuyente medio, sin embargo hay que tener en cuenta algunos aspectos antes de poder defender el argumento de la injusticia.

Como decía en twitter @huyelobo, el problema principal no es el tipo impositivo al que tributan las multinacionales sino su acceso a esquemas de evasión legales. Si dejamos aparte el caso de las multinacionales ¿Se puede decir lo mismo en la comparación entre la tributación de las personas fisicas y las pymes?

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Hasta hace tan solo unos años era muy frecuente que negocios de muchos años, con multitud de generaciones de batallas y guerras, morían porque los hijos de la última generación decidían abandonar el negocio familiar, incluso animados por sus padres, que convencidos de que sus hijos tendrían un futuro mejor, con la esperanza de alcanzar unos ingresos más estables tras el estudio de una carrera universitaria, decidían echar el cerrojo a su negocio de toda la vida.

Con la crisis y el deterioro de las oportunidades en un mercado laboral cada vez más esquilmado, muchos de estos hijos bien formados, preparados para ‘otra cosa’, han decidido volver al negocio de sus padres, al ejercer un legítimo derecho que por lo menos les otorga la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.

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Comentamos en su día que la aprobación del nuevo Código Penal incluía la novedad de que las sociedades, en su calidad de personas jurñidicas, podrían ser responsables penales de hechos cometidos a través de su organización. El pasado 11 de octubre se ha conocido el primer fallo judicial que aplica esta responsabilidad penal a empresas.

En este caso el Juez acusa a cinco empresas y sus administradores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ya que se entiende que se había creado un entramado destinado a introducir en España más de 6.000 kilos de cocaina. Para ello se utilizaba un supuesto negocio de exportación e importación de maquinaria, en la que se introducía la droga. Lo reseñable de este fallo es tanto la imputación de las empresas, además de las personas que presuntamente han cometido el delito, como las medidas que el Juez decreta contra las mismas.

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Acaban de aprobarse las ayudas de los programas correpondientes al ICO Inversión para el año 2012. Pendientes de su puesta en marcha y de la firma de los pertinentes convenios con la entidades financieras colaboradoras, se anuncian líneas distintas de financiación para el año que está a punto de empezar.

El plazo de solicitudes finalizará el 15 de diciembre de 2012 o bien cuando se terminen los fondos con los que se dotan estas ayudas. Las solicitudes habrán de tramitarse directamente en las entidades bancarias adscritas, que serán las que analicen el riesgo de las operaciones.

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La Fundación Madri+d y la Asociación de Jóvenes Empresarios y la Cámara de Comercio de Madrid van a poner en marcha una nueva red de mentores para ayudar a las empresas de reciente creación e innovadoras mediante el apoyo de empresarios y profesionales que harán la labor de mentores de estas nuevos negocios.

El periodo de mentorización será de seis meses y este servicio será gratuito. Con él se pretende facilitar la transferencia de información, experiencias y nuevos contactos a los participantes, aprovechando una parte del capital de conocimiento empresarial que existe en la Comunidad de Madrid.

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La dirección empresarial se mueve entre dos corrientes inevitables : el rendimiento y la motivación. Estos dos elementos tienen una inter-relación mayor de la que algunos administradores quieren o pueden entender, y es que si solo basamos nuestra gestión en uno de ellos, terminaremos afectando al otro a lo largo del tiempo.

La teoría de Herzberg tiene puntos en común con la Red Administrativa de Mouton y Blake, al centrarse en esta dualidad como base de la gestión de equipos. De esta manera encontramos que lo humano y lo material resultan una constante en el estudio de los Recursos Humanos, describiéndonos a las empresas como organismos bipolares.

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Tratamos hace semanas el derecho de separación de los socios de una sociedad mercantil. También comentamos la nueva normativa que otorga ese derecho de separación en caso de que no se repartan dividendos, siempre que se den unas determinadas condiciones. Además de todo esto, una sentencia del Tribunal Supremo otorga el derecho de separación en caso de sustitución del objeto social de la empresa.

La sentencia se refiere al caso de una sociedad cuyo objeto social era “la explotación directa del negocio de distribución eléctrica” y se cambió por la actividad de “la explotación indirecta del negocio de distribución eléctrica”. En primera instancia se desestimó la demanda interpuesta por uno de los socios ya que se entendía que “el ejercicio directo o indirecto de la distribución de energía, no supone una sustitución del objeto social, sino una mera modificación de la forma de perseguirlo”. Sin embargo, ahora se falla a favor del demandante por entender que la modificación sí es determinante.

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