Administración / Finanzas

La CEOE y Cepyme han propuesto 125 medidas para reducir las cargas administrativas en las empresas de manera que se pueda generar un ahorro en costes de unos 3.000 millones de euros. Estas medidas son una serie de eliminaciones de trabas y cargas burocráticas que facilitan el trabajo y eliminan procesos dentro de la gestión empresarial.

De las propuestas lanzadas, se especifican puntos como la posibilidad de acortar el tiempo de check-in en los hoteles usando medios telemáticos y el DNI electrónico para transmitir los datos de los clientes a la Dirección General de Policia, eliminar los formularios de control entre alumnos y profesores en las autoescuelas.

Cuando el ejecutivo puso en marcha la figura del facilitador financiero, ya critiqué fuertemente la medida por la inutilidad que representaba para conseguir que fluya el crédito a las pymes y porque básicamente se iban a despilfarrar 10 millones de euros. El balance del 2009 se cierra con una sola operación de crédito cerrada bajo esta fórmula.

Los primeros síntomas de dicho fracaso comienzan a aparecer por su falta de resolución de expedientes y porque en el fondo, no es que los profesionales que llevan a cabo esta labor no desempeñen bien sus funciones o no sepan lo que tienen entre manos, simplemente se encuentran con empresas zombies del crédito que no es viable financiarlas bajo ningún concepto.

El Consejo de la Unión Europea prevé aprobar hoy una línea de microcréditos para parados con el objetivo primordial de favorecer el autoempleo. Esta línea contará con una dotación de 100 millones de euros y estará disponible para su solicitud a partir del mes de junio.

El límite máximo al que podrá optar cada titular es a 25.000 euros, contando en el caso de los créditos europeos con una diferencia sustancial respecto los mecanismos habituales de financiación: también podrán solicitarlos empresas con menos de 10 trabajadores.

La ministra Salgado ha anunciado que se tiene en mente el reflote del Instituto de Crédito Oficial, el ICO como banca comercial pública. El objetivo es que el ICO pueda otorgar préstamos directos a pymes y autónomos con una cuantía máxima de 200.000 euros.

Mediante este sistema. el ICO asume el 100% del riesgo de la operación crediticia pasando del actual sistema de avales, créditos con riesgo compartido o sistemas de bonificación de intereses que se establecen para muchas de las líneas ICO. Esto es una mala medida se mire por don se mire, sin pasar por alto que no se han citado la cantidad de los fondos disponibles que se destinarán a estos préstamos.

¿En qué punto una pyme tiene que decidir acometer una mejora tecnológica en sus procesos? La cuadratura del círculo en gestión empresarial se obtiene cuando aumentando la inversión se aumenta en mayor cuantía el beneficio marginal de las operaciones habituales que llevamos a cabo en la empresa al generarse una reducción de los costes habituales.

Para no complicar mucho la cuestión y que podamos entender esta premisa, nos vamos a centralizar en la gestión de procesos administrativos y el uso de aplicaciones informáticas obsoletas, evaluando siempre el coste de la tecnología con la actividad que llevamos a cabo.

En las última semanas una de las noticias más recurrentes, en las portadas de los períodicos de cualquier índole y programas informativos, es el notable incremento del endeudamiento público español. Los datos hablan por sí solos, de unas finanzas públicas con superávit en 2007 se ha pasado a una situación de déficit del 11,4% en 2009, motivado por un espectacular incremento del gasto público. Lo curioso es que, últimamente, se está empezando a desarrollar una corriente de pensamiento que vincula el endeudamiento público con el estrangulamiento financiero del sector de las pymes y autónomos.

El problema fundamental es que el sector financiero español, es decir, los bancos e instituciones financieras, han adquirido enormes cantidades de deuda y por tanto de riesgos, en el periodo anterior a la crisis económica, que han dedicado a financiar un millón y medio de pisos, que en estos momentos, están terminados pero carecen de comprador, entre otras cosas por la tremenda restricción crediticia, y los promotores inmobiliarios no pueden devolver los prestamos que pidieron al sistema financiero, en la medida que no venden los pisos.

Hace unos días, hacíamos referencia a las deudas que las distintas Administraciones tienen con la Seguridad Social. La cosa, por supuesto no acaba ahí, ayer, el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, participó en un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). En este encuentro denunció que las Administraciones Públicas deben más de 35.000 millones de euros a las pymes españolas.

Esta cantidad es una aproximación ya que según el presidente de la Cepyme “en las administraciones periféricas pequeñas, con poca intervención, muchas de las facturas emitidas están guardadas en el cajón o durmiendo el sueño de los justos hasta que toman carta de naturaleza, por lo que es imposible conocer la morosidad real del sector público con las pymes”.

Todas las entidades financieras ofrecen una publicidad bárbara sobre la gran cantidad de créditos que conceden y lo bien que financian al tejido empresarial y productivo. Pero del dicho al hecho hay un trecho siempre pero me he encontrado con unos datos bastante llamativos.

En un comunicado de prensa Caja Madrid afirma que concede el 89% de las operaciones crediticias que se le solicitan por lo que sólo un 11% se le cierra la puerta de la caja madrileña. Estos datos se corroboran con que en 2009 concedió 30.571 millones de préstamos.

En la actualidad el Ministerio de Trabajo dispone de un registro con un centenar de perfiles de trabajadores que se benefician de incentivos fiscales para estimular su contratación. La simplificación de este registro es el objetivo prioritario en el diálogo social (patronal, sindicatos y Gobierno).

En la actualidad uno de los colectivos más perjudicados por el desempleo es el de los jóvenes, ya que el 40% se encuentra sin empleo, la reorientación de los recursos para bonificar su contratación es bastante complicada, por dos razones fundamentales: