
La Ley concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio,) es la que regula el procedimiento a seguir en los concursos de acreedores. Este procedimiento es el que sustituye a la antigua situación de suspensión de pagos y a través de él se intentan garantizar la supervivencia de la empresa afectada y, además, proteger los derechos de los acreedores de la misma.
Teniendo en cuenta que los derechos de los acreedores sólo pueden preservarse asegurando la pervivencia de la empresa, la labor de todos los intervientes en este proceso está orientada a que la liquidación de la empresa concursada sea la última opción y se intente por todos los medios, y en la medida de lo posible, un acuerdo con los implicados que permita que éstos puedan cobrar su deuda y la empresa salga del procedimiento y pueda continuar con su actividad.







