Javier Ruiz
Los datos del Fondo de Reserva de las pensiones (que suele llamarse la "hucha de las pensiones") ha empezado a recuperarse tras años en mínimos, pero su volumen sigue muy lejos de lo necesario para cubrir siquiera una mensualidad del gasto anual en prestaciones contributivas.
Sí, has leído bien. Al cierre de 2024, el fondo sumaba algo más de 9.300 millones de euros, mientras que el gasto anual ronda los 190.000 millones: apenas representa un 5 % del total.
¿Qué es la hucha de las pensiones?
En este contexto, voces del propio sistema público han advertido sobre la escasa capacidad real del fondo para amortiguar cualquier tensión futura. Con la generación del baby boom acercándose a la jubilación y la Seguridad Social ajustando su arquitectura financiera, cabe preguntarse: ¿estamos subestimando la fragilidad de la sostenibilidad del sistema?
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó en el año 2000 para acumular los excedentes de cotizaciones sociales y poder afrontar pagos de pensiones en épocas de dificultad. Durante más de una década, se nutrió de los años de bonanza económica, pero a partir de 2012 se empezó a vaciar de forma acelerada, hasta caer por debajo de los 2.000 millones en 2020.
Los datos y su evolución pueden consultarse en la web oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En los últimos años, gracias a la recuperación del empleo y la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el fondo ha vuelto a crecer. Según los últimos datos del Gobierno, cerró 2024 con 9.376 millones de euros y se espera que alcance los 14.000 millones en 2025.
Un crecimiento insuficiente frente al gasto real
Aunque los números parecen positivos, en términos comparativos el fondo sigue muy por debajo de lo deseable. Representa menos del 0,4 % del PIB, según la OCDE, lo que lo sitúa en niveles muy bajos respecto a otros países europeos.
La situación de la "hucha" española resulta aún más alarmante si se compara con la realidad en el resto de Europa. En países como Alemania, los activos de los fondos de pensiones privados representan alrededor del 8 % del PIB, frente al 0,4 % en España. Esto muestra una diferencia abismal: mientras ciudades como Ámsterdam o Fráncfort cuentan con sistemas que acumulan reservas significativas, nuestro fondo público sigue siendo una herramienta insuficiente frente al gasto real en pensiones.
Además, el gasto mensual en pensiones supera los 12.000 millones de euros, por lo que el fondo actual no cubriría ni una paga completa: "no tenemos ni para pipas", sintetizaba a la prensa generalista un funcionario del INSS en declaraciones recientes.
MEI y presión a la cotización
La herramienta clave para nutrir la hucha es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una cotización adicional que comenzó en 2023 con un 0,6 % y que subirá progresivamente hasta alcanzar el 1,2 % en 2029. En 2025, el MEI será del 0,8 %, repartido entre empresa y trabajador (0,67 y 0,13 respectivamente).
En el caso de los autónomos, esta cotización la asumen íntegramente, lo que supondrá un gasto extra de entre 8 y 24 euros al año, dependiendo de la base. Puedes consultar el desglose en este análisis técnico de la reforma.
Si bien el nuevo impuesto no es desmesurado en las previsiones recientes, sí supone un nuevo extra a unas cotizaciones cada vez más elevadas en un contexto laboral incierto.
Para los autónomos y las pequeñas empresas, esta situación tiene una doble lectura. A corto plazo, las pensiones están garantizadas gracias a las cotizaciones y al crecimiento del empleo.
Desequilibrio financiero
Por el contrario, a medio y largo plazo, el sistema necesita mantener el equilibrio financiero, y eso puede traducirse en mayores costes laborales o incluso nuevas reformas en las cotizaciones.
En esta línea, el conjunto de medidas implementadas en los últimos años —MEI, reforma del sistema RETA, cuota de solidaridad para altos ingresos— ya está generando un entorno más exigente en términos contributivos, especialmente para quienes tienen empleados o facturan de forma irregular.
En el caso de las pymes, algunas recomendaciones prácticas incluyen revisar las proyecciones de costes laborales anualmente, para anticipar subidas ligadas al MEI, valorar planes de pensiones privados o de empresa, si la situación lo permite, como complemento al sistema público y mantenerse al tanto de los cambios legislativos, especialmente en periodos preelectorales o de reformas estructurales.
En conclusión, si bien el Gobierno insiste en que el sistema es sostenible y que la "hucha" se está recuperando, los datos invitan a la prudencia. Con el envejecimiento poblacional acelerando, y la presión presupuestaria aumentando, las pymes y los autónomos deben prepararse para un escenario en el que cotizar bien (y más) será indispensable. Y, por desgracia, todo sigue apuntando a que se requieren cambios mayores para mantener el sistema de pensiones.
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