Javier Ruiz
Han pasado ya más de tres años que entró en vigor la obligación del plan de igualdad y, sin embargo, miles de empresas medianas continúan sin ajustarse a lo que exige la normativa.
En España hay unas 32.000 compañías con más de 50 trabajadores obligadas a tenerlo aprobado y registrado, pero unas 12.000 siguen sin cumplir. Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado el dato esta semana en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Qué empresas están obligadas
La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad del sindicato, Carolina Vidal, alerta de que estos planes “son clave para prevenir discriminaciones y violencias en el entorno laboral” y recuerda que una parte significativa de las empresas “sigue viviendo de espaldas a la mitad de sus plantillas”.
La obligación está regulada en el Real Decreto 901/2020, y su despliegue fue progresivo entre marzo de 2020 y marzo de 2022, empezando por empresas de más de 151 trabajadores (2020); posteriormente, 101 trabajadores (2021) y, por último, pymes de más de 50 trabajadores (marzo de 2022).
En la actualidad, cualquier empresa con 51 empleados o más lleva ya más de tres años obligada a contar con un plan de igualdad negociado, vigente y registrado en el REGCON (Registro y Depósito de Convenios y Planes de Igualdad). Además, la vigencia máxima del plan es de cuatro años; si caduca sin renovarse, la empresa vuelve a situarse en incumplimiento.
Qué debe contener un plan de igualdad
Según los documentos del Instituto de la Mujer como del programa igualdad en la Empresa, donde se recuerda que los planes deben incluir medidas para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Los contenidos mínimos son:
- Diagnóstico previo de la situación de la empresa
- Medidas de igualdad salarial y contra la segregación profesional
- Protocolos frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
- Procedimientos internos para canalizar quejas y denuncias
- Objetivos, indicadores y calendario de aplicación
- Identificación de responsables y sistemas de seguimiento
Además, la implantación del plan está ligada a dos obligaciones adicionales, que son el registro retributivo anual y la auditoría retributiva, obligatoria para todas las empresas que también deben tener plan.
En las empresas sin representación sindical, la negociación debe hacerse mediante una comisión ad hoc, un aspecto que complica el proceso en muchas compañías de entre 50 y 70 empleados.
Falta de cumplimiento
Si bien se percibe un avance en los últimos años —de 6.000 planes vigentes en 2023 a 18.000 en marzo de 2025, y 20.000 en la actualidad— una parte importante del tejido empresarial continúa sin regularizarse.
Las causas principales se dividen entre planes caducados, que no se han renovado a tiempo, falta de recursos internos para desarrollar el diagnóstico y negociar, retrasos en REGCON, que alargan el proceso de validación, pymes medianas sin estructura para gestionar todo el procedimiento y resistencia de algunas firmas por el “exceso de burocracia”, según denuncian algunas patronales.
Sin embargo, CCOO ya ha advertido del riesgo de retrocesos si se reduce la normativa bajo el argumento de simplificar cargas.
Además, existe un riesgo real de sanciones por incumplimiento, que puede acarrear multas previstas en la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), hasta 7.500 euros para las graves, y hasta 225.018 euros para las infracciones muy graves.
Asimismo, las empresas sin plan vigente quedan directamente excluidas de la contratación pública, algo especialmente relevante para pymes de servicios urbanos, mantenimiento industrial o limpieza, donde las licitaciones públicas son una parte importante del negocio.
Además, la falta de protocolos adecuados puede aumentar el riesgo de conflictos internos, denuncias y pérdida de reputación.
Debate político
Desde CCOO advierten de que el avance del discurso contra la igualdad puede traducirse en intentos de flexibilizar o recortar la normativa, especialmente si se cuestiona la carga administrativa del procedimiento.
A su vez, las patronales mantienen que el despliegue de obligaciones resta competitividad frente a países con marcos regulatorios menos exigentes.
Tres años después de que todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras quedaran obligadas a contar con un plan de igualdad, cuatro de cada diez siguen sin estar al día. Con la Inspección de Trabajo reforzando su actividad en 2025, la vigilancia sobre estos planes aumentará en los próximos meses. Así, para miles de compañías, el plazo de regularización se estrecha.
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