Javier Ruiz
Durante el próximo ejercicio fiscal, la Agencia Tributaria pondrá en marcha un nuevo sistema de control sobre los pagos realizados con tarjeta. El objetivo oficial se ha presentado orientado a la reducción del fraude fiscal y a la mejora del seguimiento de las operaciones no declaradas.
A partir del 1 de enero de 2026, los bancos y entidades de pago deberán comunicar a Hacienda los movimientos que superen los 25.000 euros anuales por titular, junto con los datos identificativos de las tarjetas y las cuentas asociadas.
Cambios que llegan en 2026
La medida se enmarca en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2025, que refuerza la vigilancia sobre medios de pago electrónicos y plataformas digitales.
Según adelantó Vozpópuli, aunque el límite de 25.000 euros se aplica a personas físicas, los expertos advierten de que las operaciones empresariales y profesionales podrán quedar sometidas a control sin un umbral mínimo, como parte de la trazabilidad fiscal exigida a autónomos y pymes.
Hasta ahora, Hacienda solo recibía información de las entidades financieras en caso de inspección o requerimiento específico. Sin embargo, con el nuevo modelo, los bancos deberán enviar informes automáticos y periódicos con el detalle de los pagos con tarjeta, tanto de crédito como de débito.
Cada comunicación incluirá el nombre del titular, número de tarjeta, cuentas vinculadas y volumen total de movimientos realizados durante el ejercicio fiscal. La finalidad es detectar discrepancias entre los ingresos declarados por contribuyentes y los flujos de gasto observados a través de medios electrónicos.
Las operaciones con tarjeta se han convertido en uno de los principales indicadores del consumo real, y Hacienda considera que pueden revelar actividad económica oculta o ingresos no declarados. El Plan de Control Tributario pretende cruzar esta información con la procedente de TPV, plataformas de pago y comercios electrónicos para “reforzar la lucha contra la economía sumergida y el uso irregular de efectivo”.
La razón detrás de intensificar el control
La Agencia Tributaria justifica esta medida en el contexto de la nueva directiva europea de servicios de pago (PSD3), cuya aplicación en los Estados miembros comenzará progresivamente a partir de 2026.
Bruselas insta a los Estados a reforzar la transparencia en las transacciones electrónicas y a compartir información con las autoridades fiscales nacionales para prevenir el blanqueo de capitales.
El auge de los pagos digitales (más del 65 % de las operaciones minoristas en España ya se realizan con tarjeta, según el Banco de España) ha desplazado el fraude hacia mecanismos más sofisticados, como el fraccionamiento de operaciones entre varias tarjetas o el uso de pasarelas intermedias.
Desde Hacienda se considera que esta medida “mejorará la trazabilidad y reducirá las discrepancias entre facturación y cobros reales”, aunque advierten de que su eficacia dependerá del tratamiento automatizado de los datos y de la coordinación con las entidades financieras.
Por su parte, para las empresas y los autónomos, el nuevo sistema no introduce un límite de gasto, pero sí obliga a mantener la documentación y la trazabilidad contable de cada pago recibido o realizado con tarjeta.
Esto significa que todos los cobros electrónicos, se realicen a través de TPV, pasarelas online o tarjetas empresariales, deberán estar reflejados y conciliados en la contabilidad, incluso si no superan los 25.000 euros.
Las asesorías fiscales advierten de que este control se sumará a otras obligaciones de registro y facturación electrónica (como Verifactu), lo que requerirá mayor coordinación entre bancos, programas contables y sistemas de gestión.
Asimismo, Hacienda podrá imponer multas si detecta operaciones no justificadas o discrepancias significativas entre ingresos declarados y movimientos bancarios.
Reacciones y dudas
Desde las asociaciones de autónomos, como ATA, consideran que el refuerzo de control “tiene sentido si se acompaña de simplificación administrativa”, pero alertan del riesgo de saturar a los pequeños negocios con más burocracia.
En cambio, Gestha defiende que la medida “no afectará a quienes ya declaran correctamente, pero facilitará la detección de fraude recurrente”.
Con esta medida, España se suma a la tendencia europea hacia una fiscalidad completamente digitalizada, en la que los datos de transacciones electrónicas se integran de forma automática en los sistemas de control tributario.
El cambio supondrá un reto técnico para muchas pymes, pero también una oportunidad para modernizar sus procesos de contabilidad y facturación, anticipando la obligatoriedad de los nuevos sistemas Verifactu y los reportes electrónicos de IVA.
A partir de enero de 2026, Hacienda dispondrá de una radiografía más completa de los movimientos financieros de empresas y particulares. Y las pymes deberán asegurarse de que cada pago con tarjeta tenga un respaldo contable claro, para evitar problemas en futuras inspecciones.
Foto: Flickr
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