Sergio Delgado
EditorLa Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva meses construyendo una agenda muy ambiciosa para transformar las condiciones laborales de los autónomos en España.
Mientras su “Bus del Emprendimiento” recorre municipios de menos de 30.000 habitantes de la Comunidad de Madrid ofreciendo asesoramiento gratuito, la organización ha puesto sobre la mesa un paquete de 60 propuestas que busca aliviar la carga administrativa, reforzar la protección social y adaptar la fiscalidad a la realidad de más de 3,4 millones de profesionales.
El objetivo declarado es claro: que emprender y mantenerse como autónomo no dependa de superar una carrera de obstáculos burocráticos, sino de la viabilidad del proyecto.
La federación quiere que estas reformas se conviertan en una hoja de ruta para los partidos políticos y para el diálogo social, de forma que el empleo por cuenta propia gane estabilidad, flexibilidad y un entorno regulatorio menos hostil.
Redefinir quién es autónomo y cómo se le exige cotizar
Una de las líneas centrales del documento es la redefinición de la habitualidad. ATA propone que solo tengan obligación de alta en el régimen de autónomos quienes superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional en rendimientos netos anuales, y que la actividad tenga una duración mínima en el tiempo, ya sea de varios meses seguidos o repartidos en el año.
Con ello se pretende evitar que pequeños encargos ocasionales acaben obligando a asumir cuotas y trámites desproporcionados.
En paralelo, la federación quiere consolidar el sistema de cotización por ingresos reales, poniendo fin al carácter transitorio del modelo actual.
Las bases mínimas y máximas se fijarían anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y se revisarían cada tres años, vinculando este seguimiento a la Comisión del Pacto de Toledo.
Para garantizar seguridad jurídica, se plantea que sea la Agencia Tributaria quien comunique de forma oficial los rendimientos computables antes de que la Tesorería regularice la cotización, y que se acorten los plazos para devolver el exceso cuando se ha pagado de más.
Otra pieza clave es el ajuste de las bases de quienes decidieron mantener su nivel de cotización previo a 2022. La propuesta incluye actualizar automáticamente esas bases con el Índice de Precios de Consumo y permitir aportaciones voluntarias que eviten pérdidas de poder adquisitivo en las pensiones futuras.
También se defiende ampliar el porcentaje de gastos deducibles presuntos a efectos de cotización, de forma que el cálculo de rendimientos tenga más en cuenta la estructura real del negocio.
Tarifa plana, bonificaciones y protección frente a los riesgos
El bloque de medidas sobre Tarifa Plana busca un impulso decidido al emprendimiento. La federación propone una cuota cero durante dos años, ampliable a tres para menores de 30 años, mujeres que regresan a la actividad tras la maternidad y personas con ingresos por debajo del SMI en los primeros ejercicios.
También sugiere un régimen especial para quienes compatibilizan trabajo por cuenta propia con un empleo asalariado con alta cotización, de forma que en determinados supuestos solo sea necesario el alta a efectos fiscales, sin tener que abonar cuota adicional.
En materia de protección social, las propuestas son muy concretas. Se plantea que los autónomos con enfermedad grave vean bonificada el cien por cien de su cuota desde el primer día de baja, y no a partir del segundo mes como ocurre ahora.
Igualmente, se quiere elevar al cien por cien la bonificación para quienes deben dejar temporalmente la actividad para cuidar a menores con patologías graves. En el ámbito del cese de actividad, la organización propone que el cierre definitivo del negocio, acreditado mediante baja censal o traspaso de licencia, suponga un reconocimiento automático del derecho a prestación.
El documento reclama también que el subsidio para mayores de 52 años se extienda al colectivo, de manera que quienes agotan la protección por cese de actividad no queden sin red en la recta final de su vida laboral.
Para ATA, si existe obligación de cotizar durante años, debe existir también el derecho a acceder a mecanismos de apoyo similares a los de los trabajadores asalariados.
Conciliación, relevo generacional y vejez activa
Las reformas propuestas ponen un fuerte acento en la conciliación. La federación plantea ampliar en quince días el descanso por nacimiento y cuidado de menor para las autónomas, con el fin de que el permiso por lactancia tenga el mismo tratamiento efectivo que en el régimen general.
También defiende un modelo más flexible de baja por maternidad, que permita compatibilizar parte del periodo de prestación con ciertas tareas profesionales tras las primeras semanas obligatorias, evitando el cierre total de la actividad en momentos críticos del negocio.
En la misma línea, se propone que las autónomas sin plantilla puedan contratar a una persona con bonificaciones específicas en el último tramo del embarazo, compartir con ella el trabajo y asegurar un relevo temporal que no perjudique ni al negocio ni a la salud de la futura madre.
Este enfoque se complementa con la figura del autónomo colaborador ampliada a no familiares en el marco del relevo generacional, para facilitar que un aprendiz se incorpore años antes de la jubilación y pueda acabar asumiendo el testigo del negocio.
Respecto al envejecimiento activo, el plan sugiere reforzar la jubilación activa, eliminando el año obligatorio de espera y permitiendo compatibilizar pensión y actividad con porcentajes crecientes, hasta llegar al cien por cien cuando se mantenga empleo o colaboración con otras personas trabajadoras.
Además, se aboga por mejorar la previsión complementaria mediante planes de pensiones específicos para autónomos, con límites de aportación y deducción más amplios que los actuales.
Menos burocracia y una fiscalidad adaptada al autónomo
El capítulo de simplificación administrativa y fiscal es uno de los más potentes. La organización propone implantar un régimen de IVA franquiciado que exima de ingresar el impuesto hasta 85.000 euros de ingresos anuales, con un umbral mayor para operaciones internacionales.
Para quienes se acojan, la liquidación pasaría a ser anual, reduciendo de forma notable la carga administrativa. En paralelo, se plantea una transición ordenada desde el sistema de módulos hacia una estimación directa especial que reconozca de forma objetiva un porcentaje amplio de gastos deducibles habituales sin exigir tanta justificación documental.
La facturación electrónica obligatoria y el sistema Verifactu, previstos para 2027, se aceptan como inevitables, pero ATA exige incentivos fiscales y un periodo de lanzamiento sin sanciones por errores, además de la digitalización completa de tickets y facturas simplificadas.
Asimismo, se sugiere que la presentación de declaraciones informativas pase de periodicidad trimestral a semestral para liberar tiempo y recursos.
En el terreno de la relación con la Administración, la federación propone un auténtico cambio cultural: test de impacto específico para micronegocios en cada nueva norma, creación de una “carpeta pyme y autónomo” que centralice toda la documentación pública del contribuyente, consolidación del silencio administrativo positivo como regla general y reconocimiento del derecho al error con un primer aviso sin sanción.
También se plantea limitar las notificaciones a días laborables y horario comercial y evitar que los autónomos con ingresos modestos sean condenados en costas en un contencioso frente a la Administración, además de garantizar que el pronto pago de una sanción no impida recurrirla.
El conjunto de estas 60 reformas perfila un modelo en el que el trabajo autónomo tendría menos trabas, más protección y una fiscalidad alineada con la realidad diaria de millones de pequeños negocios.
Ahora la clave está en la capacidad de los partidos para convertir este documento en acuerdos concretos. En realidad, lo más complicado.
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