Javier Ruiz
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una advertencia clara a comercios y tiendas online: se acabó lo de las falsas rebajas durante el Black Friday. A partir de ahora, las sanciones pueden alcanzar multas de hasta 100.000 euros.
La campaña de vigilancia, que se considera la más importante hasta la fecha, pondrá especial atención en el comercio electrónico y en sectores como tecnología, textil, juguetes o pequeños electrodomésticos, donde se concentran las mayores subidas de precios previas y las principales variaciones durante la campaña.
Qué se considera una “falsa rebaja”
El Gobierno vigilará prácticas que alteran el precio real del producto o inducen a error al consumidor. Entre las más habituales se encuentran las subidas de precio en los días previos para presentar después un descuento ficticio, así como la utilización de un “precio anterior” que no coincide con el más bajo del último mes, tal y como exige la normativa.
También se controlarán los precios dinámicos o personalizados, aplicados mediante algoritmos que presionan al usuario para que compre con rapidez, y los cargos añadidos al final de la compra, conocidos como precios por goteo, que solo aparecen justo antes de pagar.
De igual modo, otra práctica bajo vigilancia es la creación de una falsa sensación de urgencia: mensajes como “últimas unidades” o “varias personas están viendo este artículo” sin que exista una base real. Con el objetivo de detectar estas alteraciones, Consumo utilizará herramientas de monitorización de precios que ya han identificado subidas repentinas en campañas anteriores.
Si bien las grandes plataformas concentran la mayoría de las ventas, la vigilancia no se limitará a los marketplaces, como Amazon o Rakuten. Las inspecciones también se dirigen a tiendas online de menor tamaño, comercios físicos que participan en Black Friday y vendedores presentes en estos marketplaces.
El refuerzo llega además respaldado por resoluciones judiciales previas: tribunales como el TSJ de Madrid han avalado sanciones a empresas que aplicaron rebajas engañosas en campañas anteriores, lo que aporta seguridad jurídica a la actuación actual.
Para las pymes, este contexto tiene dos efectos. Por un lado, se enfrentan a una competencia desleal cuando algunos grandes operadores aplican descuentos poco transparentes. Por el otro, corren el riesgo de cometer errores involuntarios (por ejemplo, no conservar el historial de precios de los 30 días previos o introducir cargos adicionales sin comunicarlo claramente) que pueden derivar en sanciones.
Consumo insiste en que cualquier rebaja debe calcularse sobre el precio más bajo aplicado en el último mes, y recomienda que los comercios mantengan el registro de la evolución del precio, revisen los gastos que aparecen al final del proceso de compra y eviten mensajes de urgencia no acreditados.
Las sanciones
Las multas que se aplicarán dependerán de la gravedad de la infracción. Las más leves pueden alcanzar los 10.000 euros, pero las conductas consideradas graves elevarán la cuantía hasta los 100.000 euros.
En los casos en los que el engaño haya generado un beneficio significativo, la normativa permite imponer sanciones equivalentes a entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito, lo que puede superar ampliamente estas cifras.
Así, incluso una alteración puntual de precios en determinados productos puede derivar en una sanción relevante si se demuestra que la práctica ha influido en las ventas.
Con una campaña de vigilancia reforzada y precedentes judiciales que avalan la actuación de Consumo en años anteriores, el Black Friday de 2025 será el más vigilado hasta la fecha.
En este contexto, la transparencia se convierte en la mejor protección para los comercios: documentar la evolución de los precios, evitar técnicas que generen confusión y comunicar de forma clara cualquier coste asociado son pasos esenciales para reducir riesgos.
Para muchas pymes, la reputación y la confianza del cliente son tan importantes como las ventas puntuales de estas fechas. Cumplir con la normativa no solo permite evitar sanciones, sino que también ayuda a diferenciarse en un mercado donde la transparencia empieza a ser un valor competitivo.
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