Javier Ruiz
España prevé renunciar a cerca del 75 % de los créditos que tenía disponibles en el fondo de recuperación europeo Next Generation EU, según adelantó El País. Esto supone solicitar unos 22.000 millones de los más de 83.000 asignados por Europa.
El Gobierno mantiene que no necesita recurrir a ese volumen de financiación y que quiere evitar un aumento adicional de la deuda pública. Sin embargo, la decisión implica dejar sin utilizar una parte relevante de los recursos europeos que estaban previstos para proyectos de transición verde, digitalización e inversión pública.
Qué significa renunciar a estos créditos
Dentro de los mecanismos europeos de recuperación hay dos vías de financiación, mediante subvenciones (ya solicitadas por completo) y créditos blandos (los que ahora se descartan).
La renuncia implica que España no aprovechará una fuente de financiación barata y temporal, que otros países —como Italia, Portugal o Grecia— sí están utilizando casi en su totalidad para acelerar sus inversiones.
La Comisión Europea recuerda, desde 2023, que los Estados miembros tienen una “ventana limitada” para solicitar estos créditos y que su objetivo es complementar la inversión pública en un momento de desaceleración económica.
En este sentido, si España limita la inversión pública disponible, también reduce los márgenes presupuestarios vinculados con proyectos de energía y transición verde, infraestructuras y movilidad, digitalización avanzada, industria y modernización empresarial y proyectos autonómicos ligados a vivienda, rehabilitación o transporte.
El Gobierno argumenta que, con la mejora de la calificación de la deuda y el menor coste de financiación, acudir a los mercados resulta casi tan barato como recurrir al crédito europeo.
Impacto para las pymes
Las pymes no son beneficiarias directas del crédito europeo, pero sí de programas financiados con estos fondos. Así, limitar el crédito disponible, hace probable que algunas convocatorias sean más pequeñas o no lleguen a abrirse, se reduzca la financiación destinada a digitalización avanzada, eficiencia energética o proyectos industriales y aumente la competencia por las subvenciones que sí permanezcan.
En resumen: menos margen, no necesariamente cortes inmediatos, pero sí una disminución del alcance potencial de futuras ayudas.
España avanza a un ritmo distinto
Otros países han decidido aprovechar al máximo el crédito europeo para impulsar reformas e inversiones estratégicas. Italia es el país que más ha aprovechado los créditos del plan; por su lado, Portugal destaca por una ejecución elevada del conjunto del mecanismo.
La Comisión Europea ha insistido en varias ocasiones en que estos recursos buscan mejorar la productividad, la resiliencia económica y la competitividad dentro de la UE. Renunciar a una parte tan grande implica, según expertos citados por El País, que España dependerá más del presupuesto nacional y menos del impulso europeo.
La renuncia llega en un momento en el que la economía afronta un escenario de crecimiento moderado, con desafíos claros en productividad y modernización del parque empresarial español.
Todo indica que este será uno de los temas económicos de 2026, sobre todo, cuando se empiece a evaluar el ritmo de ejecución de los fondos ya concedidos y las diferencias entre países.
Por ahora, España mantiene su apuesta por recibir únicamente subvenciones y evitar el crédito. La duda es si este enfoque limitará la capacidad de inversión futura en un periodo en el que la transformación económica depende, en gran parte, del impulso financiado por Europa.
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