Javier Ruiz
La reforma del sistema de cotización por ingresos reales, que debía avanzar un tramo más en 2026, se ha quedado bloqueada. Tras un arranque de negociaciones intenso a mediados de octubre, el diálogo entre el Ministerio de Seguridad Social y las organizaciones de autónomos ha entrado en vía muerta.
Hace escasas horas, la ministra Elma Saiz ha reconocido que, si no se alcanza un acuerdo pronto, el Gobierno tendrá que prorrogar las cuotas actuales en 2026, un escenario que ya habían previsto desde la patronal.
Se frenan las negociaciones
La negociación empezó el 13 de octubre, cuando la Seguridad Social presentó una propuesta de incremento de cuotas para 2026.
El planteamiento incluía subidas significativas en los tramos bajos, ajustes intermedios más moderados y aumentos importantes en los tramos superiores. El rechazo fue inmediato, tanto de asociaciones de autónomos como de varios grupos parlamentarios.
Pocos días después, Saiz suavizó el discurso, del cual se hizo eco la prensa nacional. La ministra defendió la necesidad de alcanzar la cotización por ingresos reales en 2032, pero planteó avanzar a un ritmo más gradual.
En la reunión del 20 de octubre, el Ministerio propuso congelar las cuotas más bajas y aplicar para el resto incrementos progresivos por debajo de la inflación prevista. Desde entonces no se ha convocado ninguna mesa formal. Las conversaciones se han desplazado al terreno político y a declaraciones cruzadas, con una sensación creciente de que la reforma ha quedado paralizada.
“Esto lo ha parado Moncloa”
La mayoría de las organizaciones (ATA, UPTA y UATAE) coinciden en que la negociación se ha detenido de manera abrupta. En varias de ellas se extiende la idea de que “esto lo ha parado Moncloa”.
UATAE ha lamentado el miedo del Ejecutivo, que considera “inadmisible”, en especial al desaprovechar el margen técnico que aún existe para negociar mejoras del sistema.
Al mismo tiempo, las propias asociaciones mantienen posiciones enfrentadas. UPTA advierte de que una congelación de cuotas sería un error que reduciría la pensión futura del colectivo, mientras que ATA sostiene que cualquier incremento debe ir acompañado de mejoras de protección, como el refuerzo del cese de actividad o un subsidio para mayores de 52 años. Este último punto depende del Ministerio de Trabajo, que se opone firmemente a extender esta ayuda a quienes trabajan por cuenta propia.
El contexto político tampoco ayuda: con elecciones en Extremadura el 21 de diciembre, varias fuentes dudan de que el Gobierno quiera asumir el coste de anunciar un aumento de cuotas antes de esa fecha.
Los sindicatos también reconocen que el frenazo puede venir del Ejecutivo, pero recuerdan que la implantación del sistema de ingresos reales es uno de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación europeo. Un bloqueo prolongado podría obligar a justificar una desviación en un proyecto clave para avanzar hacia una Seguridad Social más equilibrada.
Desde la Seguridad Social, sin embargo, se mantiene un mensaje más optimista, asegurando que su última propuesta (incrementos moderados y mejoras de protección) todavía está siendo analizada por las asociaciones y apela a su “responsabilidad” para avanzar “en la línea de lo acordado en 2022”.
Incluso si hubiera un acercamiento técnico, el siguiente paso sería convencer al Parlamento. Y aquí se presenta un escenario complejo, según la mayoría de los medios: El PP, que apoyó la reforma aprobada en 2022, rechaza ahora cualquier subida y ha presentado un paquete alternativo de medidas, bien recibido por ATA. Su posición puede variar en función del respaldo que logren patronales y sindicatos, siguiendo la lógica que ya aplicó en la reforma de pensiones.
Junts también se opone: considera que la última propuesta del Gobierno “no es suficiente” y que perjudica a la “clase media catalana”. La postura ya era dura antes de que sus bases rechazaran un acuerdo más amplio con el Ejecutivo, lo que dificulta cualquier acercamiento.
En la izquierda, Podemos exige un planteamiento distinto: reducir cuotas a quienes menos ganan y elevarlas a los autónomos con mayores ingresos.
PNV, ERC y BNG mantienen reservas diversas y tampoco garantizan su apoyo. El resultado es un mapa parlamentario lleno de vetos cruzados.
La prórroga para los autónomos
Si finalmente no hay acuerdo antes de final de año, en 2026 se mantendrán las cuotas actuales. Para quienes ingresan menos de 1.300 euros al mes esto implicará una congelación de los importes; para los tramos medios y altos, supondrá retrasar los ajustes previstos dentro del despliegue hacia los ingresos reales.
UPTA insiste en que esta pausa afectará negativamente a las futuras jubilaciones del colectivo, mientras que ATA considera que no tiene sentido avanzar en cuotas sin reforzar antes las prestaciones y la protección social.
El sistema de ingresos reales nació con la intención de aportar previsibilidad, pero el bloqueo actual transmite lo contrario. Miles de autónomos necesitan planificar su actividad, prever costes y ajustar su fiscalidad con antelación. Las pymes, especialmente aquellas con autónomos societarios o colaboradores, también dependen de un marco estable para tomar decisiones.
Si la negociación no se desbloquea en las próximas semanas, el escenario más probable será la prórroga de las cuotas vigentes. En un contexto de tensiones dentro del diálogo social y un Congreso fragmentado, el margen para una reforma en 2025 parece cada vez más estrecho.
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