En las últimas semanas, el sistema de asistencia sanitaria de los funcionarios públicos ha vuelto al centro del debate. La confirmación de que Muface seguirá operando con aseguradoras privadas, tras la renovación de sus conciertos con Adeslas y Asisa, no ha quedado exenta de polémica.
Por un lado, el Gobierno asegura la continuidad del sistema, pese a la salida de algunas aseguradoras como DKV. Por el otro, la dependencia de un modelo de mutua privada para los empleados públicos sigue siendo un punto de fricción, especialmente entre aquellos que ven en Muface un privilegio que no encaja con un sistema sanitario público universal.
El rescate de Muface
MUFACE, acrónimo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, es una entidad que permite a los empleados públicos elegir entre ser atendidos por el SNS (la sanidad pública), o bien por la privada. Mientras que la mayoría de los ciudadanos dependen exclusivamente de la Sanidad Pública, los mutualistas pueden optar por aseguradoras privadas que gestionan su cobertura.
Este modelo, que lleva activo más de 40 años ha sido defendido por algunos sectores por ofrecer más opciones de atención médica a los funcionarios, pero también ha sido duramente criticado al considerarse un privilegio financiado con fondos públicos.
Así, el último proceso de adjudicación no ha hecho más que volver a poner en evidencia las dificultades del modelo. Hasta el último momento, y con los anteriores conciertos desiertos debido a que aseguradoras como Sanitas, Asisa, AXA o DKV defendían la necesidad de un aumento de más de un 40 % en el presupuesto. Esto se ha traducido en más de 1.300 millones de euros extra para mejorar la viabilidad del concierto.
Un sistema desigual
Pese a todo, solo Sanitas y Asisa se mantienen para el trienio 2025-2027. La cuestión es que este tipo de "rescates" refuerzan la sensación de que Muface es un sistema insostenible a largo plazo, especialmente si sigue dependiendo de un grupo reducido de aseguradoras dispuestas a participar en el esquema.
Rafael Frutos, subdirector de Presupuestación y Seguimiento de los Ingresos Tributarios en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, expresó en El Diario su deseo de no formar parte de Muface.
Frutos argumenta que este modelo genera desigualdades, ya que permite a los funcionarios acceder a servicios privados que no están disponibles para el resto de la ciudadanía. Además, señala que la reciente crisis en Muface, donde aseguradoras como Mapfre y AXA han decidido no participar en el concierto para brindar asistencia sanitaria a los funcionarios entre 2025 y 2027, pone de manifiesto la insostenibilidad del sistema y la necesidad de replantearlo.
En el artículo Yo no quiero pertenecer a Muface, Frutos apuntaba a la integración de los funcionarios en el sistema público de salud, eliminando privilegios y garantizando una atención equitativa para todos los ciudadanos. Una posibilidad real que se contemplaba a finales del año pasado, que la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió como perfectamente factible.
Entre los propios funcionarios, la percepción de Muface está dividida. Algunos valoran la libertad de elección que proporciona el sistema, mientras que otros critican la precarización de la asistencia sanitaria que se ha experimentado en los últimos años: aquí, el peso presupuestario de los mutualistas no es menor.
Un problema de cifras
Además, cuando se habla de Muface y otras mutualidades administrativas, a menudo se argumenta que estas entidades ayudan a descongestionar el Sistema Nacional de Salud (SNS), permitiendo que una parte de la población (los funcionarios y sus familias) reciba atención a través de aseguradoras privadas en lugar de recurrir a la sanidad pública.
Sin embargo, si analizamos los datos en detalle, la realidad es que este modelo supone un gasto per cápita significativamente mayor en comparación con el SNS.
Mientras que el Estado destina alrededor de 2.976 euros por cada mutualista, el gasto por ciudadano en el SNS se sitúa en 2.032 euros, si excluimos a los mutualistas de la ecuación.
Esto implica que el sistema de mutualidades no solo no supone un ahorro, sino que cuesta aproximadamente un 46 % más por persona en términos de financiación pública. En pocas palabras, el Estado gasta mucho más en garantizar la sanidad privada de una pequeña minoría (2,1 millones de mutualistas) que en la cobertura sanitaria del resto de la población (más de 45 millones de ciudadanos).
Si consideramos a toda la población española dentro del cálculo del gasto sanitario público (incluyendo a mutualistas), la cifra desciende ligeramente hasta 1.942 euros por persona. Es decir, en términos globales, el Estado invierte casi 1.000 euros más por cada mutualista que por el ciudadano medio, lo que plantea serias dudas sobre la equidad del modelo.
Aunque la existencia de Muface se ha justificado históricamente como un alivio para el sistema sanitario público, los números muestran que, en la práctica, apostar por mutuas es casi el doble de costoso que financiar directamente el SNS. Esto abre el debate sobre si el modelo sigue siendo viable a largo plazo o si debería reformarse para lograr un uso más eficiente de los recursos públicos.
De igual modo, algunas de las principales quejas incluyen:
- La falta de especialistas en algunas provincias y las largas listas de espera en la sanidad privada
- La diferencia de coberturas entre aseguradoras, lo que obliga a muchos mutualistas a cambiar de compañía constantemente.
- La discriminación en función de la edad y patologías, ya que algunas aseguradoras tienden a ofrecer menos servicios a personas con enfermedades crónicas o de mayor edad.
En la cuerda floja
Las opciones de cara a los próximos años oscilan entre mantener el modelo, ajustando la financiación para atraer a más aseguradoras y garantizar una cobertura adecuada; reformarlo, aumentando la supervisión y estableciendo criterios más estrictos para la calidad asistencial, o bien integrarlo completamente en el SNS, eliminando la sanidad privada para funcionarios y redirigiendo estos fondos al sistema público.
Cada opción tiene implicaciones económicas y políticas, pero lo cierto es que el modelo de mutualidades está en la cuerda floja (como indican los escenarios que permitirán cambiar entre mutua y SNS dos veces al año) y requiere cambios estructurales si quiere garantizar su viabilidad.
Los datos muestran que el Estado invierte casi el doble en financiar la sanidad privada de los funcionarios que en la cobertura de un ciudadano medio: ¿es MUFACE un sistema a mejorar o una estructura obsoleta que debe ser eliminada?
Más allá de opiniones ideológicas, lo que parece evidente es que el modelo necesitará cambios para garantizar su sostenibilidad a largo plazo sin seguir dependiendo de "rescates" multimillonarios.