Tras varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la asistencia sanitaria para los funcionarios, el Gobierno ha asegurado la continuidad del modelo de Muface mediante un notable incremento de las primas frente al trienio anterior.
Este aumento de la inversión, que era el porcentaje reclamado por las principales aseguradoras, ha permitido que Adeslas y Asisa renueven el concierto sanitario para el periodo 2025-2027, garantizando la cobertura para más de 1,5 millones de beneficiarios.
Un aumento de 1.300 millones
La preocupación por la viabilidad de Muface se había intensificado en los últimos meses debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad del modelo para las aseguradoras privadas. Ante el riesgo de abandono masivo de entidades aseguradoras, el Gobierno aprobó un incremento significativo en las primas, con el objetivo de hacer viable la continuidad del concierto.
Este aumento del 41,2% en las primas (lo que supone una inversión extra de 1.300 millones) busca equilibrar la balanza financiera y garantizar la sostenibilidad del modelo de colaboración público-privada que caracteriza a Muface desde hace décadas. Un puzle imposible, como han titulado en El País, que parece encontrar un buen final para los implicados.
En total, el Estado destinará más de 6.250 millones de euros en los próximos tres años para financiar la sanidad concertada de 2,1 millones de empleados públicos y sus familiares, incluyendo a funcionarios, jueces, diplomáticos y militares.
Asimismo, la polémica ha despertado críticas sobre la necesidad de contar con entidades privadas para dar asistencia sanitaria a los trabajadores públicos y el por qué no se ha realizado un trasvase progresivo hacia el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Se retiran Mapfre y AXA
El nuevo concierto sanitario contará con menos entidades participantes. Adeslas y Asisa han confirmado su permanencia y seguirán ofreciendo asistencia sanitaria, mientras que Mapfre y AXA (y DKV, que participó en el concierto anterior) han decidido no participar tras estudiar el pliego de condiciones, argumentando que no se ajustaban a su modelo de negocio o a sus expectativas de rentabilidad.
Su salida del concierto supone una reducción en la oferta de entidades disponibles para los funcionarios, pero el Gobierno y las aseguradoras participantes han asegurado que el servicio queda garantizado.
De este modo, si bien la reducción de opciones podría afectar a algunos beneficiarios que, en el pasado, contaban con estas coberturas, el grueso del sistema seguirá operando con normalidad. La garantía de continuidad del servicio y el incremento en la financiación buscan ofrecer estabilidad a los funcionarios y evitar posibles disrupciones en su atención sanitaria.
El nuevo concierto 2025-2027 marca un punto de inflexión en la gestión de Muface, asegurando su viabilidad a corto plazo y planteando nuevos retos para el futuro del modelo de asistencia sanitaria de los funcionarios. Entre ellos, si realmente es cierto, que era viable un cambio hacia el SNS en los tiempos planteados, como afirmó la ministra Mónica García.
En cualquier caso, resulta evidente, tras el incremento de las primas que la opción más beneficiosa en el corto plazo era mantener la mutualidad. A partir de aquí, se espera un diálogo más productivo y un seguimiento óptimo para evitar nuevos ultimátums como el de finales de este último año.