El Gobierno desarrollará una medida, dentro de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y los cambios que se realizarán en la Ley de Transparencia, que obligará a las Comunidades Autónomas a informar trismestralmente al Gobierno Central de los pagos pendientes con sus proveedores.
Esto serviría para comprobar el cumplimiento del déficit y el control de los plazos de pago fijados por la Ley contra la Morosidad y la normativa europea a este respecto y que, hasta ahora, está siendo incumplida sistemáticamente por parte de estas administraciones.


