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El Gobierno permite aumentar el plazo de pago a proveedores en caso de acuerdo

El Gobierno permite aumentar el plazo de pago a proveedores en caso de acuerdo
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¿Qué puede hacer un Gobierno que aprueba una Ley que nadie cumple? La respuesta más lógica es poner los medios para asegurarse que se aplica, pero en el caso de España la contestación es que se cambia la Ley. Gobierno ha decidido "relajar" los plazos de pago establecidos por la Ley contra la Morosidad, cuyos primeros incumplidores son las propias administraciones públicas, y ampliar de treinta a sesenta días el plazo máximo de pago de las facturas siempre que haya acuerdo entre las partes.

Lógicamente ésto favorece a las grandes empresas e incluso a las Administraciónes que podrían imponer el acuerdo en base a su posición dominante con sus proveedores más pequeños, por lo que autónomos y pymes probablemente no tendrán más remedio que acordar un plazo más amplio o arriesgarse a perder al cliente.

Bueno, esa es la teoría. En la práctica los efectos de esta ampliación serán mínimos, teniendo en cuenta que muchas empresas y la inmensa mayoría de las Administraciones Públicas incumplen el plazo de pago fijado por la Ley sin que ello tenga ningún tipo de consecuencia. La media de plazos de pago de los Organismos Públicos se sitúa en los 111 días y el de las grandes empresas en 85, cuando el plazo legal es de 30 días.

Viendo esta situación lo lógico sería actuar en favor de establecer un mayor control y sancionar el incumplimiento de la normativa, sobre todo porque el retraso siempre perjudica al más pequeño y muchas empresas ni siquiera pueden financiarse para solucionar los problemas de liquidez derivados de la morosidad y acaban abocadas al cierre.

Sin embargo lo que se ha decidido es ir en sentido contrario y abrir la mano para favorecer a los incumplidores. Supongo que relajando los plazos esperan que estos se recorten y los que pagan en ochenta días se avengan a pagar en sesenta y los que pagan en más de cien se acerquen al plazo legal. Otra cosa es que esto se haga realidad.

Otro punto de vista es el precedente que ésto podría crear. ¿Si hay una Ley que no gusta y la mayoría se niegan a cumplirla también decidirá el Gobierno relajar su aplicación? ¿Va a ser ese el criterio a aplicar siempre o sólo cuando afecte a las obligaciones del Estado y el resto de Administraciones con los ciudadanos?

En Pymes y Autónomos | Ley de morosidad Imagen | DafneCholet

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