Las empresas está obligadas a cobrar en efectivo o con tarjeta en estos casos. La normativa señala varios riesgos legales si no lo hacen

Las empresas está obligadas a cobrar en efectivo o con tarjeta en estos casos. La normativa señala varios riesgos legales si no lo hacen
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Muchos autónomos y pequeños empresarios creen tener libertad para decidir cómo cobran a sus clientes, sin embargo, la ley establece ciertas obligaciones en cuanto al efectivo y marca límites claros sobre cuándo pueden negarse a recibir pagos con tarjeta.

Un tema que ha generado interés creciente a raíz de los pagos digitales y el número de establecimientos que optan por eliminar el efectivo. Tras el apagón de finales de abril, quizá el escenario vuelva a cambiar de forma abrupta.

¿Se pueden rechazar pagos en efectivo?

Sin embargo, tanto consumidores como negocios deben saber que la normativa española protege el derecho a pagar en metálico, dentro de ciertos límites, y que imponer únicamente medios telemáticos puede acarrear sanciones. La regulación busca equilibrar la modernización del comercio con los derechos de los consumidores y la lucha contra el fraude.

Por lo tanto, los comercios no pueden rechazar pagos en efectivo. En España, están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo, siempre que el importe no supere los límites establecidos.

Así lo establece el Artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuya última actualización tuvo lugar en enero de 2025.

Según explicó Alfredo Gosálvez, Secretario General de FECE, en declaraciones para distintos medios: negarse a aceptar efectivo constituye una infracción legal, ya que "la moneda de curso legal son los billetes, no el pago con tarjeta."

Este principio se aplica de forma general a todos los establecimientos, incluidos comercios físicos, restaurantes o servicios profesionales. El Banco Central Europeo refuerza esta interpretación y señala que “una etiqueta que indique que no se acepta efectivo no es suficiente” si no hay una justificación legítima detrás.

¿Se puede limitar el pago en efectivo?

Sí, pero con condiciones. Desde la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se establece un límite de 1.000 euros para pagos en efectivo cuando al menos una de las partes actúe como profesional o empresario. En el caso de personas físicas no residentes en España, el límite asciende a 10.000 euros.

Además, en situaciones excepcionales, los comercios pueden negarse a aceptar efectivo si existe una justificación clara, como riesgos de seguridad, falta de cambio o imposibilidad técnica. No obstante, deben poder demostrar esa causa de fuerza mayor para evitar sanciones.

¿Están obligados a aceptar pagos con tarjeta?

Por el contrario, los pagos con tarjeta siguen sin ser de aceptación obligada.  A diferencia del efectivo, los negocios no están obligados a aceptar pagos con tarjeta. Según confirmó Carlos Moreno, portavoz de la Confederación Española de Comercio (CEC), la tarjeta no es moneda de curso legal, por lo que su aceptación es opcional.

Eso sí, si un negocio opta por permitir el pago con tarjeta, debe cumplir ciertas condiciones: informar con claridad, no aplicar recargos abusivos y no discriminar entre clientes sin motivo. Si una empresa ofrece el servicio de TPV, debe asegurarse de que está disponible de forma regular y no puede retirarlo de forma arbitraria para determinados usuarios.

Por lo tanto, aunque la negativa a aceptar tarjeta es legal, negarse a aceptar efectivo puede derivar en sanciones económicas que oscilan entre 150 y 10.000 euros, según la normativa vigente.

En un contexto donde los pagos digitales ganan terreno, es fundamental que los negocios conozcan sus obligaciones legales. Aceptar pagos en efectivo es un deber legal, no una opción, mientras que la aceptación de tarjetas de crédito o débito sigue siendo voluntaria.

En cualquier caso, las decisiones deben comunicarse de forma transparente y coherente con la normativa vigente. Informarse bien y actuar conforme a la ley no solo evita sanciones, sino que también mejora la confianza del cliente y protege los derechos de ambas partes.

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