Impuestos

Tras el aumento del gravamen a las rentas del trabajo y del capital por parte del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, acapara un mayor interés para los declarantes del IRPF cualquier tipo de deducción o acción que les permita pagar menos impuestos. En este contexto tenemos que decir que no afecta de manera equitativa a los empleados así como a los directivos, pero, ¿por qué? Veamos algunas ‘artimañas’ que las grandes compañías están implementando para sacar de la línea de fuego de la subida impositiva a los empleados que mejor remuneran.

Estas acciones que están enfocadas hacia los rendimientos salariales de ‘ciclo largo’, aquéllas que en teoría se van generando para ser pagadas en un momento a futuro, tales como stock options y retribuciones variables, cuyas empresas están difiriendo el pago para dentro de dos años, es decir, cuando haya expirado la modificación introducida en la ley del impuesto de la renta, que se presume temporal y durante ese período de tiempo.

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Una de las noticias de actualidad económica (y legal) del día ha sido la posibilidad de que el gobierno de España pueda hacer una excepción y un trato de favor hacia el posible inversor de un gran complejo de ocio que emularía a ‘Las Vegas’ y que se podría instalar en un lugar aún por determinar de la Comunidad de Madrid.

Entre las peticiones que el inversor norteamericano Sheldon Adelson, y que a su vez denuncia el sindicato de Inspectores de Hacienda del Estado (Gestha), se encuentran: un trato fiscal reducido, lo que supone abrir la posibilidad de que se puedan evadir, y por otro lado flexibilizar los contratos, lo que a su vez supondría relajar la legislación laboral actual, dando pie a la creación de un auténtico paraíso fiscal en el centro del país, y creando al mismo tiempo una dualidad legal y económica que va en contra de la igualdad de trato en los negocios.

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El Gobierno ha presentado hoy, tras el Consejo de Ministros, el primer paquete de medidas económicas. En ellas aparece la instauración de un gravamen complementario del IRPF que afectará a todos los contribuyentes (autónomos incluidos) y que se de disfraza como una aportación solidaria para la reducción del déficit público.

En estas medidas urgentes no aparece ni una sola que haga referencia a incentivar la actividad de autónomos y pymes. Supongo que no hay prisa por ponerlas en marcha, no importa que sigan cerrando empresas ante la situación económica porque por lo que parece la auténtica misión del Ejecutivo es recaudar.

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Desde que empecé a colaborar en esta tribuna me he caracterizado por criticar las ayudas sociales públicas y por mostrar mi cara más crítica con las subvenciones y manutenciones de todo tipo, pero desde que empecé a colaborar siempre he dicho que creo en la acción privada (también de las empresas privadas y de los autónomos) como respuesta, como alternativa a ello.

Buenas críticas me ha costado defender las posturas que he mantenido, que mantengo y que sigo manteniendo, pero a todos esos que siempre me han criticado, les invito a seguir haciéndolo pues sigo pensando y defendiendo lo mismo. Sigo pensando y defendiendo lo mismo pero quiero demostrar que desde la acción privada, que desde los profesionales y las empresas privadas, también se puede construir unas propuestas diferentes.

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Nos ha llegado una consulta en la que nos preguntan varios aspectos relacionados con una persona que cobra comisiones pero no realiza actividad empresarial ni profesional. El caso es el siguiente:

Mi consulta es la siguiente. A mi hija de 21 años de edad, le han cedido una cartera de seguros, de la cual obtiene cada mes unos 400 euros en comisiones. No la trabaja, ya que lo unico que hace es cobrar las comisiones de la cartera existente. Ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, como debe de encuadrarse.? Darse de alta en autonomos parece un imposible, con unos ingresos mensuales de 400 euros. Existe alguna forma legal, de declarar estos ingresos sin darse de alta?

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En su día ya se trató en esta página el tratamiento fiscal de los impagados comentando en qué circunstancias podemos considerar una deuda cono incobrable y compensar, a efectos de IVA e IS o IRPF, las facturas emitidas en su día. Pero ¿que ocurre si después de esta compensación finalmente cobramos esos créditos. ¿Cuál es la fiscalidad de esos cobros referidos a esos créditos antes considerados incobrables?

Para aclarar esta cuestión podemos referirnos a la consulta vinculante V1130-10 en la cual la consultante interpuso una demanda contra su deudor reclamando unas facturas impagadas. Una vez que fue admitida a trámite la demanda la consultante procedió a modificar la base imponible por tratarse de créditos considerados legalmente incobrables. Pero, posteriormente, una vez concluida la vía ejecutiva, el demandando satisface la cantidad adeudada.

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El Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace días la creación de una serie de zonas francas para emprendedores en determinadas zonas de Madrid.

Básicamente de trata de una exención total, durante un periodo de dos años, de ciertos impuesto municipales para las nuevas empresas del sector de Industrias Culturales y Creativas que ubiquen en los barrios de Chueca, la Latina, Huertas y otros Barrios ICC´s que se certifiquen como tal. La certificación de estas empresas se realizará por la Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende” según los criterios que se publicarán próximamente.

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La Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que estarán exentas del IVA las actividades formativas de educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de posgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional.

Sin embargo, eso no significa que todas las actividades relacionadas con la formación estén exentas del Impuesto. La exención sólo se aplicará en la formación relacionada con materias comprendidas en alguno de los planes de estudios de cualquier nivel y grado del sistema educativo español. La exención no será aplicable, por tanto, a los servicios de enseñanza que versen sobre materias no incluidas en los referidos planes de estudios.

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He leido atentamente el artículo que publica El País refiriendose a Internet como paraiso fiscal. Independientemente de las consideraciones que realiza sobre las actividades de las grandes empresas y su “ahorro fiscal” por tributar en Irlanda, donde el impuesto de sociedades en menor, sí sería conveniente realizar ciertas aclaraciones que hacen pensar que realmente Internet no es tal paraiso fiscal.

En primer lugar, no es suficiente con tener la página web, desde la que se venden o se prestan servicios, alojada en un servidor extrajero para pagar menos impuestos. La ley determina que se tributa desde donde ser realiza la operación pero siempre teniendo en cuenta que el servidor sea propiedad de la empresa y no es suficiente con contratar el hosting en ese país. Una empresa española que tenga su tienda virtual alojada en un servidor de Amazom no tributará en el país donde esta empresa tenga sus servidores sino en España, porque la empresa española no tiene esos servidores en propiedad.

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