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La Agencia Tributaria vuelve a marcar récord en su lucha contra el fraude con 14.883 millones obtenidos como resultado de dicha labor. Se continúa con la tendencia de crecimiento de ingresos por el trabajo de la inspección. En 2016 se ha marcado un récord histórico, que sólo se superó en 2015.

Claro que en dicho año la Agencia Tributaria tuvo una serie de ingresos provenientes de expedientes singulares de minoración de devoluciones. Se trataba de contribuyentes que habían reclamado dinero al fisco después de anotarse deducciones fiscales, bases negativas o provisiones. Hacienda revisó y denegó dichas deducciones, pero ya avisó que se trataba de algo puntual en cuestión de ingresos, un total de 2.709 millones, que no se repetiría otros años.

Los asesores fiscales planifican y recomiendan a ciudadanos y empresas sobre cual es la mejor manera de cumplir con sus obligaciones a la hora de pagar impuestos. Muchas veces esas prácticas no coinciden del todo con las tesis que mantienen la Agencia Tributaria o caen en alguna ilegalidad. Por eso la UE quiere obligar a los asesores fiscales a informar sobre sus clientes y sus tácticas de optimización fiscal.

A raíz de escándalos recientes como "Los papeles de Panamá" donde los asesores fiscales juegan un papel fundamental a la hora de crear un entramado societario que pueden facilitar la evasión fiscal. Debido a ello la Comisión Europea ha abierto una consulta para recabar opiniones de todos los sectores para saber cómo debería actuar la UE.

La Agencia Tributaria ha obtenido 15.664 millones de euros en 2015 como resultado de su labor en la prevención y lucha contra el fraude, lo que supone una cifra récord en su historia que supera en un 27,2% la conseguida el año anterior. Parece que se estrecha el cerco contra los defraudadores, pero no se legisla para que las grandes empresas paguen igual que las pequeñas.

Estas cantidades se desglosan en 15.188 millones de euros se corresponden con el 'indicador 3' de objetivos, los resultados directos obtenidos por la Agencia en el ejercicio de sus funciones de prevención y lucha contra el fraude, que aumentan un 32,2% con respecto al año anterior. Esta recaudación se desglosa, a su vez, en ingresos procedentes de actuaciones de control ('indicador 3.1'), que aumentan un 11,6% hasta alcanzar los 9.687 millones de euros, y la minoración de devoluciones solicitadas por los contribuyentes ('indicador 3.2'), donde se registra un fuerte incremento del 96,2% motivado por los expedientes mencionados, hasta alcanzar los 5.501 millones de euros.

Hace poco tiempo, leí una interesante entrevista en Sintetia a Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de las propuestas de Ciudadanos en materia fiscal. Se trataba de una entrevista concedida en mayo, justo antes de las Elecciones Municipales y Autonómicas pero, en esta ocasión, y con la campaña electoral de las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, vuelve a cobrar un cierto interés, más que antes si cabe.

En ella, además de otras muchas cosas, Francisco de la Torre se refirió al sistema de módulos como un nido de fraude, ya que todos los empresarios que se acogen a este sistema tributan lo mismo con independencia de su facturación, ya vendan 20.000 o 200.000 euros. Además, propuso algunas reformas en este sistema para aumentar la recaudación fiscal, siendo el único partido político que, por el momento (al menos que yo sepa), se ha atrevido a poner coto a este sistema intrínsecamente fraudulento.

En mundo en el que las tecnologías de la comunicación se están comiendo casi cualquier sector y medio que nos podamos imaginar, los nuevos medios de pago con base en la tecnología están condenando al dinero en efectivo a un papel residual. Pese a que todavía a día de hoy el 85% de las transacciones mundiales se realizan en efectivo, la tendencia se está invirtiendo poco a poco.

Una situación muy atractiva para los gobiernos de los diferentes países, que ven en el fin de los pagos en efectivo un medio para combatir el fraude fiscal. No en vano, algunos son los países que han dado un paso adelante en este sentido, como Dinamarca, que han comenzado a ofrecer la opción de no aceptar pagos en efectivos a determinados establecimientos a partir de 2016.

Los excesivos casos de corrupción y fraude fiscal en la clase dirigente, son solo una punta de iceberg que asoma entre los que despuntan por sus desmanes, pero debajo todavía hay muchos que se afanan en robar y corromperse hasta llegar a los limites en que sus desmanes no pasen desapercibidos (la popularidad suele gustar). Pero no toda la clase política es corrupta y defrauda al fisco, los hay que honradamente piensan que su remuneración es escasa y se suben los salarios de manera desproporcionada, otros gustan de acumular cargos y prebendas, algunos que se limitan a votar lo que les dicen y de vez en cuando nos podemos topar con algún buen político.

Resulta más que evidente que España deja de ser, cada vez más, un lugar en el que se favorezca la actividad empresarial. Las recientes subidas de las cotizaciones sociales, la supuesta rebaja de impuestos que sólo es de boquilla porque esconde un incremento de las cuotas a pagar por la mayoría de contribuyentes, la enorma inseguridad jurídica que hace que haya que pelear en los tribunales (previo pago de las tasas judiciales) los cada vez más habituales "extraños" criterios de la Administración en cuanto a la interpretación de las leyes, etc. Pués ésto todavía puede ser peor si se apueba la reforma de la Ley General Tributaria que plantea el Gobierno y que implica que, en principio, todos somos defraudadores, mientras no se demuestre lo contrario.

Si leéis el post que ha publicado Remo en El Blog Salmón podéis haceros una idea de por donde van a ir los tiros. Lógicamente estas medidas no están aprobadas pero el "espíritu" del anteproyecto va claramente en contra de establecer un terreno favorable para el establecimiento y desarrollo de las iniciativas empresariales y destaca por la eterna desconfianza hacia éstas y el enfermizo afán recaudador de quien lejos de intentar aumentar los ingresos del Estado favoreciendo la actividad económica se esmera en exprimir a todos los que se encuentran por el camino.

En los últimos años se están conociendo nuevos casos de fraude fiscal y a la seguridad, una noticia que se ha ido convirtiendo en un titular habitual, y que desgraciadamente caracteriza a nuestro país como uno de los más corruptos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo).

En concreto, y en lo que respecta al fraude a la Seguridad Social, está alcanzando unas cotas más preocupantes, que tras casos como el que se acaba de conocer como el de las 752 personas investigadas en una operación contra empresas 'ficticias', hace mucho daño a la amplia mayoría de nuestro tejido empresarial, que a pesar de atravesar una coyuntura de dificultades, afrontan sus obligaciones tributarias y legales.

El encomiable afán de la Agencia Tributaria por luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida ya ha sido tratado anteriormente en este espacio, al igual que sus métodos (a veces de dudosa legalidad). Evidentemente el fin nunca justifica los medios y menos cuando se pone en duda la seguridad jurídica de los medios que utiliza el Estado hacia sus ciudadanos.

Hoy tenemos una muestra más de ésto. Según El Pais Hacienda controlará los programas informáticos de contabilidad b. Sin embargo la Ley impide a Hacienda controlar la contabilidad de las empresas.

Dentro de las medidas que Hacienda se está planteando para la lucha contra el fraude podría prepararse una ofensiva contra las empresas de comercio electrónico. El gran incremento del sector parece ser motivo suficiente para que los inspectores de la Agencia Tributaria empiecen a revisar las actividades de muchas de las empresas que realizan su actividad en internet para intentar detectar situaciones fraudulentas.

Los puntos de acción principales serían la ocultación de ventas, aprovechando medios de pago no regulados, y la simulación de actividades en paises de tributación reducida.