El pequeño comercio renuncia a la política de puertas cerradas para fomentar el ahorro energético

El pequeño comercio renuncia a la política de puertas cerradas para fomentar el ahorro energético
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Se acabó la moratoria y este mes ya los comercios y locales a pie de calle deberían tener implantadas las medidas de eficiencia energética que pasan por tener las puertas cerradas. Para muchos negocios significa una inversión muy importante o tener que enfrentarse a una multa en caso de inspección. Y mayoritariamente eligen lo segundo.

Al menos así se desprende de los datos que aporta la Confederación Española del Comercio, (PDF) solo un 10% de los comercios del territorio nacional han podido adaptar sus locales para cumplir con la ley. Algo por otra parte previsible, ya que contaba con fuerte oposición del sector.

Los motivos del incumplimiento de la política de puertas cerradas

Muchos pueden pensar que esto ahora no tiene importancia, pero en un mes, cuando bajen un poco más las temperaturas ya no hablamos de aire acondicionado, sino de bomba de calor o persianas de calor para mantener un ambiente agradable dentro de los locales. Y esto supone con puertas abiertas un alto consumo eléctrico.

Pero, si beneficia a los locales al ahorrar energía ¿por qué muchos se niegan a poner puertas? Son varios los motivos. El primero, el plazo para su adecuación es muy corto. Se estima que son entre 100.000 y 120.000 el número de comercios que tienen que hacer cambios. Y para muchos la adaptación supone un coste que no tienen claro que vayan a rentabilizar con ahorro de energía.

Más importante es la barrera que supone para el cliente y el temor a que su facturación disminuya por no tener las puertas siempre abiertas haciendo del negocio una prolongación de la propia calle.

Por último, no se puede despreciar la sensación de medida transitoria. Porque lo que comenzó como un decreto ley va a ser tramitado al final como proyecto de ley por lo que se presentarán enmiendas e introducir cambios. Hacer una inversión sin la debida seguridad jurídica no le apetece a nadie.

Las sanciones que pueden ser importantes, entre 60.000 y 100 millones, tienen que ser inspeccionadas, abrir un acta y emitir la sanción en firme. Y la administración hoy por hoy no tiene medios suficientes para controlar esta cuestión. A esto hay que sumarle que las ayudas prometidas de momento ni están disponibles ni se las espera a corto plazo.

Con este escenario, lo cierto es que que el 10% de los negocios ya se haya adaptado casi supone una buena cifra. Más fácil es cumplir con otras cuestiones como la temperatura de confort a 27º que es más una cuestión de voluntad que de inversión.

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