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El próximo 1 de julio se pondrá en funcionamiento el nuevo Sistema de Información Inmediata (SII) del IVA, a través del cual cerca de 62.000 empresas españolas con una facturación superior a los seis millones de euros, además de aquellas inscritas en el Régimen de Devolución Mensual (REDEME) y todas las empresas que así lo deseen, deberán presentar sus facturas en tiempo real a la Agencia Tributaria.

El incumplimiento de estas obligaciones conlleva sanciones, reguladas en el artículo 200.3 de la Ley General Tributaria, entre un mínimo de 300 y un máximo de 6.000 euros por factura. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, y no sancionará de inicio los posibles errores que se puedan producir como consecuencia de la utilización de este nuevo sistema.

Una vez cerrado el IVA con el registro de todas las facturas del ejercicio anterior y la presentación de la última liquidación del año y el resumen anual, la presentación del modelo 347, llama a la puerta de los departamentos de administración de las empresas, ya que desde el día 1 de febrero y hasta finales de mes las empresas deben de presentar la declaración de operaciones con terceros o modelo 347.

En caso de que la Administración Tributaria sancione a un contribuyente y éste presente un recurso contra la misma es motivo para suspender la ejecución de la deuda aunque el recurso se haya presentado fuera de plazo y no se hayan presentado garantías. La Administración deberá esperar a que se decida sobre el recurso para hacer efectivo el cobro.

Sobre este tema se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central en un fallo del 29 de mayo de 2014 y que establece que la suspensión de la ejecución debe realizarse desde el mismo momento en que se presente el recurso, sin necesidad de que medie una solicitud del contribuyente.

El esperpento de la Agencia Tributaria y la obligación de presentar la gran mayoría de las declaraciones por vía telemática alcanza un nuevo grado. Tras la polémica generada en los últimos días con la presentación del modelo 390, fuentes del Ministerio y de la Agencia Tributaria indican que se perdonará la sanción a los autónomos que no hayan presentado dicha declaración en el plazo correspondiente.

Parece ser que "las dificultades que implica enfrentarse a un sistema nuevo nos llevan a una posición flexible y comprensiva" y por ello no se sancionará a los que no hayan cumplido la obligación de presentación.

Tener un empleado sin contrato es algo sumamente arriesgado, algo de sobras sabido por todas las empresas. El objetivo principal de los que acuden a este procedimiento es ahorrar costes laborales. Un trabajador sin contrato no genera, en teoría, ninguna obligación y presenta la ventaja de no suponer costes de Seguridad Social. Sin embargo, esto no siempre es así.

Tanto el trabajador como cualquier otra persona conocedora de la situación, puede poner el hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo. Esto causará posiblemente que un inspector se persone en la empresa, incluso sin darse a conocer, en ocasiones diferentes, para indagar sobre la veracidad de la denuncia.

El impago de cuotas a la Seguridad Social es una circunstancia que afecta a numerosas empresas que atraviesan dificultades de financiación. Cuando existen problemas de liquidez, el retraso en las obligaciones con la Administración suele verse como la primera opción, antes que incumplir pagos a proveedores, puesto que esto último puede causar serios problemas a las relaciones comerciales.

El incumplimiento del abono de cuotas en el plazo establecido conlleva un recargo del 20%, que puede incrementarse en intereses de demora, si la reclamación entra en periodo ejecutivo, y derivar en embargo de cuentas y bienes si no se liquida la deuda. La acumulación de impagos de los seguros sociales de los trabajadores suele dar origen a actuaciones inspectoras que pueden descubrir infracciones más graves por parte de la empresa.

Sancionar a un trabajador es un hecho que suele darse en las empresas que cuentan con una plantilla media de empleados. Muchas veces el trabajador es amonestado por faltas evidentes como puede ser la impuntualidad, pero en otras ocasiones la empresa impone una sanción basada en motivos más difíciles de probar. Sería el caso de la disminución en el rendimiento o la falta de calidad en la labor realizada.

La legislación asiste al empresario para demandar de su plantilla lo que es exigible por contrato, pero eso no significa que se puedan imponer sanciones que no estén debidamente fundadas y acreditadas.

La coyuntura económica actual, acompañada de las últimas medidas llevadas a cabo por el Gobierno en lo que a subidas de impuestos se refiere, hace que muchos establecimientos tengan que agudizar el ingenio para poder sobrevivir o, al menos, mantener sus márgenes.

Y esto es precisamente lo que ha debido pensar un teatro en la localidad gerundense de Bescanó, que ha decidido vender zanahorias y regalar la entrada del espectáculo con cada compra, para, de esta manera, eludir el pago del IVA de espectáculos (21%) aplicando el IVA superreducido de los bienes de primera necesidad, con el objetivo abaratar el precio de las entradas. Una idea que no es nueva pero en verdad es bastante ingeniosa.

Otra novedad que nos presenta la Ley 7/12 es la relativa a la responsabilidad subsidiaria de los administradores con respecto a la deuda tributaria originada por la falta de ingreso de retenciones que deban practicarse a trabajadores, profesionales u otros empresarios o por no repercutir los tributos que sean preceptivos.

Para poder atribuir esta responsabilidad es necesario que se presenten autoliquidaciones sin ingreso por esos conceptos de forma reiterada y que pueda acreditarse que no existe intención real de cumplir con la obligación tributaria objeto de autoliquidación. Se entenderá que existe reiteración cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea.

La Ley 7/2012 incluye la disposición adicional decimoctava que regula la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Todos los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria determinada información sobre sus posesiones fuera de nuestras fronteras.

La obligación incluye informar sobre cuentas bancarias, títulos o valores e inmuebles que estén situados en otros países, independientemente de que tanto la adquisición como la tenencia de los mismos se esté declarando convenientemente en esos países.