Contratación

Tras su reunión de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de choque para promove el empleo estable y la recualificación profesional. Este tiene dos aspectos fundamentales, el primero es el impulso de la contratación a tiempo parcial de jóvenes y personas desempleadas de larga duración, para lo que se aplicarán una serie de reducciones de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social durante doce meses. El otro punto básico es el pago de una ayuda de 400 euros para aquellas personas que, a partir del 16 de febrero, agoten su protección por desempleo, esta ayuda estará vinculada a la realización de acciones de orientación y formación.

Este plan pretende ayudar a las empresas a adelantar políticas de contratación de trabajadores, fundamentalmente jóvenes y parados de larga duración; apoyar económicamente a las personas que agoten su protección por desempleo mientras mejoran su empleabilidad; ayudar a las personas desempleadas en la búsqueda activa de empleo e incrementar las posibilidades de formación de las personas desempleadas para mejorar sus oportunidades de reingreso en el mercado de trabajo.

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Según ha comentado el Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, las empresas que hayan realizado alguna redución de plantilla en los últimos seis meses no podrán beneficiarse de las bonificaciones por contratación que se incluirán en el plan de choque contra el desempleo que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros.

Además, el Ministro también ha dicho que dentro de este plan también se exigirá que las empresas tengan que mantener o incrementar el empleo una vez que se beneficien de esta bonificación,

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En el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el viernes, el Gobierno aprobará la reforma de las políticas activas de empleo, según lo acordado con empresarios y sindicatos. En esta reforma se incluirá el plan de “formación y renta” para desempleados, que viene a sustituir a los 426 euros de ayuda que actualmente reciben los parados que han dejado de recibir la prestación; un plan de choque para facilitar la contratación a tiempo parcial y un servicio de “atención personalizada” a los parados que buscan empleo.

El Presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a los empresarios para que, a partir de esas reformas, “contribuyan a generar la expectativa de un cambio de tendencia” en la creación de empleo, cambio que, según su opinión, se va a conseguir, aunque sea lentamente.

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El Gobierno, la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT han llegado a un acuerdo para firmar un pacto social que contiene medidas sobre las pensiones, la negociación colectiva y políticas activas de empleo, sobre todo para la contratación de jóvenes.

Si bien todavía no se ha de ratificado el contenido, éste contiene un plan de choque a corto plazo que incentive la contratación tanto de menores de 30 años que se encuentren en paro como de desempleados de larga duración. Estos incentivos consisten en una rebaja fiscal a las empresas que contraten este tipo de trabajadores.

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El Ministerio de Trabajo ha enviado a las comunidades autónomas una propuesta de reforma de las políticas activas de empleo. Este documento será discutido el próximo lunes en la conferencia sectorial de Empleo. Una de las medidas es la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial para jóvenes menores de 30 años o personas en desempleo de larga duración (inscritas en las oficinas de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a su contratación).

El programa de incentivos a la contratación tendrá una duración de seis meses, y a través del mismo se beneficiará a las empresas que contraten a tiempo parcial a las personas que forman parte de estos colectivos y que estén inscritas como desempleadas desde el 1 de enero de 2011 ininterrumpidamente. Los contratos podrán ser indefinidos o temporales de al menos seis meses de duración y serán como mínimo de media jornada.

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Puede parecer una perogrullada pero, basándome en un caso real, quiero hacer hincapié en cómo proceder en caso de prestar servicios como subcontrata y evitarse determinados problemas que pueden surgir más adelante. El caso es el siguiente, a una empresa (empresa A) la contratan para la prestación de un servicio para una empresa grande (empresa C), pero esa contratación se hacer por medio de otra empresa que tiene la subcontrata (empresa B).

El caso es que A presta el servicio a B y ésta es quien le paga, pero emitiendo la factura a nombre de C. Eso ocurre en un par de ocasiones y no hay ningún problema y, como hay cierta confianza no se formaliza por escrito ningún contrato. El caso es que llega un momento en que se solicita un nuevo servicio, se procede de igual manera pero A emite la factura y B no le paga. Llegado a este punto, A se pone en contacto con C que dice que no tiene constancia de ningún servicio prestado ni de las facturas anteriormente emitidas.

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Respecto a los contratos formativos se han dicho y hecho muchas cosas, no siempre adecuadas para el tipo de contrato del que estamos hablando. La reforma del mercado de trabajo (PDF) ha modificado algunos aspectos de esta fórmula de contratación (artículo 11 y siguientes), por lo que vamos a repasar los 5 puntos o preguntas principales.

En mi vida laboral he visto a trabajadores con contrato para la formación a los que no se les respeta el tiempo de formación teórica que se incluye en su jornada laboral, otros a los que se le extiende su jornada como a un empleado “normal”, etc, etc… es decir, aunque la normativa está ahí no siempre se utiliza esta contratación bajo la fórmula original sino como una manera de contar con mano de obra barata, sobretodo con la situación actual. Como refresco quiero exponer los puntos que no debemos olvidar respecto a estos importantes contratos.

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La crisis de las puntocom (a principios del 2000) tuvo una incidencia masiva sobre profesiones de alta cualificación y se recuerda como la crisis de los universitarios. Años después surge la crisis inmobiliaria – financiera a nivel global y a quien ha sacudido con mayor virulencia ha sido a aquellos perfiles de menos cualificación.

Uno de los efectos de la crisis se está notando en las retribuciones y en la consiguiente brecha salarial. En un artículo que publicó Cinco Dias hace unos días presentaba los resultados del informe “El impacto de la formación en las retribuciones de 2010” de la consultora de selección de directivos ICSA, un titulado universitario puede llegar a ganar un 58% más que el resto de asalariados.

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Hemos hablado en ocasiones pasadas de los problemas que surgen a la hora de solicitar los ceritificados de estar al corriente de pago con Hacienda, ahora vamos a tratar quién tiene obligación de presentarlos y quién debe requerir a su proveedor dichos documentos. Este es una cuestión que nos consultan con relativa frecuencia, si bien la normativa está muy clara.

Por regla general, y según el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria, se establece que las personas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, serán responsables subsidiarios de la deuda derivada de las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

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