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Si ofreces WiFi gratis, estate tranquilo; no eres responsable de posibles infracciones de derechos de autor

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Si ofreces WiFi gratis, estate tranquilo; no eres responsable de posibles infracciones de derechos de autor

Los propietarios de los locales que ofrezcan WiFi gratis a sus clientes no son responsables de las posibles violaciones que se produzcan sobre los derechos de autor. Esto es al menos lo que se desprende de una sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE, que exime de responsabilidad en el uso que los usuarios hagan del WiFi que ofrecen los establecimientos, incluso si descargan de manera ilegal contenidos con derechos de autor protegidos.

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El Tribunal Constitucional avala el periodo de prueba de un año

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El Tribunal Constitucional avala el periodo de prueba de un año

Tenemos un nuevo lío montado. El Tribunal Constitucional acaba de desestimar un recurso que planteó en su día el Parlamento de Navarra y que intentaba anular la medida que permitía, a través del contrato de apoyo a los emprendedores, que el periodo de prueba de este tipo de contratos pudiera extenderse hasta un año y que las empresas puedieran rescindir la relación laboral durante este tiempo sin necesidad de preaviso y sin indemnización alguna.

Ya ha habido varias sentencias que anulaban esta posibilidad y que se basaban en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa de la UE al respecto. Sin embargo ahora nos encontramos con este fallo que avalaría la medida.

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Nuevo palo judicial a Hacienda: es el contribuyente quien establece si un gasto es deducible

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Nuevo palo judicial a Hacienda: es el contribuyente quien establece si un gasto es deducible

Todos los que nos hemos tenido que enfrentar a un procedimiento de revisión o de inspección por parte de la Agencia Tributaria sabemos que el criterio de Hacienda a la hora de estimar cuándo es deducible o no un determinado gasto suele ser, a veces, excesivamente riguroso (o incluso arbitrario). La interpretación que la Administración hace sobre este tema queda en entredicho en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que carga contra el criterio que siempre perjudica al contribuyente.

La norma establece que son deducibles los gastos necesarios para la actividad a desarrollar y que tengan una clara correlación con los ingresos obtenidos por la empresas. A partir de esta premisa podemos empezar a interpretar si los gastos declarados cumplen o no con estos requisitos y llegados a un punto podremos discutir con la Administración Tributaria cuando hay disparidad de opiniones. Generalmente la Administración establece que es el contribuyente quien debe acreditar que se cumplen esas premisas, sin embargo esta sentencia no admite este criterio.

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Recurrir una sanción, aunque sea fuera de plazo, suspende la ejecución de su cobro

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Recurrir una sanción, aunque sea fuera de plazo, suspende la ejecución de su cobro

En caso de que la Administración Tributaria sancione a un contribuyente y éste presente un recurso contra la misma es motivo para suspender la ejecución de la deuda aunque el recurso se haya presentado fuera de plazo y no se hayan presentado garantías. La Administración deberá esperar a que se decida sobre el recurso para hacer efectivo el cobro.

Sobre este tema se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central en un fallo del 29 de mayo de 2014 y que establece que la suspensión de la ejecución debe realizarse desde el mismo momento en que se presente el recurso, sin necesidad de que medie una solicitud del contribuyente.

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La readmisión de un trabajador despedido sólo es válida si se realiza en las mismas condiciones laborales

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La readmisión de un trabajador despedido sólo es válida si se realiza en las mismas condiciones laborales

Una sentencia del Tribunal Supremo de finales del pasado año 2013 establece que la readmisión de un trabajador despedido sólo es válida si se produce en las mismas condiciones en las que estaba el trabajador antes del despido.

Las empresas, ante un despido declarado improcedente por un Tribunal de lo Social pueden optar por pagar al trabajador la indemnización que dicho Tribunal establezca o bien readmitir al trabajador y restablecerle su puesto de trabajo. En caso de elegir esta última vía la reincorporación del trabajador sólo es válida si se realiza en las condiciones anteriores al despido.

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Sentencia contra Hacienda por abrir una inspección tras una comprobación fiscal ya finalizada

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Sentencia contra Hacienda por abrir una inspección tras una comprobación fiscal ya finalizada

La Audiencia Nacional vuelve a fallar en contra de los procedimientos de Hacienda. En este caso se trata de una sentencia en la que desestima la posibilidad de abrir una inspección tras un procedimiento de comprobación finalizado anteriormente.

En este caso Hacienda realizó el procedimiento de inspección a una empresa, éste se cerró sin que se pudiera demostrar responsabilidad alguna por parte de ésta pero poco después se abrió un procedimiento de inspección sobre los mismos hechos antes investigados.

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La protección laboral de la mujer embarazada no tiene por qué extenderse al periodo de prueba de su contrato

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La protección laboral de la mujer embarazada no tiene por qué extenderse al periodo de prueba de su contrato

Polémica sentencia del Tribunal Constitucional (PDF) que indica que la protección laboral de la mujer embarazada no tiene por qué extenderse al periodo de prueba de su contrato, como ocurre en el resto de situaciones de despido.

En todos los casos la Ley decreta nulo el despido de una mujer embarazada, independientemente de que la empresa pueda justificar la medida e, incluso, aunque desconozca el estado de la trabajadora en el momento en que pretenda extinguir el contrato.

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La sentencia POVISA: lo que el Gobierno te da, la Juticia te lo quita

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La sentencia POVISA: lo que el Gobierno te da, la Juticia te lo quita

Como era de esperar la aplicación de la Reforma Laboral ha elevado la conflictividad en las relaciones laborales. Este no es el primer caso, y por lo que se ve tampoco será el último, y el deseo del Gobierno de acabar con la ultractividad de los convenios está chocando con la interpretanción de los jueces y la sentencia POVISA es un nuevo ejemplo de como en el tema de la ultractividad lo que el Gobierno intentó dar a las empresas ahora la Justicia se lo quita.

Los trabajadores de POVISA denunciaron a la empresa, que gestiona el hospital más importante de Vigo, ya que ésta, aplicando la reforma laboral, dejó sin efecto el convenio de la empresa, ya vencido, para aplicar el sectorial de la provincia. Ahora la justicia ha dado la razón a los trabajadores.

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La prescripción de la reclamación al trabajador de las retenciones mal practicadas

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La prescripción de la reclamación al trabajador de las retenciones mal practicadas

En su momento ya comentamos en qué casos la empresa puede reclamar al trabajador el pago de las retenciones del IRPF mal practicadas y que la empresa se haya visto obligada a ingresar en Hacienda. Otra cuestión que se plantea es ¿cuándo prescribe el derecho de la empresa a reclamar esas cantidades?

Hablamos siempre de que en su momento la empresa no haya practicado correctamente las retenciones al trabajador y posteriormente Hacienda le haya reclamado a la empresa el ingreso complementario de esas retenciones no practicadas. La empresa puede reclamar al trabajador el abono de esas retenciones siempre que lo haga por vía judicial o bien previo acuerdo entre las partes, pero ¿a partir de qué momento empezaría a contar el plazo para una posible prescripción de esa reclamación?

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La limitación de la ultractividad ya tiene la primera sentencia

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La limitación de la ultractividad ya tiene la primera sentencia

Ya habíamos avisado que la última palabra sobre el final de la ultractividad la iban a dar los jueces, pues ya tenemos la primera sentencia al respecto. La sala de lo social de la Audiencia Nacional pone coto a la caducidad de los convenios una vez pasado el plazo de un año de negociación para la firma del nuevo acuerdo.

Según el fallo, las condiciones laborales establecidas en los convenios anteriores a la reforma laboral mantendrán su vigencia, si las partes firmantes lo hubieran acordado, hasta la firma del nuevo acuerdo, independientemente de que la propia reforma indicara que el periodo de ultractividad se limitaría sólo a un año.

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