Cualquier empresa o autónomo puede recibir la visita de un inspector de trabajo, que se presentará en tu oficina con o sin aviso previo.
La visita de un inspector no significa que exista una denuncia en tu contra, simplemente realizan visitas de control para comprobar que todo está en regla.
Resulta más que evidente que España deja de ser, cada vez más, un lugar en el que se favorezca la actividad empresarial. Las recientes subidas de las cotizaciones sociales, la supuesta rebaja de impuestos que sólo es de boquilla porque esconde un incremento de las cuotas a pagar por la mayoría de contribuyentes, la enorma inseguridad jurídica que hace que haya que pelear en los tribunales (previo pago de las tasas judiciales) los cada vez más habituales "extraños" criterios de la Administración en cuanto a la interpretación de las leyes, etc. Pués ésto todavía puede ser peor si se apueba la reforma de la Ley General Tributaria que plantea el Gobierno y que implica que, en principio, todos somos defraudadores, mientras no se demuestre lo contrario.
Si leéis el post que ha publicado Remo en El Blog Salmón podéis haceros una idea de por donde van a ir los tiros. Lógicamente estas medidas no están aprobadas pero el "espíritu" del anteproyecto va claramente en contra de establecer un terreno favorable para el establecimiento y desarrollo de las iniciativas empresariales y destaca por la eterna desconfianza hacia éstas y el enfermizo afán recaudador de quien lejos de intentar aumentar los ingresos del Estado favoreciendo la actividad económica se esmera en exprimir a todos los que se encuentran por el camino.
En los últimos años se están conociendo nuevos casos de fraude fiscal y a la seguridad, una noticia que se ha ido convirtiendo en un titular habitual, y que desgraciadamente caracteriza a nuestro país como uno de los más corruptos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo).
En concreto, y en lo que respecta al fraude a la Seguridad Social, está alcanzando unas cotas más preocupantes, que tras casos como el que se acaba de conocer como el de las 752 personas investigadas en una operación contra empresas 'ficticias', hace mucho daño a la amplia mayoría de nuestro tejido empresarial, que a pesar de atravesar una coyuntura de dificultades, afrontan sus obligaciones tributarias y legales.
Es muy habitual que durante un procedimiento de revisión o inspección abierto por la Agencia Tributaria, éste centre una parte de sus esfuerzos es determinar si los gastos deducibles están bien aplicados o no y para ello soliciten toda la información necesaria al contribuyente. Sin embargo no es obligatorio presentar el desglose de llamadas de las facturas telefónicas aunque Hacienda lo requiera.
Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional determina que la exigencia de información relativa a las llamadas realizadas (el momento de su realización, destinatario, duración, etc.) vulnera el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones y sólo pueden solicitarse por orden judicial.
La denuncia Tributaria es un procedimiento que genera cierta reticencia ante la posibilidad de que el denunciado pueda saber de quién parte y tomar algún tipo de represalia. La Agencia Tributaria, a fin de incrementar su recaudación, intenta acercar el procedimiento al ciudadano a través de la denuncia electrónica.
El procedimiento es muy sencillo, aunque no anónimo. En la página de la aeat hay una pestaña donde podemos pinchar para realizar el trámite por vía telemática.
Desde el momento en que se decidió aprobar la amnistía fiscal desde aquí manifesté mi desacuerdo con la medida. Los términos en los que se planteó la medida eran para casi todo el mundo muy perjudiciales pero eso no justifica que ahora la presión social derivada de determinados acontecimientos políticos haga que el Ministerio de Hacienda deba cambiar las reglas del juego y pueda modificar las condiciones de ese proceso de regularización.
Lo que la medida establecía era cierta impunidad para los que se acogieran a la misma en el sentido de que la medida no se utilizaría para realizar procedimientos de inspección posteriores, salvo la mera comprobación de los datos que en ella se indican.
Un sentencia (PDF) de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional delimita la interrupción del plazo de inspección fiscal a los casos en los que la Agencia Tributaria no pueda continuar con el procedimiento hasta que el inspeccionado aporte la documentación solicitada.
Por tanto no bastaría la simple solicitud de información para paralizar el plazo en el que debe realizarse la inspección, doce meses ampliable a otros doce si concurren determinadas circunstancias, pudiendo descontarse de ese plazo las dilaciones imputables al contribuyente y las interrupciones justificadas que se determinen reglamentariamente.
La semana pasada leí una carta que una recaudadora de impuestos envió al blog de Ignacio Escolar. En esa carta se queja amargamente del fraude fiscal sistemático que autónomos y micro-pymes llevan a cabo. Hace especial mención al sistema de módulos y denuncia, explicitamente, al colectivo de taxistas.
Sin ánimo de polemizar, teniendo en cuenta que estoy de acuerdo en que el sistema de módulos es un auténtico desastre y que no voy a ser tan ingenuo como para negar que hay economía sumergida en muchas actividades que autónomos y pymes realizan, si me gustaría resaltar que me indigna el calificativo de sistemático y el afán que últimamente se pone en destacar a este colectivo como instigador y asíduo beneficiario de las prácticas “en negro”.
Se acaba de aprobar, por parte del Consejo de Ministros, el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido. Esta medida estará en vigor hasta el 31 de julio de 2011 e incluye medidas extraordinarias que pretenden el afloramiento del trabajo no declarado, entre las que se incluyen el endurecimiento de las sanciones y el aumento del control de estas situaciones por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Según el Gobierno el Plan pretende combatir los efectos negativos que tiene el mercado del empleo sumergido o no declarado y la competencia desleal que se genera en estos casos y que perjudica a la mayoría de las empresas españolas que actúan legalmente. Además del entorpecimiento de las posibilidades de recuperación económica y de logro de los objetivos nacionales de reducción del déficit público que supone la economía sumergida.
El Ministro de Trabajo ha anunciado que la inspección de trabajo hará un especial control para detectar los falsos autónomos en las empresas. Los falsos autónomos son aquellos trabajadores que cotizan en el RETA como trabajadores por cuenta propia cuando en realidad el trabajo que realizan se lleva a cabo bajo los parámetros de una relación laboral normal, por lo que deberían cotizar en el Régimen General.
Esto beneficia a las empresas desde el punto de vista de que la cotización a través del RETA es más barata que la del Régimen General, lo que provoca una menor recaudación de la Seguridad Social por esas cotizaciones. Ante la situación económica y la necesidad de que el Estado no sufra una merma en sus ingresos se va a investigar y perseguir este tipo de actuaciones.