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Desde hace algún tiempo, España tiene un grave problema con la generación de puestos de trabajo. Si hace pocos años teníamos el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro, ahora nos hemos convertido en el tercer país de la UE con más trabajadores en riesgo de pobreza y exclusión social.

Así se desprende, al menos, de** los datos ofrecidos por la oficina europea de Eurostat y consultados por Servimedia** y los ofrecidos también por el INE, donde se afirma que España, con un 13,1 % de trabajadores en riesgo de pobreza, ocupa la tercera posición de entre todos los países de la Unión Europea, solo superados por Rumanía (18,9%) y Grecia (14,1%). Hay que recordar que este umbral se fija como el 60 por ciento de la mediana de los ingresos disponibles anuales de las personas. En España, este límite es de 8.209 € por persona en 2016 y de 17.238 € en un hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años.

Según explicó Eurostat, este riesgo de pobreza está condicionando por el tipo de contrato. Esta lacra se ceba mucho más sobre los trabajadores que tienen un contrato temporal (15,8%) que sobre aquellos trabajadores que tienen un contrato indefinido (7,8%), una realidad que también se aprecia en el resto de la UE.

Sin embargo, quienes más sufren el riesgo de pobreza son los parados. Más de la mitad de los trabajadores que se encuentran en esta situación viven con muchas dificultades para llegar a fin de mes. Y no debemos olvidar a los parados, protagonistas de estos últimos meses, que también sufren en sus carnes la realidad de la pobreza en España.

En Pymes y Autónomos | Solo Rumanía nos supera en autónomos jóvenes en riesgo de la pobreza, a pesar del fomento del emprendimiento

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La Ley de Contratos del Sector Público aprobada en noviembre de 2017 entra en vigor el próximo día 9 de marzo. El objetivo de la misma es hacer la contratación pública más transparente en todas sus fases. La ley establece como criterio de adjudicación la mejor relación entre calidad precio y es una oportunidad para las pymes a este tipo de contratos donde en muchas ocasiones han declinado participar por diferentes motivos.

Uno de los aspectos que todavía quedan en suspenso es la obligación de las empresas de inscribirse en un registro de licitadores, que entrará en vigor en septiembre. Para fomentar la competencia se han eliminado diferentes trabas que las pymes tenían para acceder a este tipo de contratos que suponen un 20% del PIB.

La figura del becario siempre ha sido muy controvertida en las empresas. Se trata de una solución para facilitar el aprendizaje y ganar experiencia en un puesto de trabajo de manera que mejore las posibilidades de empleo por parte de dicho becario para un puesto similar en la empresa donde desarrolla su labor o en otra a medio plazo. Inicialmente estaba destinada a los más jóvenes, pero la CEOE ha pensado que el saber no ocupa lugar y lo ideal es que para ser becario no importe la edad.

Puede que no les falte razón. Entrar a trabajar como becario puede ser una oportunidad para los trabajadores de mayor edad que quieren cambiar de sector. Pero la realidad del asunto es otro, ya que en muchas ocasiones el contrato de formación lo que significa es un empleo más precario, no como una solución para contar con personal más cualificado.

Cuando llega la época estival lo más recurrente es echar un vistazo a la cantidad de contratos que provienen de la hostelería. El turismo da un respiro a los desempleados, pero de un tiempo a esta parte la precariedad laboral despunta en otros sectores.

Llegar a los 10 contratos en un mismo año se ha convertido en algo habitual, según denuncia UGT. Uno de cada cinco empleos dura menos de una semana en algunas provincias.

Si ponemos en el buscador de google “hacienda investiga”, podemos elegir entre cuentas de paypal, la Asamblea Nacional Catalana, los despidos, bodas, el uso de tarjetas de empresas del IBEX, a Casillas, la amnistía fiscal, etc.

El último Boletín Económico publicado por el Banco de España evidencia que durante el primer trimestre de 2014 tuvo lugar una recuperación de la actividad empresarial, al aumentar el resultado ordinario neto de las sociedades no financieras en un 7,7%, dato que contrasta con el que se produjo el año pasado, cuando este excedente se contrajo un 12,6%.

Sin embargo, el dinamismo que muestran los beneficios empresariales no tiene reflejo en el empleo, al menos en aquellas contrataciones que se realizan con carácter indefinido. El conjunto de los ocupados con contratos indefinidos se redujo en un 1,9% en el primer trimestre del año aunque repuntó levemente en el segundo (0,5%).

El Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto Ley de mejora de la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores, que introduce un nuevo marco sobre algunos aspectos relacionados con las relaciones laborales.

Según fuentes del Ejecutivo con éstas medidas se pretende dar un impulso a la modalidad de contratación a tiempo parcial como vía de inserción en el mercado de trabajo.

Una gran parte de las ventas y prestaciones de servicios se pactan de manera verbal. Legalmente un acuerdo verbal tiene la misma validez que uno por escrito, sin embargo es más prudente documentar las ventas y prestaciones de servicios para evitar problemas posteriores.

El único soporte documental que acredita la transacción suele ser la factura que se emite. Pero ¿qué pasa si después hay reclamaciones? ¿y si el cliente no está de acuerdo con el importe? ¿y si la factura no se paga y debemos acreditar la transacción a la hora de interponer una reclamación para el cobro?

Según podemos leer en El Economista, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno reducirá las modalidades de contrato desde los 41 existentes en la actualidad a tan solo cinco: el indefinido, el temporal, el de prácticas, el de formación y el de aprendizaje, desapareciendo contratos de trabajo tan habituales como el contrato por obra y servicio.

El objetivo de esta reducción es, según ha señalado Fátima Báñez, dar seguridad jurídica al trabajador y facilitar la contratación, manteniendo los objetivos de la contratación pero presentándolos de una forma más clara. El proyecto está bastante avanzado y cuenta con el apoyo de todos los agentes sociales implicados. Sin embargo, la simplificación en los contratos, aunque necesaria, no es suficiente para crear empleo.

Hace algo más de un mes, hablábamos del florecimiento de los contratos a tiempo parcial como salida ‘natural’, aunque peligrosa, de esta crisis en el mercado laboral. Y planteábamos una regla básica: a más medias jornadas, más inspección. Pero, ¿por qué resulta imprescindible? Para evitar casos como los que planteaba ayer El País, con jornadas de hasta doce horas por un sueldo de 500 euros.

Que el mercado laboral necesita medidas innovadoras para salir de un encefalograma plano evidente nadie lo pone en duda. Pero que la principal de éstas sea cubrir con trabajos a tiempo parcial (lo más parecido a los ínclitos ‘minijobs’ tan cacareados en Alemania) las necesidades normales de empleo de una empresa me parece desacertado y muy peligroso.