Después de unas semanas de pactos complicados, que permitieron el pasado mes de noviembre sacar adelante el impuesto extraordinario a la banca, es posible que el Gobierno español se enfrenta a un riesgo de suspensión.
Puede parecer sorprendente, pero desde Europa se ha notificado de un fallo clave en el procedimiento, el cual podría vulnerar la normativa europea: no consultar al Banco Central Europeo (BCE) antes de dar los primeros pasos, sino después.
¿Adiós, impuesto?
El impuesto a la banca salió adelante con pactos cruzados de izquierda y derecha. Primero, en el Congreso, donde fue votado el 21 de noviembre y, ahora, en su tramitación en el Senado, donde los partidos tienen que incorporar qué enmiendas se incorporan antes de este miércoles, 18 de diciembre. Sin embargo, el plazo de presentación de enmiendas quedó cerrado durante el mes de noviembre.
De este modo, desde Europa se señala que, ante cualquier normativa financiera, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, existe el requisito obligatorio de consultar al BCE. El porqué es simple: desde la UE, se espera que los estados miembros permitan al organismo emitir una opinión favorable o desfavorable antes de que las propuestas legislativas avancen.
En este caso, el Gobierno solicitó el informe tras la aprobación del texto en el Congreso y la realización de una primera votación. Por ello, aunque el Senado aún puede debatir enmiendas, los partidos no podrán incorporar cambios técnicos derivados del dictamen del BCE, que podría llegar fuera de plazo.
Precedentes del TJUE
Según Francisco de la Torre, expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, e inspector de Hacienda, para El Economista: es algo "sorprendente, puesto que la consulta debería haberse realizado desde el inicio del trámite parlamentario, dado que el impuesto estaba incluido en las previsiones enviadas a Bruselas." A su vez, el Banco Central Europeo ha ratificado que la petición se hizo tan pronto como se publicó el proyecto de ley, dentro de plazo y de acuerdo con el funcionamiento que se podía esperar.
Por lo tanto, el BCE considera como único responsable al Gobierno español (o el Parlamento). Si se confirma un incumplimiento, las instituciones europeas podrían iniciar un proceso de infracción contra España. Este primer paso abriría la puerta a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) suspenda o incluso anule la norma.
¿Resulta impensable? Lo cierto es que no. El mismo TJUE ya suspendió, en 2023, el tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos aprobado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En este caso, las razones fueron muy distintas, pues se calificó este apartado como ilegal y señaló que la legislación comunitaria se oponía a que la legislación nacional diera libertad a a las regiones para establecer tipos diferentes para un mismo producto y función, lo que obligó a devolver 6.500 millones de euros.
Qué puede ocurrir
Lo cierto es que no está claro. Por un lado, el BCE ha expresado con anterioridad su preocupación sobre el impacto de este tipo de impuestos en la estabilidad financiera.
La falta de precedentes ante procesos similares en la Unión Europea añade incertidumbre. Si bien el derecho comunitario reserva al BCE la capacidad de impulsar recursos de incumplimiento contra los estados miembros, sería la Comisión Europea quien debería liderar esta acción. Esto abre la posibilidad de una larga disputa legal que podría retrasar la aplicación del impuesto o exigir modificaciones significativas.
Esta es la principal razón por la que el Gobierno incluyó una deducción fiscal en el caso de que las entidades viesen reducida su rentabilidad. Además, se puede considerar que la posibilidad de que existan problemas técnicos en el diseño de esta tributación es más evidente ahora, debido a este fallo.
La anulación es posible
El impuesto a la banca, pensado para recaudar fondos en un contexto de ajuste fiscal, podría enfrentarse a un bloqueo si el BCE o el TJUE dictaminan que su tramitación vulneró las reglas de consulta europea. Según los expertos, esto podría llevar a procesos de anulación o suspensión del impuesto, así como pueden requerirse cambios significativos.
Aunque el proceso legislativo sigue avanzando, el informe del BCE —y la interpretación jurídica que se haga de los tiempos— será crucial para el futuro de esta medida. Por ahora, con la banca manteniendo la existencia de problemas de rentabilidad y algunos de los principales partidos llegando al Senado entre polémicas, este tema está en el aire.