La jubilación activa ha dejado de ser una opción marginal. Hoy, más de medio millón de autónomos compatibilizan el cobro de la pensión con su actividad profesional.
A primera vista, esto puede parecer una buena noticia: un sistema flexible que se adapta a las nuevas realidades del mercado laboral y que permite incluso adaptar los tiempos de jubilación. Sin embargo, detrás de este dato se esconden señales claras de alerta sobre la sostenibilidad del modelo actual de pensiones… y sobre la difícil jubilación que enfrentan muchos trabajadores por cuenta propia.
Cifras récord, impulsadas por la necesidad
Desde 2018, la jubilación activa se ha duplicado. Solo en el último año, el número de autónomos que compaginan pensión y trabajo ha crecido un 10 %, alcanzando ya al 10 % de todos los jubilados del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
El pasado abril, la reciente reforma facilitó todavía más el acceso, puesto que ya no es necesario acreditar una carrera de cotización completa y se han suavizado los requisitos para cobrar hasta el 100 % de la pensión si se contrata personal.
Los grandes cambios frente al planteamiento inicial del Ejecutivo son: eliminar la exigencia de una carrera de cotización completa (o sea, 38 años) frente a los 15 años cotizados que se piden ahora para poder optar a la jubilación activa y modificar los porcentajes de jubilación.
En algunos casos, las asociaciones de autónomos, como la UPTA, han apuntado que es un error. El caso más peliagudo: un autónomo con empleados que se jubilaba de forma activa percibía el 100 % de la prestación si tenía un trabajador a su cargo y un 50 % sin asalariados; hoy, debe alargar cinco años de cotización activa para poder alcanzar los mismos porcentajes.
No obstante, en lo que respecta a la jubilación activa existen numerosos supuestos que deben analizarse de forma pormenorizada e individual.
Estos cambios han dejado paso a muchos más profesionales que querían mantener o alargar su actividad laboral, pero también reflejan que para muchos autónomos dejar de trabajar no es una opción realista.
Flexibilidad laboral o precariedad encubierta
Buena parte de estos nuevos jubilados activos son hombres, profesionales cualificados y con rentas estables. No obstante, esta es solo una parte de la fotografía panorámica que tenemos delante.
En esta tesitura, también encontramos a autónomos con pensiones bajas tras años cotizando por la base mínima (la pensión de un autónomo, de media, es 600 euros inferior a la de un trabajador asalariado), que se ven forzados a seguir trabajando para llegar a fin de mes.
El sistema premia la prolongación de la vida laboral, ofreciendo porcentajes crecientes de pensión según se retrase la jubilación. No obstante, quienes optan por este modelo no siempre lo hacen por voluntad: muchas veces es la única forma de sostener un proyecto profesional o una economía doméstica frágil.
- Más del 40 % tiene una pensión inferior a 850 euros
- Sectores con alta edad media —como médicos, arquitectos o asesores— mantienen su actividad ante la falta de relevo generacional
- Las mujeres apenas representan un 5 % del total de acogidos a la jubilación activa, debido a trayectorias laborales más fragmentadas
De este modo, todo ello sugiere que el actual modelo no garantiza una jubilación estable siempre que la carrera profesional no haya ido en consonancia, en cuestiones de remuneración (y cotizaciones) y estabilidad.
Se busca: estabilidad
La mayoría de análisis están de acuerdo en que el aumento en las opciones de jubilación debe ser interpretado como una buena noticia: es una forma inteligente de aligerar la presión sobre el sistema público, se retiene talento, se cotiza durante más años y se evita una retirada brusca del mercado laboral.
Con un gran "pero", si miramos con más detalle, esto no es una "solución" a largo plazo, sino el síntoma de un problema que no encuentra respuesta efectiva: se pospone la jubilación real para reducir el gasto público inmediato y, sin embargo, no se combaten los problemas estructurales: desigualdad en las pensiones, baja cotización en el RETA, y una estructura fiscal que castiga a quienes más necesitan protección en la tercera edad.
Quizá el problema es cómo asegurar que todos los trabajadores, y los autónomos también, puedan jubilarse con dignidad, sin tener que “negociar” su pensión en función de su capacidad de seguir trabajando.
La jubilación activa puede ser una herramienta útil para muchos, pero no puede convertirse en la vía por defecto para compensar un sistema de pensiones que no garantiza seguridad cuando más se necesita.
Hoy, parece que las reglas del juego solo benefician a aquellos que puedan seguir jugando. Quizá sea momento de revisar el tablero; o sea, la estructura del sistema.