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El desmembramiento de un sistema insostenible: el Gobierno plantea retrasar un año la edad efectiva de jubilación

El desmembramiento de un sistema insostenible: el Gobierno plantea retrasar un año la edad efectiva de jubilación
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Hasta hace poco tiempo, nadie dudaba de la efectividad del sistema de reparto de la Seguridad Social. La economía crecía a velocidad de crucero, y parecía que todas las pensiones iban a estar garantizadas de por vida. Sin embargo, la crisis económica y el consecuente incremento de la tasa de desempleo y la masa salarial, unido a una población cada vez más envejecida, pusieron entredicho el sistema actual de pensiones, y muchos expertos comenzaron a dudar en que se fuesen a garantizar en el futuro.

Desde entonces, se han ido poniendo parches al sistema que lo único que han hecho es generar indignación entre la ciudadanía y postergar la solución a un problema estructural a generaciones venideras. La primera medida controvertida fue aumentar la edad de jubilación de manera progresiva, para después establecer una serie de restricciones y condicionantes tanto para acceder al 100% de la pensión como para su posterior revalorización.

Pero esto no ha sido más que el comienzo. Sin que hayamos llegado todavía a 2027, el Gobierno actual ya plantea retrasar todavía más la edad efectiva de jubilación con el fin de garantizar las pensiones. Así, al menos, lo trasladará el ministerio de trabajo a sindicatos y patronal la próxima semana en la mesa de diálogo social.

En 2018, la edad efectiva de jubilación (ojo, no confundir con la edad ordinaria), se situó en 62,7 años, frente a la ordinaria de 65 años . La AIReF prevé que la edad real de jubilación alcance en 2027 los 64,5 años, pero ve posible retrasarla con la puesta en marcha de una serie de medidas que no impliquen necesariamente un aumento de la edad legal.

Para ello, se pretende restringir las condiciones para acceder a la jubilación anticipada. El Gobierno es partidario de establecer una jubilación anticipada cofinanciada, como por ejemplo en la cotización de los agentes de la Policía Local, que sube un 10% y correrá en un 85% a cargo de los ayuntamientos.

Además, el Gobierno ve con buenos ojos la propuesta de la AIReF de que el período de cómputo se extienda desde los últimos 25 a los últimos 35, al considerar que no debería tener efectos negativos.

En cualquier caso, todas estas medidas solo dan a entender una cosa: el sistema público de pensiones se está desmembrando. El propio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, ya asumió hace unos pocos meses que el sistema de pensiones solo sería sostenible para los próximos diez años, y vio necesario la implementación de nuevas medidas para garantizar su viabilidad futura. Agárrense, que vienen curvas.

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