A la vuelta a su puesto de trabajo, tras una larga batalla legal que se remonta a principios de 2022, un trabajador gallego ha decidido volver a demandar a la empresa. Esta vez, por 637 euros en salarios pendientes.
Así informaba de ello La Voz de Galicia, sobre el caso de este oficial de primera en mantenimiento de planta y soldador, que trabajó entre 2019 y 2022 en una empresa de Carballo y fue despedido sin haber trascendido el porqué. El juzgado de lo Social de A Coruña ha declarado nulo el cese y ha obligado a readmitir al trabajador.
Doble demanda
El profesional obtuvo una doble confirmación de la invalidez de su despido, tanto por el juzgado de lo Social como, a posteriori, por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que obligó a la empresa a readmitirlo en su puesto de trabajo.
Tras el fallo, la compañía lo readmitió. No obstante, al ir a firmar el reingreso y pasar el reconocimiento médico, se le notificó que tenía que disfrutar de once días de vacaciones pendientes, como consecuencia del despido.
Tantas idas y venidas no debieron gustar a este empleado gallego, quien, nada más pisar la empresa, ha vuelto a presentar una demanda reclamando algo más de 600 euros que considera que se le adeudan de anteriores salarios.
De este modo, el trabajador demandó a la empresa por vía judicial sin pasar por la reclamación administrativa previa ante el SMAC de A Coruña. Mientras la empresa argumentaba haber actuado conforme al Estatuto de los Trabajadores, el empleado sostenía que los 637 euros eran parte de una deuda pendiente del contrato anterior, que sus superiores rompieron de forma unilateral junto al despido.
En este caso, el Juzgado de lo Social número 5 de A Coruña ha fallado a favor de la empresa, desestimando la demanda. La resolución judicial emitida detalla que la cantidad reclamada era inferior a los 3.000 euros que establece la ley para estos casos.
Cuestión de derechos
Esta situación plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales en el ámbito empresarial y hasta qué punto algunas compañías podrían utilizar estrategias para dificultar la reincorporación efectiva de sus empleados. Aunque la empresa no ha emitido declaraciones al respecto, este caso se suma a otros recientes en los que trabajadores han tenido que recurrir a la justicia para defender sus derechos.
Uno de los casos más mediáticos en los últimos meses ha sido el de una trabajadora de Mercadona, en Madrid, despedida tras haber consumido una cerveza durante su descanso. La empresa consideró que esta acción justificaba su cese, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró el despido improcedente al considerar que no afectaba su desempeño laboral.
El fallo puso sobre la mesa la cuestión del control empresarial sobre el comportamiento de los trabajadores fuera del horario estrictamente laboral. Así como los límites exigibles por las empresas: la Dana valenciana, fue (por desgracia) un triste ejemplo. Para los tribunales, en este caso, la sanción fue desproporcionada, lo que reabre el debate sobre la flexibilidad de las normativas internas de las compañías.
No obstante, es habitual que las firmas se escuden en la violación o la falta de confianza o ética profesional; sin embargo, a menudo los casos no son tan claros como el del trabajador del Banco Sabadell que accedió sin permiso a los datos bancarios de varios clientes y realizó retrocesiones de comisiones a favor de un amigo. En este caso, el Tribunal Supremo ratificó el despido, al considerar que el empleado había violado la confianza y la ética profesional de forma grave.
El caso de este trabajador gallego es una muestra más de los desafíos que enfrentan muchos empleados tras una readmisión forzada, lo que pone en cuestión hasta qué punto las empresas cumplen realmente con las resoluciones judiciales en materia laboral y dónde está el límite entre la confianza y su posible abuso.