Sergio Delgado
EditorEl Ministerio de Economía, Comercio y Empresa prepara una revisión de la normativa bancaria que pondrá bajo la lupa algunos de los gastos que tienen que soportar los autónomos cuando atraviesan problemas puntuales de liquidez.
Estos son, por ejemplo, descubiertos en cuenta, reclamaciones de deudas, determinados seguros asociados a préstamos y los créditos revolving. Todos ellos, forman parte de una reforma con la que el Gobierno quiere reforzar la protección de los clientes.
La iniciativa coincide, además, con la adaptación de la legislación española a la Directiva Europea 2023/2225 sobre créditos al consumo, pero Economía quiere aprovechar el proceso para ir más allá. Parte de las normas que serán revisadas acumulan más de una década de vigencia y alguna supera ya los 20 años.
Los gastos por quedarse en números rojos, bajo revisión
Uno de los principales asuntos serán los descubiertos tácitos. Se producen cuando el banco permite ejecutar un pago pese a que el cliente no dispone de saldo suficiente. Después pueden aparecer intereses y otros gastos asociados.
Para un autónomo esto necesariamente no implica atravesar una situación financiera grave. Basta con que tenga que afrontar el pago de impuestos, nóminas, proveedores o recibos antes de cobrar una factura para que durante unos días su cuenta entre en negativo.
El Tesoro plantea analizar los “posibles gastos abusivos por reclamación de posiciones deudoras”, según recoge la consulta pública. El objetivo será comprobar hasta qué punto la regulación vigente protege adecuadamente al cliente cuando la entidad reclama cantidades pendientes.
Economía considera que entregar documentación al usuario no resuelve por sí solo todos los problemas. La “protección efectiva de la clientela depende no solo de obligaciones de información aisladas”, argumenta el departamento al justificar los cambios.
Por ello, la futura regulación podría establecer criterios de comportamiento más exigentes para las entidades y mecanismos destinados a prevenir determinadas prácticas antes de que ocasionen un perjuicio económico.
Seguros vinculados y cambio de banco
El Ministerio también dirigirá su atención hacia las ventas vinculadas. Se trata de operaciones en las que la financiación aparece asociada a la contratación de productos adicionales.
Economía menciona expresamente “la exigencia de contratar un seguro específico junto con una hipoteca” como uno de los supuestos que merecen ser estudiados. Esta cuestión resulta especialmente relevante cuando el cliente financia durante muchos años un inmueble y los productos adicionales terminan modificando el desembolso total de la operación.
Otro frente será la movilidad bancaria. El Tesoro quiere conocer las dificultades existentes para trasladar determinados préstamos hipotecarios a otra entidad y pregunta por posibles “barreras informativas, económicas o comerciales”.
La intención es identificar obstáculos que puedan dificultar que un autónomo cambie de banco cuando encuentra unas condiciones financieras más ventajosas.
Más advertencias para los créditos revolving
La adaptación de la Directiva 2023/2225 tendrá especial incidencia sobre el crédito al consumo. Entre los productos que recibirán mayor atención aparecen los créditos revolving, caracterizados por permitir devolver el saldo dispuesto mediante cuotas periódicas.
El problema surge cuando una mensualidad reducida apenas amortiza capital. La deuda puede prolongarse y los intereses acumulados elevar sustancialmente la cantidad finalmente abonada.
Economía pretende reforzar las advertencias previas a la contratación para que el cliente comprenda mejor las consecuencias económicas del producto. La información deberá permitir conocer no solamente cuánto se paga cada mes, sino también el efecto que tiene esa cuota sobre la duración y el importe total de la deuda.
La reforma supondrá además modificar varias normas relevantes: la Orden ECO/734/2004 sobre atención al cliente, la Orden EHA/2899/2011 sobre transparencia bancaria y la Orden EHA/1718/2010 relativa a la publicidad de productos y servicios financieros.
Empleados mejor preparados y publicidad más clara
Las exigencias alcanzarán también a quienes comercializan los productos. Economía plantea que trabajadores de entidades e intermediarios de crédito tengan “conocimientos y competencias actualizados” y adecuados a la complejidad de la financiación ofrecida.
El propósito es reducir el riesgo de que una persona contrate productos cuyas condiciones no llegue a comprender. Los bancos deberán facilitar explicaciones más claras sobre características, riesgos y costes, además de adaptar el lenguaje financiero cuando resulte excesivamente técnico.
Imágenes | Miquel Parera, engin akyurt
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